La política es adjetivada como social, económica, pública, y otros calificativos más; pero en esencia expresa las ideas, posiciones, decisiones y prácticas de individuos y grupos con intereses de clase concretos.

  • Historia de la Universidad de Sonora (1938-1953). Autor: Miguel Castellanos Moreno.

    Primera edición en el mes de febrero de 1991. En el libro: "La educación en México en mil libros" de Alfredo Mendoza Cornejo, editado por la Universidad de Guadalajara, se comenta de él lo siguiente: "Historia analítica que se aboca a la comprensión de la lucha entre diversas corrientes ideológicas y de poder por crear la Universidad y, posteriormente, por sentar su hegemonía, a fin de hacer de la institución una plataforma política, mediante el vínculo del quehacer universitario con la política partia."

  • Batalla de Puente de Calderón

    A medio camino entre Guadalajara y Tepatitlán de Morelos Jalisco se encuentra Puente de Calderón. Aquí se libró una batalla histórica entre el ejército Insurgente comandado por Don Miguel Hidalgo y Costilla y las tropas realistas dirigidas por el brigadier Calleja un 17 de enero de 1811. El resultado condicionó la libertad de los mexicanos hacia el futuro y costó miles de vidas de patriotas

  • CASA HISTÓRICA EN TLAQUEPAQUE JALISCO

    "Casona antigua del siglo XIX y lugar donde se firmó la adhesión al Plan de Iguala por el General Pedro Celestino Negrete para la Consumación de la Independencia el 13 de junio de 1821 acto por el cual, la Antigua Nueva Galicia, se adelantó por tres meses a la Nueva España y con esto se acabó el reinado militar y opresivo, que al derrotar a Hidalgo en la Batalla del Puente de Calderón, quedó en el poder de 1811 a 1821."

  • INTERIOR DE LA CASA DE VILLA EN SAYULA JALISCO

    En esta agradable casa y con un clima envidiable vivió Villa con parte de su escolta de Dorados

  • AVES EN LA LAGUNA DE SAYULA JALISCO

    La Laguna de Sayula es un humedal que da refugio a una gran variedad de aves migratorias y nativas.

  • CASA DE PANCHO VILLA EN SAYULA JALISCO

    En esta casa habitó Pancho Villa cuando perseguía al huidizo gobernador de Jalisco, Manuel M. Diéguez

  • HOSPITAL EN QUE SE ATENDIÓ AL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS

    En esta casa de Teocuitatlán de Corona Jalisco funcionó un hospital en donde se atendió al general Lázaro Cárdenas en 1923. Cárdenas resultó herido en la batalla del Tapanco que perdió contra las fuerzas del general Rafael Buelna.

  • LA TERCERA GUADALAJARA

    En la foto la iglesia de Tlacotán Jalisco. En las cercanías de este lugar se asentó la tercera Guadalajara.

  • Historia de la Universidad de Sonora (1938-1953). Autor: Miguel Castellanos Moreno.

    Primera reimpresión, julio de 2004, en los Talleres Gráficos de la Universidad de Sonora.

  • LA PRIMERA GUADALAJARA

    Guadalajara fue en sus inicios una población errante. En las inmediaciones de Nochistlán Zacatecas (que aparece en la foto) fue establecida por primera vez, el 5 de enero de 1532.

  • EL HOMBRE DE LOS PINOS EN ESPAÑA

    El español Antonio Solá autor de la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, durante las elecciones presidenciales de 2006, llevó la batuta en Madrid de la difusión del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, para atraer inversiones de ese país, y planteó la casi segura privatización energética en México. Tomado de La Jornada, 30 de mayo de 2008. 1532.

