Temas de Política con Adjetivos

Tiempos postmodernos

2011-12-23T10:12:00.000-08:00

Paraísos alrededor de Guadalajara

2011-05-25T11:43:00.000-07:00

Pasaporte

El matrimonio Pint, Susy y John, firmando los ejemplares de regalo para los lectores de EL INFORMADOR.

* Destinos de fin de semana

Apasionados por la naturaleza, John y Susy Pint comparten sus aventuras en un libro lleno de hazañas y consejos
GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2011).- Bajo el lema “Conoce lo tuyo”, la casa tequilera San Matías busca promover los destinos turísticos mexicanos, por esta razón, actualmente patrocina un libro lleno de historias, lugares asombrosos y un círculo mágico.

De la autoría de John y Susy Pint, un intrépido y aventurero matrimonio, Rutas y destinos de fin de semana, cerca de Guadalajara, busca invitar a los tapatíos a mirar lo que hay alrededor de ellos: “Paisajes asombrosos e irrepetibles”.

John no es un caso aislado, se trata de un norteamericano originario de Wisconsin que por cosas del destino conoció esta tierra y se enamoró profundamente no sólo de ella, sino de una mexicana: Susy.

Ya como pareja, los Pint comenzaron a visitar lugares cerca de Guadalajara. Los primeros recorridos los hicieron por el año de 1985, más de 10 años después John no podía creer que los hermosos destinos naturales no se agotaran.

Un día, mientras reflexionaba sobre el tema, se preguntó “¿cuándo voy a concluir con los lugares bonitos, porque parece que aquí no tienen final?”.
Motivado por descubrir la razón de la extensa biodiversidad cerca de la Perla Tapatía, y con el deseo de saber qué hace especial a esta zona, comenzó a leer e investigar en diferentes publicaciones. Después, para delimitar un área específica, trazó un círculo de 250 kilómetros de radio y puso como centro a Guadalajara. Lo que encontró lo dejó impresionado y más emocionado que nunca a seguir explorando.

“Toda la República Mexicana cuenta con cinco grandes ecosistemas, resulta que todos se juntan alrededor de Guadalajara, y es el único lugar en el país donde se reúnen de esta manera, con tan fácil acceso. Lo llamé el círculo mágico”, detalla John. La circunferencia es del mismo tamaño que Kansas, en Estados Unidos, pero el autor asegura que, sin embargo, recorrer ese estado norteamericano “resulta muy aburrido, pues kilómetro tras kilómetro, todo es igual”.

Además, John extendió su investigación a otras partes del mundo y asegura que hasta el momento, no ha encontrado otro sitio con la riqueza que el círculo mágico posee.

Infinidad de rutas que conectan con las principales ciudades, lagos, manantiales, formaciones rocosas impresionantes, zonas para hacer rápel, playas, bosques y montañas, son sólo un poco de lo que se puede encontrar en la circunferencia que los Pint describen en su libro, en el que no sólo cuentan parte de sus aventuras, sino que además adjuntan un mapa para llegar a cada uno de estos 40 destinos “majestuosos”, así como sugerencias, consejos y, sobre todo, anexan parte de su corazón enamorado de México.
Tomado de El Informador. Periódico de Guadalajara, Jalisco. CRÉDITOS:
Informador Redacción / AOC Mayo-15 03:01 hrs

Movimientos altermundistas y creación de un polo social y político alternativo en México

