Tiempos postmodernos

Paraísos alrededor de Guadalajara

Pasaporte

El matrimonio Pint, Susy y John, firmando los ejemplares de regalo para los lectores de EL INFORMADOR.

* Destinos de fin de semana


Apasionados por la naturaleza, John y Susy Pint comparten sus aventuras en un libro lleno de hazañas y consejos
GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2011).- Bajo el lema “Conoce lo tuyo”, la casa tequilera San Matías busca promover los destinos turísticos mexicanos, por esta razón, actualmente patrocina un libro lleno de historias, lugares asombrosos y un círculo mágico.

De la autoría de John y Susy Pint, un intrépido y aventurero matrimonio, Rutas y destinos de fin de semana, cerca de Guadalajara, busca invitar a los tapatíos a mirar lo que hay alrededor de ellos: “Paisajes asombrosos e irrepetibles”.

John no es un caso aislado, se trata de un norteamericano originario de Wisconsin que por cosas del destino conoció esta tierra y se enamoró profundamente no sólo de ella, sino de una mexicana: Susy.

Ya como pareja, los Pint comenzaron a visitar lugares cerca de Guadalajara. Los primeros recorridos los hicieron por el año de 1985, más de 10 años después John no podía creer que los hermosos destinos naturales no se agotaran.

Un día, mientras reflexionaba sobre el tema, se preguntó “¿cuándo voy a concluir con los lugares bonitos, porque parece que aquí no tienen final?”.
Motivado por descubrir la razón de la extensa biodiversidad cerca de la Perla Tapatía, y con el deseo de saber qué hace especial a esta zona, comenzó a leer e investigar en diferentes publicaciones. Después, para delimitar un área específica, trazó un círculo de 250 kilómetros de radio y puso como centro a Guadalajara. Lo que encontró lo dejó impresionado y más emocionado que nunca a seguir explorando.

“Toda la República Mexicana cuenta con cinco grandes ecosistemas, resulta que todos se juntan alrededor de Guadalajara, y es el único lugar en el país donde se reúnen de esta manera, con tan fácil acceso. Lo llamé el círculo mágico”, detalla John. La circunferencia es del mismo tamaño que Kansas, en Estados Unidos, pero el autor asegura que, sin embargo, recorrer ese estado norteamericano “resulta muy aburrido, pues kilómetro tras kilómetro, todo es igual”.

Además, John extendió su investigación a otras partes del mundo y asegura que hasta el momento, no ha encontrado otro sitio con la riqueza que el círculo mágico posee.

Infinidad de rutas que conectan con las principales ciudades, lagos, manantiales, formaciones rocosas impresionantes, zonas para hacer rápel, playas, bosques y montañas, son sólo un poco de lo que se puede encontrar en la circunferencia que los Pint describen en su libro, en el que no sólo cuentan parte de sus aventuras, sino que además adjuntan un mapa para llegar a cada uno de estos 40 destinos “majestuosos”, así como sugerencias, consejos y, sobre todo, anexan parte de su corazón enamorado de México.
Tomado de El Informador. Periódico de Guadalajara, Jalisco. CRÉDITOS:
Informador Redacción / AOC Mayo-15 03:01 hrs

Movimientos altermundistas y creación de un polo social y político alternativo en México