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOLIBERAL



En el libro Proyecto: México Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de la socióloga norteamericana Sarah Babb, editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2003, se expone el proceso que conduce a la apertura comercial y, luego, generalizada de otros rubros de la economía del país. Señala, que:
1) En 1984 el Banco Mundial (BM) otorgó a México el primer ‘“Préstamo de política comercial’ en la historia del banco, que benefició a México con una serie de préstamos a cambio de una amplia liberación comercial.” (P. 253).
2) En respuesta Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera se dirigieron al Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo de 1985, informándole que habría ‘“una completa revisión de las políticas comerciales’, comenzando por el remplazo de los controles cuantitativos a las importaciones por tarifas”. (Ibid).
3) El gobierno de Ronald Reagan anunció que “no intercederá por México con los bancos internacionales a menos que éste ‘llevara a cabo reformas estructurales sustantivas’ y llegara a un nuevo acuerdo con el FMI”. (Ibid).
4) Pero los funcionarios mexicanos no necesitaban amenazas: desde el principio estuvieron de acuerdo con los economistas del Banco Mundial en abrir la política comercial, como consecuencia en 1982 México había obtenido más préstamos que ningún otro país para combatir la pobreza, a grado tal que era considerado como el país mimado de los economistas de dicho organismo financiero. A mediados de los años ochenta los funcionarios del Banco Mundial ya tenían claro que los funcionarios mexicanos tenían ideas semejantes a las suyas, a grado tal de que habían reducido las barreras comerciales más de lo que el propio banco les exigía. La autora cita a Damian Fraser cuando dice en 1992 que: ‘“Los economistas del Banco Mundial y los funcionarios mexicanos a menudo pasan juntos los fines de semana en reuniones creativas sobre asuntos de política. Muchos tienen posgrados de las mismas universidades de los Estados Unidos y los mismos amigos.” (P. 254).
5) La autora hace suyo el comentario de Blanca Heredia, “quien afirma que la victoria del libre comercio en México no se logró por presiones externas, sino que era reflejo de los imperturbables puntos de vista del libre mercado de los funcionarios que habían tomado el control de la toma de decisiones en política económica”. (Ibid).
6) La colaboración entre los economistas mexicanos, formados en el extranjero, con los funcionarios del Banco Mundial, llevó a que México ingresara al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT por las siglas en inglés) en 1986, lo que dio como resultado que se eliminaran “muchos requisitos de licencias y controles cuantitativos.” A grado tal que: “En 1987, el gobierno mexicano implantó un programa de liberalización comercial que iba más allá de los requisitos del GATT. Estas colaboraciones culminaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llevado a cabo durante el régimen de Salinas (1988-1994). El TLCAN comprometió a México a bajar las tarifas y eliminar barreras no arancelarias sobre bienes importados de Estados Unidos y Canadá. En algunos aspectos, el tratado es mucho más un documento doctrinario de libre comercio que el del GATT: mientras que el GATT reconoce el derecho de los gobiernos a restringir temporalmente las importaciones en casos de crisis de la balanza de pagos, el TLCAN niega efectivamente el acceso a tales restricciones.” (Ibid).
7) ¿Cómo fue posible que la fortaleza económica mexicana se rindiera prácticamente sin oponer resistencia? La autora destaca el papel jugado por algunos funcionarios del Banco de México y por el Instituto Tecnológico de México, luego: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la formación de varias camadas de economistas orientados ha promover políticas de libre mercado. Nos dice que en los años setenta la influencia de un grupo de banqueros centrales (del Banco de México) en el ITAM estaba teniendo el efecto de convertir la carrera de economía en un programa de tiempo completo al estilo de Estados Unidos y, a su juicio, riguroso por “la intensificación del uso de una teoría económica formal, el alejamiento del keynesianismo y el impresionante incremento en la complejidad matemática.” (P. 207). Hacia el año de 1971, con frecuencia, el destino de los graduados del ITAM, era la Universidad de Chicago. Destaca que: “la influencia de Chicago fue muy fuerte a mediados de los años setenta, bajo la influencia del banquero central, Francisco Gil Díaz, quien fue director del ITAM de 1973 a 1978.” (P. 205). Sin embargo, no se puede decir que haya predominado la corriente de los Chicago boys en el ITAM, sino más bien lo que ocurrió es que a largo plazo se americanizó.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid había discrepancia entre las corrientes favorables al libre comercio acerca de la velocidad con que se debía realizar la apertura comercial; en la victoria de la tendencia extremista tuvo gran influencia un grupo de economistas neoliberales alojados en la Secretaría de Comercio y en el Banco de México. “El más importante de ellos era un joven posgraduado de la Universidad de Chicago llamado Francisco Gil Díaz, el mismo que había ayudado de convertir al ITAM en un centro de economía neoclásica al estilo estadunidense en los años setenta. Gil Díaz tenía numerosos aliados formados en los Estados Unidos fuera del Banco de México, entre ellos, Pedro Aspe, un graduado del ITAM que trabajaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto y Jaime Serra Puche del Colegio de México.” (P. 252).
No obstante, pudiera ser que la autora sobredimensione el peso de ese funcionario y no destaque suficientemente el papel jugado por Carlos Salinas en ese proceso. Página siete, una publicación de la Dirección de Estudios y Análisis de la Coparmex, señala lo siguiente:
“Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se fue dejando el control de la economía en manos de Carlos Salinas de Gortari y de su equipo, a tal grado que, a mediados del sexenio, tomaban prácticamente todas las decisiones en ese rubro. Por eso era previsible que De la Madrid se inclinaría por CSG (1988-1994) para colocarlo como el sucesor. Esa fue la causa de la confrontación entre salinistas y los "duros" del sistema, según la "ley del péndulo" le tocaba el turno a la vieja guardia y en cambio los tecnócratas querían mantenerse en el poder.
En 1987 la crisis cobra forma con la caída de la Bolsa de Valores. Con MMH la inflación alcanzó, en 1987, el 159%.”