2011-05-11T12:58:00.002-07:00

Según Immanuel Wallerstein creó el concepto movimiento antisitémico, en la década de los años setenta del siglo XX, para referirse a dos tipos de movimientos: uno es los llamados movimientos sociales y, el otro, es los movimientos nacionales.
Por su parte, los movimientos sociales contemporáneos que tratan de enfrentar y superar los efectos nocivos de la globalización capitalista neoliberal prefieren definirse como movimientos alterglobalización para evitar el concepto negativo de antisistémico o antiglobalización y, más aún, el concepto perverso atribuido a Ernesto Zedillo: globalifóbicos. El concepto altermundista hace referencia a la idea de que "Otro mundo es posible", concepto que tendría su origen en los trabajos del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre Brasil en el año de 2001. Estos movimientos se definen por su oposición a la globalización depredadora, y entre sus métodos de acción utilizan los recursos y métodos de la llamada globalización cultural.
Se trata de movimientos plurales, pues existe gran diversidad política e ideológica entre sus miembros. Esta característica excluye de inmediato cualquier simplificación relativa a una afiliación mecánica de los grupos que promueven medidas alternativas de algún aspecto de la amplia textura del sistema socioeconómico y sociopolítico con los grupos y partidos políticos de izquierda; pero cabe aclarar que los vincula la resistencia del sistema hegemónico a las alternativas y cambios que proponen. Por eso existe una vía natural -no transitable de manera obligatoria y necesaria- entre dichos agrupamientos y la conformación de un polo social y político de izquierda.
El altermundismo se compone de asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y redes ciudadanas, que agrupan a campesinos, estudiantes, sindicalistas, ecologistas, defensores de derechos humanos, pacifistas, y miembros de organizaciones políticas, entre otras muchas tendencias y orientaciones. Sus métodos de lucha van desde el envío de mensajes por internet hasta la acción directa contra los cuerpos policiacos que intentan “volverlos a la cordura”; también incluyen campañas de desobediencia civil de diferente tipo.
El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 es considerado como la primera protesta social contra los efectos nocivos de las políticas neoliberales de la globalización capitalista y, por ende, como el primer intento exitoso de resistencia al neoliberalismo. El efecto zapatista se inicia con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, con la cual el movimiento se da a conocer, y con la realización del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo. Los zapatistas realizaron en 1997 un segundo encuentro en el mismo sentido.
En tanto, el movimiento altermundista en Estados Unidos se vuelve visible tiempo después, durante la protesta social de Seattle en 1999. Cabe recordar cómo en la década de los años noventa la globalización era presentada con el lenguaje de los dueños del capital y la riqueza. Las protestas antiglobalización despojaron a esa política de su pretendida pureza y obligaron a algunos de sus beneficiarios a incluir en su lenguaje términos y propuestas que hacen alusión a los derechos laborales, a la protección del ambiente, a los derechos humanos, al combate a la pobreza y a una distribución más justa de la riqueza.
En México, los movimientos, organizaciones y personajes que han tomado posición en torno a la necesidad de modificar los efectos nocivos de las políticas privatizadoras y rapaces presentadas como públicas, son muy amplios y presentan una gran diversidad de matices, profundidad, consistencia y forma de organizarse. Aquí destacaremos solamente algunos ejemplos.
Desde que en los años setenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó su primera conferencia sobre Ambiente Humano este tema se puso en primer plano. El movimiento contra la construcción de la planta nuclear de Laguna Verde, Veracruz, en 1984 es tan solo uno de los primeros antecedentes; pero cabe destacar que desde esa década los ecologistas encuentran interlocutores en los medios de comunicación y participan en la Cumbre de la Tierra. Hoy los movimientos ambientalistas en el país tienen una gran diversidad, tanto en objetivos como en métodos de lucha. Referente a los objetivos, varían desde aquellos dirigidos a combatir la contaminación del aire, del agua, del suelo, la erosión, pasando por el manejo de residuos peligrosos y desechos sólidos de impacto ambiental; y prosiguiendo con el ordenamiento ecológico del territorio, el manejo de las áreas naturales protegidas (manglares, bosques, selvas, medio marino, protección de ríos y humedales); para continuar con una lista inconclusa, pero que incluye la defensa de especies amenazadas o en peligro de extinción, el cambio climático, las tecnologías contaminantes , las energías alternativas, la agricultura orgánica, y los productos y semillas transgénicas, entre otros muchos aspectos que distinguimos con un etcétera.