Según Immanuel Wallerstein creó el concepto movimiento antisitémico, en la década de los años setenta del siglo XX, para referirse a dos tipos de movimientos: uno es los llamados movimientos sociales y, el otro, es los movimientos nacionales.
Por su parte, los movimientos sociales contemporáneos que tratan de enfrentar y superar los efectos nocivos de la globalización capitalista neoliberal prefieren definirse como movimientos alterglobalización para evitar el concepto negativo de antisistémico o antiglobalización y, más aún, el concepto perverso atribuido a Ernesto Zedillo: globalifóbicos. El concepto altermundista hace referencia a la idea de que "Otro mundo es posible", concepto que tendría su origen en los trabajos del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre Brasil en el año de 2001. Estos movimientos se definen por su oposición a la globalización depredadora, y entre sus métodos de acción utilizan los recursos y métodos de la llamada globalización cultural.
Se trata de movimientos plurales, pues existe gran diversidad política e ideológica entre sus miembros. Esta característica excluye de inmediato cualquier simplificación relativa a una afiliación mecánica de los grupos que promueven medidas alternativas de algún aspecto de la amplia textura del sistema socioeconómico y sociopolítico con los grupos y partidos políticos de izquierda; pero cabe aclarar que los vincula la resistencia del sistema hegemónico a las alternativas y cambios que proponen. Por eso existe una vía natural -no transitable de manera obligatoria y necesaria- entre dichos agrupamientos y la conformación de un polo social y político de izquierda.
El altermundismo se compone de asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y redes ciudadanas, que agrupan a campesinos, estudiantes, sindicalistas, ecologistas, defensores de derechos humanos, pacifistas, y miembros de organizaciones políticas, entre otras muchas tendencias y orientaciones. Sus métodos de lucha van desde el envío de mensajes por internet hasta la acción directa contra los cuerpos policiacos que intentan “volverlos a la cordura”; también incluyen campañas de desobediencia civil de diferente tipo.
El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 es considerado como la primera protesta social contra los efectos nocivos de las políticas neoliberales de la globalización capitalista y, por ende, como el primer intento exitoso de resistencia al neoliberalismo. El efecto zapatista se inicia con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, con la cual el movimiento se da a conocer, y con la realización del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo. Los zapatistas realizaron en 1997 un segundo encuentro en el mismo sentido.
En tanto, el movimiento altermundista en Estados Unidos se vuelve visible tiempo después, durante la protesta social de Seattle en 1999. Cabe recordar cómo en la década de los años noventa la globalización era presentada con el lenguaje de los dueños del capital y la riqueza. Las protestas antiglobalización despojaron a esa política de su pretendida pureza y obligaron a algunos de sus beneficiarios a incluir en su lenguaje términos y propuestas que hacen alusión a los derechos laborales, a la protección del ambiente, a los derechos humanos, al combate a la pobreza y a una distribución más justa de la riqueza.
En México, los movimientos, organizaciones y personajes que han tomado posición en torno a la necesidad de modificar los efectos nocivos de las políticas privatizadoras y rapaces presentadas como públicas, son muy amplios y presentan una gran diversidad de matices, profundidad, consistencia y forma de organizarse. Aquí destacaremos solamente algunos ejemplos.
Desde que en los años setenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó su primera conferencia sobre Ambiente Humano este tema se puso en primer plano. El movimiento contra la construcción de la planta nuclear de Laguna Verde, Veracruz, en 1984 es tan solo uno de los primeros antecedentes; pero cabe destacar que desde esa década los ecologistas encuentran interlocutores en los medios de comunicación y participan en la Cumbre de la Tierra. Hoy los movimientos ambientalistas en el país tienen una gran diversidad, tanto en objetivos como en métodos de lucha. Referente a los objetivos, varían desde aquellos dirigidos a combatir la contaminación del aire, del agua, del suelo, la erosión, pasando por el manejo de residuos peligrosos y desechos sólidos de impacto ambiental; y prosiguiendo con el ordenamiento ecológico del territorio, el manejo de las áreas naturales protegidas (manglares, bosques, selvas, medio marino, protección de ríos y humedales); para continuar con una lista inconclusa, pero que incluye la defensa de especies amenazadas o en peligro de extinción, el cambio climático, las tecnologías contaminantes , las energías alternativas, la agricultura orgánica, y los productos y semillas transgénicas, entre otros muchos aspectos que distinguimos con un etcétera.
Los derechos humanos han generado una amplia variedad de movimientos, organizaciones y acciones personales, desde aquellas que proclaman el respeto a los derechos civiles y políticos (derechos de primera generación) hasta aquellas más profundas del humanismo radical que plantean como objetivo construir el sujeto humano y humanizar la vida. En este sentido, se plantea la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda generación) que en México ha dado lugar al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía. Para continuar con los derechos de solidaridad (de tercera generación), tales como: la lucha por la paz, la calidad de vida, el ambiente sano, garantías contra la manipulación genética, el uso de la ciencia y la tecnología; y seguir con la demanda de solución a los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; así como los derechos del consumidor, a la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.
La idea de un mundo único e indiferenciado, subyacente a las políticas globalizadoras del neoliberalismo capitalista, encuentra seria resistencia en quienes lo entienden como un mundo diverso en donde existen seres humanos también diversos. La Asamblea de Movimientos Sociales realizada en Dakar Senegal, durante el Foro Social Mundial 2011, llegó a una serie de acuerdos generales de los cuales destaco algunos de los relativos a la diversidad humana. La Asamblea se pronunció por el respeto a la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género, contra la homofobia y la violencia sexista, además de contra la violencia hacia la mujer. En México existe una gran diversidad de grupos de diverso signo y tendencia: de información sobre reproducción asistida; de servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva; de atención sicológica, sexológica y educativa para el crecimiento personal; de promoción al desarrollo de la juventud; de atención integral a la pareja; asociaciones de carácter civil como: Católicas por el Derecho a Decidir; de formación de liderazgos sociales para jóvenes de ambos sexos; de planeación familiar; sobre democracia y sexualidad; de salud integral para la mujer, de ejercicio libre de su sexualidad, de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y de combate al machismo que las afecta; de fortalecimiento de la cultura cívica (igualdad, libertad y privacidad); para tender puentes entre las mujeres y los congresistas; incluyendo el Fondo de Población de Naciones Unidas.
La solidaridad con los pueblos originarios encontró eco en las raíces profundas, pluriculturales y pluriétnicas del tejido social mexicano, patentizado en el amplio apoyo brindado al movimiento zapatista en particular -desde su nacimiento- e indígena en general. Aspecto sobre el cual no voy a extenderme.
La posibilidad de encontrar vasos comunicantes entre los movimientos altermundistas y la conformación de un polo social y político de izquierda en México se encuentra siempre abierta. Este es el caso del Movimiento de Unidad Social-Por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP) que agrupa a organizaciones indígenas, populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, de derechos humanos y cristianas; con presencia –según ellos mismos- en más de 700 municipios de las 32 entidades federativas del país. La historia de este movimiento –de acuerdo a sus protagonistas- dataría de décadas, proceso en el cual habrían acumulado experiencia en la lucha social y en labores de propaganda y organización de los sectores más pobres de nuestra patria. El MUSOC-GP es un movimiento popular y ciudadano que está organizando brigadas de activistas en todos los municipios y comunidades de las ocho regiones de Oaxaca; pero buscan trascender las fronteras estatales para sacar a la derecha del poder en México. En razón de ese objetivo el domingo 27 de marzo de 2011 firmaron un acuerdo con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
Por lo que respecta al Movimiento de Regeneración Nacional esta agrupación señala contar con 2 mil comités municipales integrados por 14 mil ciudadanos, haber formado 25 mil comités en igual número de secciones electorales del país, y se propone integrar un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales con que cuenta la República mexicana. En los 25 mil comités formados participan 100 mil ciudadanos, y cuando a fines de 2011 hayan integrado los 65 mil comités de sección electoral contarán con 250 mil dirigentes de base en todo el territorio nacional.
El Movimiento de Regeneración Nacional espera contar con 4 millones de Protagonistas del Cambio Verdadero (PCV), como denomina a los integrantes de base, al finalizar 2011. Su expectativa es que cada miembro reúna cinco familiares y amigos con lo que dispondría de una fuerza política integrada por 20 millones de personas. Señalan que diariamente se anotan 10 mil personas.
El éxito del Movimiento de Regeneración Nacional dependerá fundamentalmente de dos factores: el primero es que logre consolidar su organización interna y, el segundo, es que se logre vertebrar con el amplio, variado y heterogéneo movimiento social y altermundista del país.