“Al trabajar con Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), CSG conoció a Pedro Aspe y a la vez tenía parentesco con Leopoldo Solís Manjarrez (subdirector del Banco de México), quien fue jefe de Ernesto Zedillo. Además, una parte de sus aliados ingresaron como profesores al Colegio de México, tal fue el caso de Manuel Camacho, Luis Donaldo Colosio, Otto Granados, Jaime Serra Puche y Guillermo Ortiz quien conoció en Stanford a José María Córdoba Montoya, éste último fue invitado al Colmex por Francisco Gil Díaz.”
8) Miguel de la Madrid, quien fue Presidente de México entre 1982 y 1988 también estudió en el extranjero, él cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es descrito por la prensa empresarial extranjera, en 1981, como un tecnócrata adepto a la economía moderna, que desconoce la tradición revolucionaria de México, que es ‘“amigo de banqueros y empresarios’”, y como ‘“un capitalista liberal, no un agitador revolucionario’”. (Babb. Ob. Cit. P. 246).
9) Sobre los funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid, que tenían la oportunidad de tomar decisiones trascendentales para el país, dice lo siguiente: “El gabinete de De la Madrid estaba lleno de Maestros y doctores formados en Estados Unidos en una cantidad nunca antes vista en el gobierno mexicano, y casi uno de cada cuatro funcionarios gubernamentales habían estudiado en Estados Unidos (Centeno, 1994, p. 117). De hecho, los funcionarios del gabinete de De la Madrid tenían más probabilidades de tener estudios superiores que los funcionarios del gobierno concurrente de Reagan (Camp, 1994, p. 103).” (Pp. 250-251).
10) Algunos de los maestros y doctores a que alude reiteradamente la autora son los siguientes:
a) Jesús Silva Herzog Flores. Hijo del cofundador de la escuela de economía de la UNAM, del mismo nombre, pero a diferencia de su padre profesa ideas conservadoras. Estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. La revista The Economist dijo de él en 1984 que parecía ser “’más popular con los banqueros neoyorquinos que con algunos de sus compatriotas’”. (P. 247). Fue Secretario de Hacienda al final del gobierno de José López Portillo y durante la primera mitad del gobierno de Miguel de la Madrid; Secretario de Turismo con Salinas y, luego, embajador de México en España y en Estados Unidos.
b) Gustavo Petricioli (Sustituyó en la Secretario de Hacienda a Jesús Silva Herzog, en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid). Fue quien renovó y americanizó los estudios de economía en el ITAM. Él introdujo a dicha secretaría a Jaime Serra Puche).
c) Miguel Mancera. Egresado del ITAM, estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. Dirigió el Banco de México con López Portillo y fue destituido por éste en agosto o septiembre de 1982. Ocupó igual cargo con Miguel de la Madrid y con Salinas. Es descrito por la autora como “un banquero central conservador hasta la médula.” (P. 247).
d) Jaime Serra Puche. Estudió en la Universidad de Yale. Firme defensor del libre comercio. Secretario de Comercio con Salinas y efímero Secretario de Hacienda con Zedillo.
e) Herminio Blanco. Estudió en la Universidad de Chicago. Formó parte de un grupo de asesores formado en Estados Unidos que se aglutinó en la Oficina de Asesores Económicos del gobierno de Miguel de la Madrid. Fue Subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Comercio, con Salinas.
f) “Bajo el régimen de Salinas, todos los estratos superiores y medios de todos los ministerios encargados de la elaboración de políticas económicas estuvieron bajo el dominio de los economistas formados en Estados Unidos.” (P. 255).
g) Ernesto Zedillo. Estudió en la Universidad de Yale.
h) Pedro Aspe Armella. Egresado del ITAM, estudio en el Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT). Secretario de Hacienda con Salinas.
i) Francisco Gil Díaz. Posgraduado en la Universidad de Chicago. Fue Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda con Carlos Salinas, y Secretario de Hacienda con Fox. Desde el 7 de enero de 2007, Gil Díaz es “consejero independiente” de la trasnacional financiera HSBC; recientemente fue nombrado Presidente (representante) de la trasnacional Telefónica de España, conocida en México y América Latina como: Movistar. En marzo de 2005 fue acusado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de ser beneficiario de una pensión por 141 mil 619 pesos mensuales, al tiempo que también cobraba como Secretario de Hacienda.
j) Agustín Carstens. Es egresado de la carrera de economía del ITAM y tiene un postgrado también en economía por la Universidad de Chicago. Hasta antes de asumir el cargo de Secretario de Hacienda, en el actual gobierno, era Sub-Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Algunas fuentes afirman que fue apoyado por Gil Díaz para ocupar este cargo en el actual gobierno, debido a una vieja amistad que pudiera remontarse a una relación surgida en el ITAM, pero que con toda seguridad se dio en el Banco de México.
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO



ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

Jaime Cárdenas

Primer argumento respecto a la competencia y procedimientos de creación y extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la reforma publicada el 27 de diciembre de 1989, estableció tres normas: a) La primera para determinar que las empresas privadas concesionarias que prestaban en ese entonces el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y entidades federativas limítrofes, continuarían en proceso de disolución y liquidación; b) La segunda que ordena y autoriza al Ejecutivo Federal a disponer la creación de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el que tendría a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica, una vez que concluya el proceso de liquidación de las empresas privadas; y, c) La tercera que obliga al Ejecutivo a crear el organismo público descentralizado con arreglo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en cuanto a su estructura, organización y funciones. Además, el artículo tercero transitorio del propio artículo cuarto transitorio mencionado, señaló: “El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos, se constituya el organismo que se ordena crear”.


El artículo cuarto transitorio de la reforma de 1989, se materializó hasta el Decreto del ejecutivo publicado el 9 de febrero de 1994. A través de ese Decreto se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que de acuerdo a la orden dada por el poder legislativo en 1989, determinó personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones y, se ajustó tanto a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de 1989 como a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.


Lo anterior quiere decir que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, no la realizó el ejecutivo, en ejercicio de facultades o competencias que a él le correspondieran “mutuo propio”, sino en virtud de la orden que el legislativo estableció en el artículo cuarto transitorio de 1989 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto significa, que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, tiene como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. No se trató de un acto discrecional del ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, si de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el poder legislativo.

Por tanto, el Decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el poder legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contrario a lo realizado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Argumento que tiene fundamento en el artículo 72, apartado F, de la Constitución, mismo que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos legislativos se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación y, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales que dispone: “En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación”.


Para la extinción de Luz y Fuerza del Centro debió seguirse el camino inverso al de su creación: a) derogación del artículo cuarto transitorio; b) abrogación del Decreto presidencial de 1994 y, c) mediante orden previa del Congreso decreto del ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza del Centro.


El Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro publicado el 11 de octubre de 2009 está en colisión con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley, prescrito en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque sin orden y norma del poder legislativo, el ejecutivo realizó actos jurídicos que no son de su competencia propia y exclusiva.

Segundo argumento respecto a la naturaleza jurídica del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La naturaleza jurídica del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, no es solamente la de un acto administrativo particular y concreto como algunos podrían suponer. Como, bien ha definido la teoría del Derecho, los actos jurídicos pueden ser: generales (universalidad respecto al destinatario que regulan) y abstractos (universales respecto a las conductas que regulan); generales y concretos (cuando son universales respecto a los sujetos pero regulan u ordenan sólo una conducta de esos sujetos o una acción tipo de los mismos); particulares y abstractos (cuando regulan a una persona jurídica pero sobre ella se refieren a diversas conductas); y, particulares y concretos cuando aluden a una persona respecto a una particular conducta u orden1.

El Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se refiere ciertamente a una persona moral, a un organismo descentralizado, sin embargo, implica un decreto derogatorio que pretende eliminar del orden jurídico competencias abstractas que a él le correspondían como organismo descentralizado previstas en las normas de creación del mismo. La norma que crea organismos descentralizados es particular y abstracta, porque se refiere a una persona moral pero regula sobre ella diversas conductas. Lo mismo ocurre con la norma de extinción de un organismo descentralizado, que extingue a una persona moral pero con ella las competencias y atribuciones diversas que ejercía. Por tanto, el decreto de extinción no es un acto administrativo, que contenga exclusivamente normas particulares y concretas.


Además el decreto de extinción no puede ser un acto administrativo particular y concreto, porque ello significaría en términos kelsenianos2, que con él se agota la producción normativa, que con él ya no se autoriza la producción de nuevas normas ni se autoriza a otras autoridades la realización de diversas conductas. Tan no lo es, que por ejemplo, el artículo tercero del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, autoriza la creación de nuevas normas a la Secretaría de Energía cuando determina que ésta “…señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público”. Producción normativa que la Secretaría de Energía realizó el 11 de octubre de 2009 emitiendo las respectivas bases.


En todo caso, se trata de un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo, en tanto que derogó competencias abstractas del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Tal derogación se revistió de un acto formalmente administrativo. Sin embargo, se trata de un acto inválido jurídicamente por tres razones: 1) Porque no fue emitido por el poder competente; 2) Porque no se siguió el procedimiento previsto jurídicamente; y, 3) Porque se aprobó en contra de disposiciones constitucionales.


Si un acto del ejecutivo fuese dictado fuera de las atribuciones que han sido otorgadas a la autoridad emisora, es decir por el constituyente y dentro de la propia Constitución, el mismo está viciado de inconstitucionalidad y es violatorio de garantías.


Tercer argumento respecto de por qué es el poder legislativo el que tiene competencia para crear y extinguir un organismo descentralizado que tiene por objeto la energía eléctrica y no el ejecutivo.


Las razones de por qué el legislativo es el facultado para extinguir Luz y Fuerza del Centro, devienen del carácter estratégico de la industria eléctrica. De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución, las actividades, entre otras, relacionadas con la energía eléctrica son estratégicas, esto es, exclusivas del Estado, no constituyen monopolio y, sólo pueden estar previstas en la Constitución o en las leyes que expida el Congreso. Además, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: “La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley”. Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del ejecutivo sin intervención del poder legislativo.


La electricidad no es una actividad prioritaria en las que constitucionalmente concurre el sector privado y el social con el Estado, tal como se desprende del cuarto párrafo del artículo 28 constitucional y, tampoco es una actividad sujeta al libre mercado y participación de los particulares. Es una de las pocas actividades previstas en la Constitución de las que jurídicamente sólo puede ocuparse el Estado a través de organismos del sector público, como lo indica el párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.


Su carácter estratégico, a su vez se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución que indica en su parte conducente: “…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.

La decisión para crear o extinguir un organismo descentralizado que tiene entre sus fines la prestación del servicio público de la energía eléctrica no pude ser del ejecutivo sin que medie autorización u orden del Congreso, pues se trata de una de las funciones económicas fundamentales del Estado, sobre las que el ejecutivo, como dice el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, sólo tiene competencias sobre el control y la propiedad de dichos organismos.

Por eso, cuando el ejecutivo en 1994, creó Luz y Fuerza del Centro lo hizo por orden del Congreso, no podía hacerlo por sí mismo y en ejercicio de sus propias facultades.

Este punto de vista se robustece con lo establecido por el artículo 73 fracción X de la Constitución, el que determina dentro de las competencias del Congreso la de legislar en materia de energía eléctrica. El ejecutivo no pude dictar normas particulares y abstractas para crear o extinguir un organismo descentralizado vinculado a la energía eléctrica. Si indebidamente lo realiza, al tener que ver con la personalidad jurídica, patrimonio y atribuciones de un organismo descentralizado que tiene por propósito una actividad estratégica del Estado, interferiría en ámbitos de competencia que le corresponden al poder legislativo.

La Ley de las Entidades Paraestatales no precisa en qué casos los organismos descentralizados se crean por ley o decreto del ejecutivo. Una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y secundario, nos lleva a concluir, que cuando se trata de actividades fundamentales para el Estado como son las estratégicas, la facultad es del poder legislativo. Por eso, todos los organismos descentralizados que existen en el país y que tienen que ver con actividades estratégicas han sido creados y extinguidos por Ley (Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera). Los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según se desprende del artículo 14 de la Ley de las Entidades Paraestatales en su facción I, no pueden ser creados o extinguidos por decreto del ejecutivo. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se colige del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado y, en donde el Congreso de acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución tiene facultades para legislar en la materia de electricidad, sólo puede y debe extinguirse por orden del poder legislativo.