Los derechos humanos han generado una amplia variedad de movimientos, organizaciones y acciones personales, desde aquellas que proclaman el respeto a los derechos civiles y políticos (derechos de primera generación) hasta aquellas más profundas del humanismo radical que plantean como objetivo construir el sujeto humano y humanizar la vida. En este sentido, se plantea la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda generación) que en México ha dado lugar al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía. Para continuar con los derechos de solidaridad (de tercera generación), tales como: la lucha por la paz, la calidad de vida, el ambiente sano, garantías contra la manipulación genética, el uso de la ciencia y la tecnología; y seguir con la demanda de solución a los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; así como los derechos del consumidor, a la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.
La idea de un mundo único e indiferenciado, subyacente a las políticas globalizadoras del neoliberalismo capitalista, encuentra seria resistencia en quienes lo entienden como un mundo diverso en donde existen seres humanos también diversos. La Asamblea de Movimientos Sociales realizada en Dakar Senegal, durante el Foro Social Mundial 2011, llegó a una serie de acuerdos generales de los cuales destaco algunos de los relativos a la diversidad humana. La Asamblea se pronunció por el respeto a la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género, contra la homofobia y la violencia sexista, además de contra la violencia hacia la mujer. En México existe una gran diversidad de grupos de diverso signo y tendencia: de información sobre reproducción asistida; de servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva; de atención sicológica, sexológica y educativa para el crecimiento personal; de promoción al desarrollo de la juventud; de atención integral a la pareja; asociaciones de carácter civil como: Católicas por el Derecho a Decidir; de formación de liderazgos sociales para jóvenes de ambos sexos; de planeación familiar; sobre democracia y sexualidad; de salud integral para la mujer, de ejercicio libre de su sexualidad, de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y de combate al machismo que las afecta; de fortalecimiento de la cultura cívica (igualdad, libertad y privacidad); para tender puentes entre las mujeres y los congresistas; incluyendo el Fondo de Población de Naciones Unidas.
La solidaridad con los pueblos originarios encontró eco en las raíces profundas, pluriculturales y pluriétnicas del tejido social mexicano, patentizado en el amplio apoyo brindado al movimiento zapatista en particular -desde su nacimiento- e indígena en general. Aspecto sobre el cual no voy a extenderme.
La posibilidad de encontrar vasos comunicantes entre los movimientos altermundistas y la conformación de un polo social y político de izquierda en México se encuentra siempre abierta. Este es el caso del Movimiento de Unidad Social-Por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP) que agrupa a organizaciones indígenas, populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, de derechos humanos y cristianas; con presencia –según ellos mismos- en más de 700 municipios de las 32 entidades federativas del país. La historia de este movimiento –de acuerdo a sus protagonistas- dataría de décadas, proceso en el cual habrían acumulado experiencia en la lucha social y en labores de propaganda y organización de los sectores más pobres de nuestra patria. El MUSOC-GP es un movimiento popular y ciudadano que está organizando brigadas de activistas en todos los municipios y comunidades de las ocho regiones de Oaxaca; pero buscan trascender las fronteras estatales para sacar a la derecha del poder en México. En razón de ese objetivo el domingo 27 de marzo de 2011 firmaron un acuerdo con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
Por lo que respecta al Movimiento de Regeneración Nacional esta agrupación señala contar con 2 mil comités municipales integrados por 14 mil ciudadanos, haber formado 25 mil comités en igual número de secciones electorales del país, y se propone integrar un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales con que cuenta la República mexicana. En los 25 mil comités formados participan 100 mil ciudadanos, y cuando a fines de 2011 hayan integrado los 65 mil comités de sección electoral contarán con 250 mil dirigentes de base en todo el territorio nacional.
El Movimiento de Regeneración Nacional espera contar con 4 millones de Protagonistas del Cambio Verdadero (PCV), como denomina a los integrantes de base, al finalizar 2011. Su expectativa es que cada miembro reúna cinco familiares y amigos con lo que dispondría de una fuerza política integrada por 20 millones de personas. Señalan que diariamente se anotan 10 mil personas.
El éxito del Movimiento de Regeneración Nacional dependerá fundamentalmente de dos factores: el primero es que logre consolidar su organización interna y, el segundo, es que se logre vertebrar con el amplio, variado y heterogéneo movimiento social y altermundista del país.