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOLIBERAL

En el libro Proyecto: México Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de la socióloga norteamericana Sarah Babb, editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2003, se expone el proceso que conduce a la apertura comercial y, luego, generalizada de otros rubros de la economía del país. Señala, que:
1) En 1984 el Banco Mundial (BM) otorgó a México el primer ‘“Préstamo de política comercial’ en la historia del banco, que benefició a México con una serie de préstamos a cambio de una amplia liberación comercial.” (P. 253).
2) En respuesta Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera se dirigieron al Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo de 1985, informándole que habría ‘“una completa revisión de las políticas comerciales’, comenzando por el remplazo de los controles cuantitativos a las importaciones por tarifas”. (Ibid).
3) El gobierno de Ronald Reagan anunció que “no intercederá por México con los bancos internacionales a menos que éste ‘llevara a cabo reformas estructurales sustantivas’ y llegara a un nuevo acuerdo con el FMI”. (Ibid).
4) Pero los funcionarios mexicanos no necesitaban amenazas: desde el principio estuvieron de acuerdo con los economistas del Banco Mundial en abrir la política comercial, como consecuencia en 1982 México había obtenido más préstamos que ningún otro país para combatir la pobreza, a grado tal que era considerado como el país mimado de los economistas de dicho organismo financiero. A mediados de los años ochenta los funcionarios del Banco Mundial ya tenían claro que los funcionarios mexicanos tenían ideas semejantes a las suyas, a grado tal de que habían reducido las barreras comerciales más de lo que el propio banco les exigía. La autora cita a Damian Fraser cuando dice en 1992 que: ‘“Los economistas del Banco Mundial y los funcionarios mexicanos a menudo pasan juntos los fines de semana en reuniones creativas sobre asuntos de política. Muchos tienen posgrados de las mismas universidades de los Estados Unidos y los mismos amigos.” (P. 254).
5) La autora hace suyo el comentario de Blanca Heredia, “quien afirma que la victoria del libre comercio en México no se logró por presiones externas, sino que era reflejo de los imperturbables puntos de vista del libre mercado de los funcionarios que habían tomado el control de la toma de decisiones en política económica”. (Ibid).
6) La colaboración entre los economistas mexicanos, formados en el extranjero, con los funcionarios del Banco Mundial, llevó a que México ingresara al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT por las siglas en inglés) en 1986, lo que dio como resultado que se eliminaran “muchos requisitos de licencias y controles cuantitativos.” A grado tal que: “En 1987, el gobierno mexicano implantó un programa de liberalización comercial que iba más allá de los requisitos del GATT. Estas colaboraciones culminaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llevado a cabo durante el régimen de Salinas (1988-1994). El TLCAN comprometió a México a bajar las tarifas y eliminar barreras no arancelarias sobre bienes importados de Estados Unidos y Canadá. En algunos aspectos, el tratado es mucho más un documento doctrinario de libre comercio que el del GATT: mientras que el GATT reconoce el derecho de los gobiernos a restringir temporalmente las importaciones en casos de crisis de la balanza de pagos, el TLCAN niega efectivamente el acceso a tales restricciones.” (Ibid).
7) ¿Cómo fue posible que la fortaleza económica mexicana se rindiera prácticamente sin oponer resistencia? La autora destaca el papel jugado por algunos funcionarios del Banco de México y por el Instituto Tecnológico de México, luego: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la formación de varias camadas de economistas orientados ha promover políticas de libre mercado. Nos dice que en los años setenta la influencia de un grupo de banqueros centrales (del Banco de México) en el ITAM estaba teniendo el efecto de convertir la carrera de economía en un programa de tiempo completo al estilo de Estados Unidos y, a su juicio, riguroso por “la intensificación del uso de una teoría económica formal, el alejamiento del keynesianismo y el impresionante incremento en la complejidad matemática.” (P. 207). Hacia el año de 1971, con frecuencia, el destino de los graduados del ITAM, era la Universidad de Chicago. Destaca que: “la influencia de Chicago fue muy fuerte a mediados de los años setenta, bajo la influencia del banquero central, Francisco Gil Díaz, quien fue director del ITAM de 1973 a 1978.” (P. 205). Sin embargo, no se puede decir que haya predominado la corriente de los Chicago boys en el ITAM, sino más bien lo que ocurrió es que a largo plazo se americanizó.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid había discrepancia entre las corrientes favorables al libre comercio acerca de la velocidad con que se debía realizar la apertura comercial; en la victoria de la tendencia extremista tuvo gran influencia un grupo de economistas neoliberales alojados en la Secretaría de Comercio y en el Banco de México. “El más importante de ellos era un joven posgraduado de la Universidad de Chicago llamado Francisco Gil Díaz, el mismo que había ayudado de convertir al ITAM en un centro de economía neoclásica al estilo estadunidense en los años setenta. Gil Díaz tenía numerosos aliados formados en los Estados Unidos fuera del Banco de México, entre ellos, Pedro Aspe, un graduado del ITAM que trabajaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto y Jaime Serra Puche del Colegio de México.” (P. 252).
No obstante, pudiera ser que la autora sobredimensione el peso de ese funcionario y no destaque suficientemente el papel jugado por Carlos Salinas en ese proceso. Página siete, una publicación de la Dirección de Estudios y Análisis de la Coparmex, señala lo siguiente:
“Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se fue dejando el control de la economía en manos de Carlos Salinas de Gortari y de su equipo, a tal grado que, a mediados del sexenio, tomaban prácticamente todas las decisiones en ese rubro. Por eso era previsible que De la Madrid se inclinaría por CSG (1988-1994) para colocarlo como el sucesor. Esa fue la causa de la confrontación entre salinistas y los "duros" del sistema, según la "ley del péndulo" le tocaba el turno a la vieja guardia y en cambio los tecnócratas querían mantenerse en el poder.
En 1987 la crisis cobra forma con la caída de la Bolsa de Valores. Con MMH la inflación alcanzó, en 1987, el 159%.”