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”.

De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación y, el ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción.

No puede dejar de advertirse que el ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los Secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden -convocar a los Secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre e! funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.


En general, la doctrina jurídica de nuestro país sostiene que la creación de organismos descentralizados por Decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencias, pues para ello, es necesario una Ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo3, y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”4, entre otros autores.


Cuarto argumento relacionado con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.

El artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: “Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios”. El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.


A partir de lo contemplado en el artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el Decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el mismo se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la Nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de la misma. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Quinto argumento relacionado con la facultad prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Constitución.

El artículo 73 fracción XI de la Constitución dispone que es facultad del Congreso: “…crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”.

Esa facultad se relaciona con lo previsto en los artículos 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución que determinan que sólo en los presupuestos del Estado o en ley posterior pueden establecerse las retribuciones de los servidores públicos previstos en ley. Un empleo o encargo determinado en ley sólo puede ser suprimido en otra ley y, sus dotaciones o retribuciones deben estar previstas en el Presupuesto de Egresos o en ley posterior.

El ejecutivo al extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, extingue empleos previstos en Ley en contravención al artículo 73 fracción XI de la Constitución, tal como ocurre con el cargo de Director General del organismo, el cual tiene las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley de las Entidades Paraestatales y, las que enumera el artículo 7 del Decreto de creación del organismo Luz y Fuerza del Centro, publicado el 9 de febrero de 1994.


Sexto argumento que se refiere a la violación del artículo 26 de la Constitución en materia de planeación democrática.


En el artículo 26 de la Constitución se establece el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que tiene como eje de articulación el Plan Nacional de Desarrollo. Éste está normado en los artículos 5, 7, 22 y 31 de la Ley de Planeación, bajo las reglas siguientes: 1) E! Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuación del Plan; 2) Al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, el Presidente de la República informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que deberán elaborarse para la ejecución del Plan; 3) En el Plan se indicarán los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados a fin de alcanzar los objetivos y metas de la planeación democrática del desarrollo; y, 4) Las adecuaciones al Plan y los programas sectoriales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.


En el caso concreto, al extinguirse el Decreto de Luz y Fuerza del Centro se afectaron el sistema de planeación democrática del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa institucional del organismo ahora en extinción. Las modificaciones que sufrieron el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía, con la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debieron ser revisadas por el Congreso de la Unión. Tales modificaciones a su vez, debieron ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, nada de lo anterior tuvo lugar en el caso concreto.


Séptimo argumento relacionado con las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.


El organismo descentralizado Luz y Fuerza del centro está sujeto al control presupuestal de la Cámara de Diputados en los términos de los artículos 74 y 126 de la Constitución. La emisión del decreto del ejecutivo de extinción (publicado el 11 de octubre de 2009), trastoca el contenido sustantivo del Presupuesto de Egresos vigente en el año 2009 e igualmente altera la estructura programática-presupuestal derivada del mismo. Lo anterior significa que antes de la promulgación del Decreto, el ejecutivo debió dar a la representación nacional la intervención que constitucionalmente le correspondía en materia presupuestal.

Igualmente, para indemnizar a los trabajadores y disponer de más de 20 mil millones de pesos para ese efecto, según se fundamenta en los artículos cuarto y quinto del decreto de extinción, el ejecutivo debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados y en su defecto del Congreso, pues no puede hacerse pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto o en ley posterior.


Octavo argumento vinculado con los derechos de los trabajadores, con las garantías de audiencia, de defensa, legalidad y de debido proceso.


El decreto de extinción conculca los derechos de los trabajadores porque con esa dispositivo, se transgrede el contenido normativo del artículo 5 de la Constitución que consagra y tutela el derecho al trabajo, derecho que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y, que el ejercicio de la libertad de trabajo sólo puede vedarse por determinación judicial.