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOLIBERAL

2010-08-26T08:36:00.000-07:00

En el libro Proyecto: México Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de la socióloga norteamericana Sarah Babb, editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2003, se expone el proceso que conduce a la apertura comercial y, luego, generalizada de otros rubros de la economía del país. Señala, que:
1) En 1984 el Banco Mundial (BM) otorgó a México el primer ‘“Préstamo de política comercial’ en la historia del banco, que benefició a México con una serie de préstamos a cambio de una amplia liberación comercial.” (P. 253).
2) En respuesta Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera se dirigieron al Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo de 1985, informándole que habría ‘“una completa revisión de las políticas comerciales’, comenzando por el remplazo de los controles cuantitativos a las importaciones por tarifas”. (Ibid).
3) El gobierno de Ronald Reagan anunció que “no intercederá por México con los bancos internacionales a menos que éste ‘llevara a cabo reformas estructurales sustantivas’ y llegara a un nuevo acuerdo con el FMI”. (Ibid).
4) Pero los funcionarios mexicanos no necesitaban amenazas: desde el principio estuvieron de acuerdo con los economistas del Banco Mundial en abrir la política comercial, como consecuencia en 1982 México había obtenido más préstamos que ningún otro país para combatir la pobreza, a grado tal que era considerado como el país mimado de los economistas de dicho organismo financiero. A mediados de los años ochenta los funcionarios del Banco Mundial ya tenían claro que los funcionarios mexicanos tenían ideas semejantes a las suyas, a grado tal de que habían reducido las barreras comerciales más de lo que el propio banco les exigía. La autora cita a Damian Fraser cuando dice en 1992 que: ‘“Los economistas del Banco Mundial y los funcionarios mexicanos a menudo pasan juntos los fines de semana en reuniones creativas sobre asuntos de política. Muchos tienen posgrados de las mismas universidades de los Estados Unidos y los mismos amigos.” (P. 254).
5) La autora hace suyo el comentario de Blanca Heredia, “quien afirma que la victoria del libre comercio en México no se logró por presiones externas, sino que era reflejo de los imperturbables puntos de vista del libre mercado de los funcionarios que habían tomado el control de la toma de decisiones en política económica”. (Ibid).
6) La colaboración entre los economistas mexicanos, formados en el extranjero, con los funcionarios del Banco Mundial, llevó a que México ingresara al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT por las siglas en inglés) en 1986, lo que dio como resultado que se eliminaran “muchos requisitos de licencias y controles cuantitativos.” A grado tal que: “En 1987, el gobierno mexicano implantó un programa de liberalización comercial que iba más allá de los requisitos del GATT. Estas colaboraciones culminaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llevado a cabo durante el régimen de Salinas (1988-1994). El TLCAN comprometió a México a bajar las tarifas y eliminar barreras no arancelarias sobre bienes importados de Estados Unidos y Canadá. En algunos aspectos, el tratado es mucho más un documento doctrinario de libre comercio que el del GATT: mientras que el GATT reconoce el derecho de los gobiernos a restringir temporalmente las importaciones en casos de crisis de la balanza de pagos, el TLCAN niega efectivamente el acceso a tales restricciones.” (Ibid).
7) ¿Cómo fue posible que la fortaleza económica mexicana se rindiera prácticamente sin oponer resistencia? La autora destaca el papel jugado por algunos funcionarios del Banco de México y por el Instituto Tecnológico de México, luego: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la formación de varias camadas de economistas orientados ha promover políticas de libre mercado. Nos dice que en los años setenta la influencia de un grupo de banqueros centrales (del Banco de México) en el ITAM estaba teniendo el efecto de convertir la carrera de economía en un programa de tiempo completo al estilo de Estados Unidos y, a su juicio, riguroso por “la intensificación del uso de una teoría económica formal, el alejamiento del keynesianismo y el impresionante incremento en la complejidad matemática.” (P. 207). Hacia el año de 1971, con frecuencia, el destino de los graduados del ITAM, era la Universidad de Chicago. Destaca que: “la influencia de Chicago fue muy fuerte a mediados de los años setenta, bajo la influencia del banquero central, Francisco Gil Díaz, quien fue director del ITAM de 1973 a 1978.” (P. 205). Sin embargo, no se puede decir que haya predominado la corriente de los Chicago boys en el ITAM, sino más bien lo que ocurrió es que a largo plazo se americanizó.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid había discrepancia entre las corrientes favorables al libre comercio acerca de la velocidad con que se debía realizar la apertura comercial; en la victoria de la tendencia extremista tuvo gran influencia un grupo de economistas neoliberales alojados en la Secretaría de Comercio y en el Banco de México. “El más importante de ellos era un joven posgraduado de la Universidad de Chicago llamado Francisco Gil Díaz, el mismo que había ayudado de convertir al ITAM en un centro de economía neoclásica al estilo estadunidense en los años setenta. Gil Díaz tenía numerosos aliados formados en los Estados Unidos fuera del Banco de México, entre ellos, Pedro Aspe, un graduado del ITAM que trabajaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto y Jaime Serra Puche del Colegio de México.” (P. 252).
No obstante, pudiera ser que la autora sobredimensione el peso de ese funcionario y no destaque suficientemente el papel jugado por Carlos Salinas en ese proceso. Página siete, una publicación de la Dirección de Estudios y Análisis de la Coparmex, señala lo siguiente:
“Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se fue dejando el control de la economía en manos de Carlos Salinas de Gortari y de su equipo, a tal grado que, a mediados del sexenio, tomaban prácticamente todas las decisiones en ese rubro. Por eso era previsible que De la Madrid se inclinaría por CSG (1988-1994) para colocarlo como el sucesor. Esa fue la causa de la confrontación entre salinistas y los "duros" del sistema, según la "ley del péndulo" le tocaba el turno a la vieja guardia y en cambio los tecnócratas querían mantenerse en el poder.
En 1987 la crisis cobra forma con la caída de la Bolsa de Valores. Con MMH la inflación alcanzó, en 1987, el 159%.”