“Al trabajar con Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), CSG conoció a Pedro Aspe y a la vez tenía parentesco con Leopoldo Solís Manjarrez (subdirector del Banco de México), quien fue jefe de Ernesto Zedillo. Además, una parte de sus aliados ingresaron como profesores al Colegio de México, tal fue el caso de Manuel Camacho, Luis Donaldo Colosio, Otto Granados, Jaime Serra Puche y Guillermo Ortiz quien conoció en Stanford a José María Córdoba Montoya, éste último fue invitado al Colmex por Francisco Gil Díaz.”
8) Miguel de la Madrid, quien fue Presidente de México entre 1982 y 1988 también estudió en el extranjero, él cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es descrito por la prensa empresarial extranjera, en 1981, como un tecnócrata adepto a la economía moderna, que desconoce la tradición revolucionaria de México, que es ‘“amigo de banqueros y empresarios’”, y como ‘“un capitalista liberal, no un agitador revolucionario’”. (Babb. Ob. Cit. P. 246).
9) Sobre los funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid, que tenían la oportunidad de tomar decisiones trascendentales para el país, dice lo siguiente: “El gabinete de De la Madrid estaba lleno de Maestros y doctores formados en Estados Unidos en una cantidad nunca antes vista en el gobierno mexicano, y casi uno de cada cuatro funcionarios gubernamentales habían estudiado en Estados Unidos (Centeno, 1994, p. 117). De hecho, los funcionarios del gabinete de De la Madrid tenían más probabilidades de tener estudios superiores que los funcionarios del gobierno concurrente de Reagan (Camp, 1994, p. 103).” (Pp. 250-251).
10) Algunos de los maestros y doctores a que alude reiteradamente la autora son los siguientes:
a) Jesús Silva Herzog Flores. Hijo del cofundador de la escuela de economía de la UNAM, del mismo nombre, pero a diferencia de su padre profesa ideas conservadoras. Estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. La revista The Economist dijo de él en 1984 que parecía ser “’más popular con los banqueros neoyorquinos que con algunos de sus compatriotas’”. (P. 247). Fue Secretario de Hacienda al final del gobierno de José López Portillo y durante la primera mitad del gobierno de Miguel de la Madrid; Secretario de Turismo con Salinas y, luego, embajador de México en España y en Estados Unidos.
b) Gustavo Petricioli (Sustituyó en la Secretario de Hacienda a Jesús Silva Herzog, en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid). Fue quien renovó y americanizó los estudios de economía en el ITAM. Él introdujo a dicha secretaría a Jaime Serra Puche).
c) Miguel Mancera. Egresado del ITAM, estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. Dirigió el Banco de México con López Portillo y fue destituido por éste en agosto o septiembre de 1982. Ocupó igual cargo con Miguel de la Madrid y con Salinas. Es descrito por la autora como “un banquero central conservador hasta la médula.” (P. 247).
d) Jaime Serra Puche. Estudió en la Universidad de Yale. Firme defensor del libre comercio. Secretario de Comercio con Salinas y efímero Secretario de Hacienda con Zedillo.
e) Herminio Blanco. Estudió en la Universidad de Chicago. Formó parte de un grupo de asesores formado en Estados Unidos que se aglutinó en la Oficina de Asesores Económicos del gobierno de Miguel de la Madrid. Fue Subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Comercio, con Salinas.
f) “Bajo el régimen de Salinas, todos los estratos superiores y medios de todos los ministerios encargados de la elaboración de políticas económicas estuvieron bajo el dominio de los economistas formados en Estados Unidos.” (P. 255).
g) Ernesto Zedillo. Estudió en la Universidad de Yale.
h) Pedro Aspe Armella. Egresado del ITAM, estudio en el Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT). Secretario de Hacienda con Salinas.
i) Francisco Gil Díaz. Posgraduado en la Universidad de Chicago. Fue Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda con Carlos Salinas, y Secretario de Hacienda con Fox. Desde el 7 de enero de 2007, Gil Díaz es “consejero independiente” de la trasnacional financiera HSBC; recientemente fue nombrado Presidente (representante) de la trasnacional Telefónica de España, conocida en México y América Latina como: Movistar. En marzo de 2005 fue acusado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de ser beneficiario de una pensión por 141 mil 619 pesos mensuales, al tiempo que también cobraba como Secretario de Hacienda.
j) Agustín Carstens. Es egresado de la carrera de economía del ITAM y tiene un postgrado también en economía por la Universidad de Chicago. Hasta antes de asumir el cargo de Secretario de Hacienda, en el actual gobierno, era Sub-Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Algunas fuentes afirman que fue apoyado por Gil Díaz para ocupar este cargo en el actual gobierno, debido a una vieja amistad que pudiera remontarse a una relación surgida en el ITAM, pero que con toda seguridad se dio en el Banco de México.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN
CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE EL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

Jaime Cárdenas

Primer argumento respecto a la competencia y procedimientos de creación y extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la reforma publicada el 27 de diciembre de 1989, estableció tres normas: a) La primera para determinar que las empresas privadas concesionarias que prestaban en ese entonces el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y entidades federativas limítrofes, continuarían en proceso de disolución y liquidación; b) La segunda que ordena y autoriza al Ejecutivo Federal a disponer la creación de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el que tendría a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica, una vez que concluya el proceso de liquidación de las empresas privadas; y, c) La tercera que obliga al Ejecutivo a crear el organismo público descentralizado con arreglo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en cuanto a su estructura, organización y funciones. Además, el artículo tercero transitorio del propio artículo cuarto transitorio mencionado, señaló: “El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos, se constituya el organismo que se ordena crear”.


El artículo cuarto transitorio de la reforma de 1989, se materializó hasta el Decreto del ejecutivo publicado el 9 de febrero de 1994. A través de ese Decreto se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que de acuerdo a la orden dada por el poder legislativo en 1989, determinó personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones y, se ajustó tanto a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de 1989 como a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.


Lo anterior quiere decir que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, no la realizó el ejecutivo, en ejercicio de facultades o competencias que a él le correspondieran “mutuo propio”, sino en virtud de la orden que el legislativo estableció en el artículo cuarto transitorio de 1989 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto significa, que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, tiene como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. No se trató de un acto discrecional del ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, si de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el poder legislativo.

Por tanto, el Decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el poder legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contrario a lo realizado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Argumento que tiene fundamento en el artículo 72, apartado F, de la Constitución, mismo que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos legislativos se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación y, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales que dispone: “En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación”.


Para la extinción de Luz y Fuerza del Centro debió seguirse el camino inverso al de su creación: a) derogación del artículo cuarto transitorio; b) abrogación del Decreto presidencial de 1994 y, c) mediante orden previa del Congreso decreto del ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza del Centro.


El Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro publicado el 11 de octubre de 2009 está en colisión con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley, prescrito en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque sin orden y norma del poder legislativo, el ejecutivo realizó actos jurídicos que no son de su competencia propia y exclusiva.

Segundo argumento respecto a la naturaleza jurídica del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La naturaleza jurídica del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, no es solamente la de un acto administrativo particular y concreto como algunos podrían suponer. Como, bien ha definido la teoría del Derecho, los actos jurídicos pueden ser: generales (universalidad respecto al destinatario que regulan) y abstractos (universales respecto a las conductas que regulan); generales y concretos (cuando son universales respecto a los sujetos pero regulan u ordenan sólo una conducta de esos sujetos o una acción tipo de los mismos); particulares y abstractos (cuando regulan a una persona jurídica pero sobre ella se refieren a diversas conductas); y, particulares y concretos cuando aluden a una persona respecto a una particular conducta u orden1.

El Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se refiere ciertamente a una persona moral, a un organismo descentralizado, sin embargo, implica un decreto derogatorio que pretende eliminar del orden jurídico competencias abstractas que a él le correspondían como organismo descentralizado previstas en las normas de creación del mismo. La norma que crea organismos descentralizados es particular y abstracta, porque se refiere a una persona moral pero regula sobre ella diversas conductas. Lo mismo ocurre con la norma de extinción de un organismo descentralizado, que extingue a una persona moral pero con ella las competencias y atribuciones diversas que ejercía. Por tanto, el decreto de extinción no es un acto administrativo, que contenga exclusivamente normas particulares y concretas.


Además el decreto de extinción no puede ser un acto administrativo particular y concreto, porque ello significaría en términos kelsenianos2, que con él se agota la producción normativa, que con él ya no se autoriza la producción de nuevas normas ni se autoriza a otras autoridades la realización de diversas conductas. Tan no lo es, que por ejemplo, el artículo tercero del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, autoriza la creación de nuevas normas a la Secretaría de Energía cuando determina que ésta “…señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público”. Producción normativa que la Secretaría de Energía realizó el 11 de octubre de 2009 emitiendo las respectivas bases.


En todo caso, se trata de un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo, en tanto que derogó competencias abstractas del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Tal derogación se revistió de un acto formalmente administrativo. Sin embargo, se trata de un acto inválido jurídicamente por tres razones: 1) Porque no fue emitido por el poder competente; 2) Porque no se siguió el procedimiento previsto jurídicamente; y, 3) Porque se aprobó en contra de disposiciones constitucionales.


Si un acto del ejecutivo fuese dictado fuera de las atribuciones que han sido otorgadas a la autoridad emisora, es decir por el constituyente y dentro de la propia Constitución, el mismo está viciado de inconstitucionalidad y es violatorio de garantías.


Tercer argumento respecto de por qué es el poder legislativo el que tiene competencia para crear y extinguir un organismo descentralizado que tiene por objeto la energía eléctrica y no el ejecutivo.


Las razones de por qué el legislativo es el facultado para extinguir Luz y Fuerza del Centro, devienen del carácter estratégico de la industria eléctrica. De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución, las actividades, entre otras, relacionadas con la energía eléctrica son estratégicas, esto es, exclusivas del Estado, no constituyen monopolio y, sólo pueden estar previstas en la Constitución o en las leyes que expida el Congreso. Además, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: “La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley”. Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del ejecutivo sin intervención del poder legislativo.


La electricidad no es una actividad prioritaria en las que constitucionalmente concurre el sector privado y el social con el Estado, tal como se desprende del cuarto párrafo del artículo 28 constitucional y, tampoco es una actividad sujeta al libre mercado y participación de los particulares. Es una de las pocas actividades previstas en la Constitución de las que jurídicamente sólo puede ocuparse el Estado a través de organismos del sector público, como lo indica el párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.


Su carácter estratégico, a su vez se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución que indica en su parte conducente: “…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.

La decisión para crear o extinguir un organismo descentralizado que tiene entre sus fines la prestación del servicio público de la energía eléctrica no pude ser del ejecutivo sin que medie autorización u orden del Congreso, pues se trata de una de las funciones económicas fundamentales del Estado, sobre las que el ejecutivo, como dice el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, sólo tiene competencias sobre el control y la propiedad de dichos organismos.

Por eso, cuando el ejecutivo en 1994, creó Luz y Fuerza del Centro lo hizo por orden del Congreso, no podía hacerlo por sí mismo y en ejercicio de sus propias facultades.

Este punto de vista se robustece con lo establecido por el artículo 73 fracción X de la Constitución, el que determina dentro de las competencias del Congreso la de legislar en materia de energía eléctrica. El ejecutivo no pude dictar normas particulares y abstractas para crear o extinguir un organismo descentralizado vinculado a la energía eléctrica. Si indebidamente lo realiza, al tener que ver con la personalidad jurídica, patrimonio y atribuciones de un organismo descentralizado que tiene por propósito una actividad estratégica del Estado, interferiría en ámbitos de competencia que le corresponden al poder legislativo.

La Ley de las Entidades Paraestatales no precisa en qué casos los organismos descentralizados se crean por ley o decreto del ejecutivo. Una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y secundario, nos lleva a concluir, que cuando se trata de actividades fundamentales para el Estado como son las estratégicas, la facultad es del poder legislativo. Por eso, todos los organismos descentralizados que existen en el país y que tienen que ver con actividades estratégicas han sido creados y extinguidos por Ley (Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera). Los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según se desprende del artículo 14 de la Ley de las Entidades Paraestatales en su facción I, no pueden ser creados o extinguidos por decreto del ejecutivo. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se colige del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado y, en donde el Congreso de acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución tiene facultades para legislar en la materia de electricidad, sólo puede y debe extinguirse por orden del poder legislativo.

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”.

De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación y, el ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción.

No puede dejar de advertirse que el ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los Secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden -convocar a los Secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre e! funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.


En general, la doctrina jurídica de nuestro país sostiene que la creación de organismos descentralizados por Decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencias, pues para ello, es necesario una Ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo3, y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”4, entre otros autores.


Cuarto argumento relacionado con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.

El artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: “Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios”. El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.


A partir de lo contemplado en el artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el Decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el mismo se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la Nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de la misma. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Quinto argumento relacionado con la facultad prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Constitución.

El artículo 73 fracción XI de la Constitución dispone que es facultad del Congreso: “…crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”.

Esa facultad se relaciona con lo previsto en los artículos 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución que determinan que sólo en los presupuestos del Estado o en ley posterior pueden establecerse las retribuciones de los servidores públicos previstos en ley. Un empleo o encargo determinado en ley sólo puede ser suprimido en otra ley y, sus dotaciones o retribuciones deben estar previstas en el Presupuesto de Egresos o en ley posterior.