Igualmente, el decreto de extinción conculca los derechos de audiencia, defensa y debido proceso legal, pues las relaciones de trabajo se dieron por terminadas en virtud de un Decreto de extinción, en donde los trabajadores no tuvieron derecho de audiencia, de defensa ni oportunidad para ventilar sus derechos ante autoridad competente y mediante un procedimiento previsto en la ley que fundara y motivara la causa legal del mismo. Lo anterior es claramente violatorio de los artículos 1, 5, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución.

El decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo establecidas en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, sin haber seguido los procedimientos que regulan los conflictos colectivos de naturaleza económica previstos en el artículo 900 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo y, sin que las autoridades competentes conocieran de los mismos y resolvieran en consecuencia, violando con ello, los artículos 9 y el 123 apartado A fracciones XVI, XVII, XVIII, XX y XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La causa de la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es la incosteabilidad de la empresa, según lo expresa la exposición de motivos del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009. Dicha incosteabilidad se considera imputable a las prestaciones de los trabajadores y se funda en diagnósticos y estudios de la Secretaría de Energía. Sin embargo, esos estudios y diagnósticos no se hicieron del conocimiento de los trabajadores, se consideraron información reservada impidiendo a los trabajadores su derecho de defensa. Según el artículo 434 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, es causa de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad de la explotación y, de acuerdo al artículo 435 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, es decir la empresa, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. En el caso concreto, se transgreden derechos laborales, pues las autoridades competentes no se pronunciaron sobre la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no se dio a los trabajadores derecho de defensa y audiencia y, no se ventiló el procedimiento que determina la ley para esos efectos.


Además, se violenta el artículo 133 de la Constitución, pues los convenios 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, establecen garantías de seguridad y legalidad jurídicas para los trabajadores, tanto en la protección de sus derechos individuales como colectivos. Dichas garantías, tanto a nivel individual como colectivo se trastocaron con la emisión del Decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. De esta suerte se privó a los electricistas de los derechos al trabajo digno y socialmente útil, libertad sindical, derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo, sindicación, huelga y contratación colectiva, sin cumplir ninguna de las formalidades del debido proceso.


Noveno argumento relacionado con la suspensión inconstitucional de garantías.

Por la vía de los hechos, el titular del ejecutivo federal y su gabinete, en violación de los artículos 29 y 129 de la Constitución de los Estados Unidos, ordenaron tomar por fuerza pública y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a las 23:00 horas, del sábado 10 de octubre de 2009, día inhábil, por medio de la policía federal y elementos encubiertos del ejército mexicano, tal como dieron cuenta los medios de comunicación electrónicos e impresos. Obligaron a los trabajadores que ahí se encontraban a abandonar sus puestos de trabajo y colocaron en su lugar a trabajadores de la Compañía Federal de Electricidad. Lo anterior lo realizaron sin que el Decreto de Extinción estuviese aún publicado, sin que hubiese entrado en vigor, sin orden de autoridad competente que fundara y motivara la causa del procedimiento o, que justificara la suspensión de garantía alguna. De facto, la policía federal y elementos militares actuaron anticonstitucionalmente. En el caso de los militares, éstos actuaron en tiempo de paz fuera de los extremos previstos en el artículo 129 de la Constitución.

Décimo argumento vinculado al derecho de asociación.


El Decreto de extinción viola el artículo 9 de la Constitución que garantiza el derecho de asociación, en tanto que los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, a consecuencia del decreto perdieron la fuente de empleo a la que tenían derecho y, con ello, el derecho a mantener la vigencia plena de su sindicato. Además, han sido culpados en el Decreto de la ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado, cuando jurídicamente la administración del organismo recae en la dirección del mismo, en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y en la Secretaría de Energía, según se desprende del Decreto de creación del citado organismo. Luego entonces, la conducción financiera y administrativa del organismo, no estaba en manos de los trabajadores y a ellos no les es imputable la incosteabilidad de la empresa pública, como lo hace creer el diagnóstico de la Secretaría de Energía y el propio Decreto de extinción.


El despido de 66 mil, entre trabajadores activos y jubilados, en virtud de un Decreto inconstitucional de extinción del organismo en el que laboraban, constituye un atropello a los derechos laborales de los trabajadores, los que están consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Sobre todo, cuando se critican y se establecen como fundamentos en el Decreto de extinción, los logros del contrato colectivo entre el sindicato y el organismo descentralizado, que son la consecuencia del orden jurídico laboral vigente, mismo que hasta ahora es de carácter social en el Derecho mexicano.