El ejecutivo al extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, extingue empleos previstos en Ley en contravención al artículo 73 fracción XI de la Constitución, tal como ocurre con el cargo de Director General del organismo, el cual tiene las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley de las Entidades Paraestatales y, las que enumera el artículo 7 del Decreto de creación del organismo Luz y Fuerza del Centro, publicado el 9 de febrero de 1994.


Sexto argumento que se refiere a la violación del artículo 26 de la Constitución en materia de planeación democrática.


En el artículo 26 de la Constitución se establece el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que tiene como eje de articulación el Plan Nacional de Desarrollo. Éste está normado en los artículos 5, 7, 22 y 31 de la Ley de Planeación, bajo las reglas siguientes: 1) E! Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuación del Plan; 2) Al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, el Presidente de la República informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que deberán elaborarse para la ejecución del Plan; 3) En el Plan se indicarán los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados a fin de alcanzar los objetivos y metas de la planeación democrática del desarrollo; y, 4) Las adecuaciones al Plan y los programas sectoriales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.


En el caso concreto, al extinguirse el Decreto de Luz y Fuerza del Centro se afectaron el sistema de planeación democrática del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa institucional del organismo ahora en extinción. Las modificaciones que sufrieron el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía, con la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debieron ser revisadas por el Congreso de la Unión. Tales modificaciones a su vez, debieron ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, nada de lo anterior tuvo lugar en el caso concreto.


Séptimo argumento relacionado con las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.


El organismo descentralizado Luz y Fuerza del centro está sujeto al control presupuestal de la Cámara de Diputados en los términos de los artículos 74 y 126 de la Constitución. La emisión del decreto del ejecutivo de extinción (publicado el 11 de octubre de 2009), trastoca el contenido sustantivo del Presupuesto de Egresos vigente en el año 2009 e igualmente altera la estructura programática-presupuestal derivada del mismo. Lo anterior significa que antes de la promulgación del Decreto, el ejecutivo debió dar a la representación nacional la intervención que constitucionalmente le correspondía en materia presupuestal.

Igualmente, para indemnizar a los trabajadores y disponer de más de 20 mil millones de pesos para ese efecto, según se fundamenta en los artículos cuarto y quinto del decreto de extinción, el ejecutivo debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados y en su defecto del Congreso, pues no puede hacerse pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto o en ley posterior.


Octavo argumento vinculado con los derechos de los trabajadores, con las garantías de audiencia, de defensa, legalidad y de debido proceso.


El decreto de extinción conculca los derechos de los trabajadores porque con esa dispositivo, se transgrede el contenido normativo del artículo 5 de la Constitución que consagra y tutela el derecho al trabajo, derecho que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y, que el ejercicio de la libertad de trabajo sólo puede vedarse por determinación judicial.


Igualmente, el decreto de extinción conculca los derechos de audiencia, defensa y debido proceso legal, pues las relaciones de trabajo se dieron por terminadas en virtud de un Decreto de extinción, en donde los trabajadores no tuvieron derecho de audiencia, de defensa ni oportunidad para ventilar sus derechos ante autoridad competente y mediante un procedimiento previsto en la ley que fundara y motivara la causa legal del mismo. Lo anterior es claramente violatorio de los artículos 1, 5, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución.

El decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo establecidas en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, sin haber seguido los procedimientos que regulan los conflictos colectivos de naturaleza económica previstos en el artículo 900 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo y, sin que las autoridades competentes conocieran de los mismos y resolvieran en consecuencia, violando con ello, los artículos 9 y el 123 apartado A fracciones XVI, XVII, XVIII, XX y XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La causa de la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es la incosteabilidad de la empresa, según lo expresa la exposición de motivos del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009. Dicha incosteabilidad se considera imputable a las prestaciones de los trabajadores y se funda en diagnósticos y estudios de la Secretaría de Energía. Sin embargo, esos estudios y diagnósticos no se hicieron del conocimiento de los trabajadores, se consideraron información reservada impidiendo a los trabajadores su derecho de defensa. Según el artículo 434 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, es causa de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad de la explotación y, de acuerdo al artículo 435 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, es decir la empresa, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. En el caso concreto, se transgreden derechos laborales, pues las autoridades competentes no se pronunciaron sobre la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no se dio a los trabajadores derecho de defensa y audiencia y, no se ventiló el procedimiento que determina la ley para esos efectos.


Además, se violenta el artículo 133 de la Constitución, pues los convenios 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, establecen garantías de seguridad y legalidad jurídicas para los trabajadores, tanto en la protección de sus derechos individuales como colectivos. Dichas garantías, tanto a nivel individual como colectivo se trastocaron con la emisión del Decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. De esta suerte se privó a los electricistas de los derechos al trabajo digno y socialmente útil, libertad sindical, derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo, sindicación, huelga y contratación colectiva, sin cumplir ninguna de las formalidades del debido proceso.


Noveno argumento relacionado con la suspensión inconstitucional de garantías.

Por la vía de los hechos, el titular del ejecutivo federal y su gabinete, en violación de los artículos 29 y 129 de la Constitución de los Estados Unidos, ordenaron tomar por fuerza pública y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a las 23:00 horas, del sábado 10 de octubre de 2009, día inhábil, por medio de la policía federal y elementos encubiertos del ejército mexicano, tal como dieron cuenta los medios de comunicación electrónicos e impresos. Obligaron a los trabajadores que ahí se encontraban a abandonar sus puestos de trabajo y colocaron en su lugar a trabajadores de la Compañía Federal de Electricidad. Lo anterior lo realizaron sin que el Decreto de Extinción estuviese aún publicado, sin que hubiese entrado en vigor, sin orden de autoridad competente que fundara y motivara la causa del procedimiento o, que justificara la suspensión de garantía alguna. De facto, la policía federal y elementos militares actuaron anticonstitucionalmente. En el caso de los militares, éstos actuaron en tiempo de paz fuera de los extremos previstos en el artículo 129 de la Constitución.

Décimo argumento vinculado al derecho de asociación.