Décimo primer argumento relacionado con el objeto de una controversia constitucional.

A diferencia de lo que tradicionalmente se supone, las controversias constitucionales no solo atienden a cuestiones vinculadas a los conflictos competenciales entre autoridades legitimadas por el artículo 105 fracción I de la Constitución. Por medio de la controversia constitucional, es posible reclamar el control de la regularidad constitucional y, por ende, el examen de todo tipo de violaciones constitucionales. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “Controversia constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal” (tesis jurisprudencial 98/1999, siete de septiembre de 1999) ha establecido jurisprudencia que le permite a través de la figura de la controversia constitucional conocer de cualquier acto contrario a la norma fundamental y no sólo los que tienen relación con las diferencias por competencias entre poderes y órganos del Estado.

Décimo segundo argumento sobre las violaciones a los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social por la expedición del Decreto de extinción.

El Decreto de extinción transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se violentan los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social. La violación de derechos humanos previstos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano da lugar a violaciones a la Constitución, pues de acuerdo al artículo 133 de la norma fundamental, los tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión y obligan a todas las autoridades del Estado y, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por nuestro país en 1974, los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando no acatan los tratados, aunque su orden interno, aún sea el constitucional disponga otra cosa5.


Décimo tercer argumento relacionado con el desvío de poder.


Según el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los principios de publicidad y la buena fe deben regir cualquier actuación administrativa. Por la manera en que se han dado los acontecimientos, antes, durante y, después de la publicación del Decreto de extinción, parece que el propósito gubernamental de extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro tiene que ver, más que con la eliminación del organismo con la eliminación de Sindicato Mexicano de Electricistas, organización sindical que se ha distinguido por su carácter opositor y reivindicativo de un modelo económico alternativo diferente al neoliberal. El artículo 3, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla la figura del desvío de poder, al indicar que el acto administrativo debe cumplir con finalidades de interés público sin que puedan perseguirse otros fines. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Baena Ricardo y otros. Panamá”6, determinó que la destitución de numerosos servidores públicos que habían participado en una movilización organizada por la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales carecía de validez jurídica porque lo que pretendía en realidad el gobierno de Panamá era coartar la libertad de asociación sindical reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y prevista igualmente en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.


Décimo cuarto argumento sobre el derecho humano al proyecto de vida y al mínimo vital.

El Decreto de extinción modifica la existencia presente y futura de los trabajadores y sus familias. Tal situación violenta el “derecho humano al proyecto de vida” sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo. Perú”7, señaló que el derecho humano al proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone y, que esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no es ajeno a esa Corte.


En cuanto, al derecho al mínimo vital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1780/2006, de 31 de enero de 2007, dijo que el derecho al mínimo vital coincide con “…las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona sea vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean”8.


Décimo quinto argumento vinculado al derecho humano a la verdad.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ivcher Bronstein. Perú”9, señaló que las personas y la colectividad tienen derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos que les atañen o les preocupan. Tanto los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus familias, como la sociedad, tienen derecho a saber la verdad histórica de los hechos que motivaron la toma violenta de las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y la extinción del mismo. El derecho humano a la verdad está en entredicho porque en la exposición de motivos del Decreto se alude a que una de las causas de la extinción del organismo reside en la quiebra técnica e incosteabilidad de esa empresa pública, situación que se conocía desde la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación practicada a la cuenta pública de 2006. Esa situación intentó ser superada mediante la celebración de un Convenio de Productividad, firmado el 16 de marzo de 2008, entre la empresa y el Sindicato y avalado por el gobierno federal. Sin embargo, después de más de un año, en donde ya se habían reconocido por la empresa y por el gobierno, los avances en dicho convenio en más del 90%, el ejecutivo decidió extinguirla sin previo aviso a los trabajadores, al Congreso o a la sociedad.


1 BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho. Madrid, Editorial Debate, 1992, pp. 141-146.

2 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho. México, UNAM, 1981, 201-284.


3 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 1983, pp. 216-217.


4 FAUZI HAMDAN, Amad, “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”, Revista de Investigaciones Jurídicas, No. 10, México, Escuela Libre de Derecho, 1986, pp. 189-190.

5 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “El control abstracto de constitucionalidad de las leyes en México”, en Derecho. Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2001, p. 320.


6 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen II, 2006, pp. 420-450.


7 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 172-225.


8 Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Ornar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

9 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 721-765.


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