El Decreto de extinción viola el artículo 9 de la Constitución que garantiza el derecho de asociación, en tanto que los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, a consecuencia del decreto perdieron la fuente de empleo a la que tenían derecho y, con ello, el derecho a mantener la vigencia plena de su sindicato. Además, han sido culpados en el Decreto de la ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado, cuando jurídicamente la administración del organismo recae en la dirección del mismo, en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y en la Secretaría de Energía, según se desprende del Decreto de creación del citado organismo. Luego entonces, la conducción financiera y administrativa del organismo, no estaba en manos de los trabajadores y a ellos no les es imputable la incosteabilidad de la empresa pública, como lo hace creer el diagnóstico de la Secretaría de Energía y el propio Decreto de extinción.


El despido de 66 mil, entre trabajadores activos y jubilados, en virtud de un Decreto inconstitucional de extinción del organismo en el que laboraban, constituye un atropello a los derechos laborales de los trabajadores, los que están consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Sobre todo, cuando se critican y se establecen como fundamentos en el Decreto de extinción, los logros del contrato colectivo entre el sindicato y el organismo descentralizado, que son la consecuencia del orden jurídico laboral vigente, mismo que hasta ahora es de carácter social en el Derecho mexicano.


Décimo primer argumento relacionado con el objeto de una controversia constitucional.

A diferencia de lo que tradicionalmente se supone, las controversias constitucionales no solo atienden a cuestiones vinculadas a los conflictos competenciales entre autoridades legitimadas por el artículo 105 fracción I de la Constitución. Por medio de la controversia constitucional, es posible reclamar el control de la regularidad constitucional y, por ende, el examen de todo tipo de violaciones constitucionales. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “Controversia constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal” (tesis jurisprudencial 98/1999, siete de septiembre de 1999) ha establecido jurisprudencia que le permite a través de la figura de la controversia constitucional conocer de cualquier acto contrario a la norma fundamental y no sólo los que tienen relación con las diferencias por competencias entre poderes y órganos del Estado.

Décimo segundo argumento sobre las violaciones a los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social por la expedición del Decreto de extinción.

El Decreto de extinción transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se violentan los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social. La violación de derechos humanos previstos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano da lugar a violaciones a la Constitución, pues de acuerdo al artículo 133 de la norma fundamental, los tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión y obligan a todas las autoridades del Estado y, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por nuestro país en 1974, los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando no acatan los tratados, aunque su orden interno, aún sea el constitucional disponga otra cosa5.


Décimo tercer argumento relacionado con el desvío de poder.


Según el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los principios de publicidad y la buena fe deben regir cualquier actuación administrativa. Por la manera en que se han dado los acontecimientos, antes, durante y, después de la publicación del Decreto de extinción, parece que el propósito gubernamental de extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro tiene que ver, más que con la eliminación del organismo con la eliminación de Sindicato Mexicano de Electricistas, organización sindical que se ha distinguido por su carácter opositor y reivindicativo de un modelo económico alternativo diferente al neoliberal. El artículo 3, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla la figura del desvío de poder, al indicar que el acto administrativo debe cumplir con finalidades de interés público sin que puedan perseguirse otros fines. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Baena Ricardo y otros. Panamá”6, determinó que la destitución de numerosos servidores públicos que habían participado en una movilización organizada por la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales carecía de validez jurídica porque lo que pretendía en realidad el gobierno de Panamá era coartar la libertad de asociación sindical reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y prevista igualmente en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.


Décimo cuarto argumento sobre el derecho humano al proyecto de vida y al mínimo vital.

El Decreto de extinción modifica la existencia presente y futura de los trabajadores y sus familias. Tal situación violenta el “derecho humano al proyecto de vida” sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo. Perú”7, señaló que el derecho humano al proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone y, que esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no es ajeno a esa Corte.


En cuanto, al derecho al mínimo vital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1780/2006, de 31 de enero de 2007, dijo que el derecho al mínimo vital coincide con “…las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona sea vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean”8.


Décimo quinto argumento vinculado al derecho humano a la verdad.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ivcher Bronstein. Perú”9, señaló que las personas y la colectividad tienen derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos que les atañen o les preocupan. Tanto los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus familias, como la sociedad, tienen derecho a saber la verdad histórica de los hechos que motivaron la toma violenta de las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y la extinción del mismo. El derecho humano a la verdad está en entredicho porque en la exposición de motivos del Decreto se alude a que una de las causas de la extinción del organismo reside en la quiebra técnica e incosteabilidad de esa empresa pública, situación que se conocía desde la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación practicada a la cuenta pública de 2006. Esa situación intentó ser superada mediante la celebración de un Convenio de Productividad, firmado el 16 de marzo de 2008, entre la empresa y el Sindicato y avalado por el gobierno federal. Sin embargo, después de más de un año, en donde ya se habían reconocido por la empresa y por el gobierno, los avances en dicho convenio en más del 90%, el ejecutivo decidió extinguirla sin previo aviso a los trabajadores, al Congreso o a la sociedad.


1 BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho. Madrid, Editorial Debate, 1992, pp. 141-146.

2 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho. México, UNAM, 1981, 201-284.


3 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 1983, pp. 216-217.


4 FAUZI HAMDAN, Amad, “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”, Revista de Investigaciones Jurídicas, No. 10, México, Escuela Libre de Derecho, 1986, pp. 189-190.

5 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “El control abstracto de constitucionalidad de las leyes en México”, en Derecho. Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2001, p. 320.


6 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen II, 2006, pp. 420-450.


7 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 172-225.


8 Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Ornar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

9 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 721-765.

DIEZ POSTULADOS BÁSICOS PARA TRANSFORMAR EL PAÍS

Amigas y amigos:

Pensando en la transformación del país y con miras al 2012, debemos elaborar a la luz de los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, el nuevo Proyecto Alternativo de Nación. Esta tarea será coordinada por la Comisión que se creó con ese propósito, integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría. La idea es que después de una amplia consulta de análisis y reflexión, se tenga un documento definitivo a más tardar en junio del 2010.

Aunque estoy conciente de que son muchos los temas que se tendrán que abordar, considero que hay diez postulados básicos:

1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. Reitero mi convicción esencial: El Estado se encuentra secuestrado por una minoría y ésta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales pero, en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. Por eso, lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado y una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, a través de reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Este procedimiento debe aplicarse fundamentalmente en los casos de la minería, la industria eléctrica y el petróleo.

2. Democratizar los medios masivos de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administren la ignorancia en el país en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Para ello no hace falta eliminar el régimen de concesiones, ni crear una excesiva reglamentación y muchos menos optar por la censura, lo más eficaz es lograr la democratización de los medios, evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia. Para ser más claros: Que hayan todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, sólo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos como sucede actualmente.

3. Crear una nueva economía. Hay que cambiar la actual política económica que ni en términos cuantitativos ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menos crecimiento en los últimos años. La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Hay que hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos nuestros esfuerzos a la economía real, a trabajar y producir los bienes que necesitamos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana.

4. Combatir las prácticas monopólicas. El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y el Estado debe garantizar que esta norma se cumpla porque hoy es letra muerta. En México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados.

Es inaceptable, por ejemplo, que los mexicanos paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 52 por ciento más por electricidad de alta tensión; 185 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por televisión por cable; 145 por ciento más por Internet de banda ancha; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en estados Unidos.

En este país pobre se paga más que en las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.

Insistimos en que mientras no evitemos los precios exagerados por empresas que operan en nichos protegidos, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y, a la larga, tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.

Aquí recuerdo que en noviembre del año pasado propusimos al Senado la aprobación de una ley de precios competitivos con la cuál los consumidores lograrían ahorros entre el 10 y el 18 por ciento de sus ingresos. Sin embargo, este proyecto está detenido porque los legisladores del PRI y del PAN no son realmente representantes populares sino que están al servicio de los potentados.

5. Abolir los privilegios fiscales. En los últimos días, se confirmó lo que hemos venido sosteniendo: desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico que se ha ampliado y ratificado sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros, el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Inclusive, hace unos días Calderón tuvo que reconocerlo cuando dijo que “las empresas que más ganan, rara vez, muy rara vez, pagan impuestos”.

Pero no basta con la denuncia. Es necesario aprobar una reforma fiscal progresiva. Es decir, que paguen más los que tienen más.

En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

Debe buscarse que, al menos, las grandes corporaciones que operan en México y los más ricos del país, paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o de las llamadas economías emergentes.

6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Por eso es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás.

También hay que hacer valer el principio de austeridad republicana; retomar el ejemplo de Juárez y los liberales: el apego al criterio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos. Nada de sueldos onerosos y ofensivos, ni flotillas de aviones y helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante. Debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Actualmente, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno.

7. Fortalecer al sector energético. Es urgente detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.

El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios sólo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como los de la Cuenca de Burgos o de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un gran daño al patrimonio nacional.

Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo, sin reponer reservas.

Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir 774 mil barriles diarios. Es decir, ahora producimos 2 millones 600 mil barriles al día y de seguir esta tendencia, en cuatro años apenas se estarán extrayendo 2 millones de barriles, que sólo alcanzarían para cubrir la demanda interna; con el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono a las plantas petroquímicas, seguiríamos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos.

Por eso, debemos insistir en modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de tres grandes refinerías para dejar de importar el 40 por ciento de las gasolinas que consumimos. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero, para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos han tenido que emigrar.

Este año para la compra de alimentos en el extranjero, se destinarán 16 mil millones de dólares. La mayor parte es maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo y desechos de pollo, que podríamos producir en el país.

Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres. Además, es donde se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. No al maíz transgénico.

9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres, a los débiles y olvidados ante la desigualdad social, la incertidumbre económica y otras calamidades. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.

Es necesario seguir insistiendo hasta lograr la pensión universal para los adultos mayores del país; el otorgamiento de becas a todos los discapacitados pobres; y la atención médica y los medicamentos gratuitos para la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social.

La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.

10. Promover una nueva corriente de pensamiento. La transformación que necesita el país no sólo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar. Implica también y sobre todo, cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad; añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro, sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo.
(Fragmento del discurso de Andrés Manuel López Obrador el 22 de noviembre en el zócalo de la ciudad de México).

"¿Sabías que el Ejecutivo creó en dos años 54 mil puestos de alto nivel?"

*Lanza gobierno legítimo campaña de información sobre gastos superfluos

Alma Muñoz


El "gobierno legítimo" de México dio a conocer en su página de Internet una lista de gastos superfluos del Ejecutivo federal, cuya reducción o desaparición, aseguró, evitaría que se aumenten impuestos o los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad.

En un boletín electrónico emitido a propósito de su campaña nacional de información, criticó que en dos años Felipe Calderón creó 54 mil puestos de alto nivel –de director de área hasta subsecretario–, lo cual representa un gasto de 125 mil millones de pesos, "más de lo que se destina a la salud pública de todos los mexicanos, casi el doble del presupuesto de las universidades públicas".

También, que la mitad del presupuesto del gobierno en los sueldos y prestaciones de altos funcionarios sea "algo así como un billón y medio de pesos, cinco veces más que el faltante en las finanzas públicas para 2010".

A los integrantes del Movimiento Nacional del Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía les ofrece datos para que los transmitan como parte de esa campaña, con la cual pretende romper el cerco informativo. Por ejemplo, "¿Sabías que (Felipe) Calderón pretende aumentar 9 por ciento el número de funcionarios públicos de alto nivel, con un costo de 202 millones de pesos, y busca reducir 221 millones a la vigilancia epidemiológica y al control de enfermedades justo ahora que vivimos la crisis de la influenza?"

También: "¿sabías que si se redujera el número de funcionarios públicos de alto nivel al que había en 2006 se podría pagar el presupuesto del IPN, la UAM, la UNAM, el Hospital General, el DIF, Diconsa, Liconsa y Conaculta, y sobrarían 70 mil millones de pesos, el equivalente a lo que se pretende recaudar con el impuesto de 2 por ciento al consumo?"

De igual manera, que Calderón quiere gastar "60 millones de dólares en el espectáculo del Grito del 15 de septiembre de 2010, tres veces lo que le quitará de presupuesto a la UNAM".

Les recuerda que empresas como Bimbo, Telmex, Televisa, Wal-Mart, Coca-Cola o Bachoco no pagan impuestos o se los devuelven. Si pagaran sus deudas fiscales las grandes empresas (460 mil millones de pesos) "no habría necesidad de aumentar impuestos ni de subir la gasolina, el diesel o la electricidad".

Por eso, invitó a la movilización que encabezará Andrés Manuel López Obrador el próximo 12 de octubre a las 5 de la tarde frente la Cámara de Diputados.

Tomado de: La Jornada, 6 de octubre de 2009. Política.