“Al trabajar con Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), CSG conoció a Pedro Aspe y a la vez tenía parentesco con Leopoldo Solís Manjarrez (subdirector del Banco de México), quien fue jefe de Ernesto Zedillo. Además, una parte de sus aliados ingresaron como profesores al Colegio de México, tal fue el caso de Manuel Camacho, Luis Donaldo Colosio, Otto Granados, Jaime Serra Puche y Guillermo Ortiz quien conoció en Stanford a José María Córdoba Montoya, éste último fue invitado al Colmex por Francisco Gil Díaz.”
8) Miguel de la Madrid, quien fue Presidente de México entre 1982 y 1988 también estudió en el extranjero, él cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es descrito por la prensa empresarial extranjera, en 1981, como un tecnócrata adepto a la economía moderna, que desconoce la tradición revolucionaria de México, que es ‘“amigo de banqueros y empresarios’”, y como ‘“un capitalista liberal, no un agitador revolucionario’”. (Babb. Ob. Cit. P. 246).
9) Sobre los funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid, que tenían la oportunidad de tomar decisiones trascendentales para el país, dice lo siguiente: “El gabinete de De la Madrid estaba lleno de Maestros y doctores formados en Estados Unidos en una cantidad nunca antes vista en el gobierno mexicano, y casi uno de cada cuatro funcionarios gubernamentales habían estudiado en Estados Unidos (Centeno, 1994, p. 117). De hecho, los funcionarios del gabinete de De la Madrid tenían más probabilidades de tener estudios superiores que los funcionarios del gobierno concurrente de Reagan (Camp, 1994, p. 103).” (Pp. 250-251).
10) Algunos de los maestros y doctores a que alude reiteradamente la autora son los siguientes:
a) Jesús Silva Herzog Flores. Hijo del cofundador de la escuela de economía de la UNAM, del mismo nombre, pero a diferencia de su padre profesa ideas conservadoras. Estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. La revista The Economist dijo de él en 1984 que parecía ser “’más popular con los banqueros neoyorquinos que con algunos de sus compatriotas’”. (P. 247). Fue Secretario de Hacienda al final del gobierno de José López Portillo y durante la primera mitad del gobierno de Miguel de la Madrid; Secretario de Turismo con Salinas y, luego, embajador de México en España y en Estados Unidos.
b) Gustavo Petricioli (Sustituyó en la Secretario de Hacienda a Jesús Silva Herzog, en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid). Fue quien renovó y americanizó los estudios de economía en el ITAM. Él introdujo a dicha secretaría a Jaime Serra Puche).
c) Miguel Mancera. Egresado del ITAM, estudió una maestría en economía en la Universidad de Yale. Dirigió el Banco de México con López Portillo y fue destituido por éste en agosto o septiembre de 1982. Ocupó igual cargo con Miguel de la Madrid y con Salinas. Es descrito por la autora como “un banquero central conservador hasta la médula.” (P. 247).
d) Jaime Serra Puche. Estudió en la Universidad de Yale. Firme defensor del libre comercio. Secretario de Comercio con Salinas y efímero Secretario de Hacienda con Zedillo.
e) Herminio Blanco. Estudió en la Universidad de Chicago. Formó parte de un grupo de asesores formado en Estados Unidos que se aglutinó en la Oficina de Asesores Económicos del gobierno de Miguel de la Madrid. Fue Subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Comercio, con Salinas.
f) “Bajo el régimen de Salinas, todos los estratos superiores y medios de todos los ministerios encargados de la elaboración de políticas económicas estuvieron bajo el dominio de los economistas formados en Estados Unidos.” (P. 255).
g) Ernesto Zedillo. Estudió en la Universidad de Yale.
h) Pedro Aspe Armella. Egresado del ITAM, estudio en el Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT). Secretario de Hacienda con Salinas.
i) Francisco Gil Díaz. Posgraduado en la Universidad de Chicago. Fue Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda con Carlos Salinas, y Secretario de Hacienda con Fox. Desde el 7 de enero de 2007, Gil Díaz es “consejero independiente” de la trasnacional financiera HSBC; recientemente fue nombrado Presidente (representante) de la trasnacional Telefónica de España, conocida en México y América Latina como: Movistar. En marzo de 2005 fue acusado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de ser beneficiario de una pensión por 141 mil 619 pesos mensuales, al tiempo que también cobraba como Secretario de Hacienda.
j) Agustín Carstens. Es egresado de la carrera de economía del ITAM y tiene un postgrado también en economía por la Universidad de Chicago. Hasta antes de asumir el cargo de Secretario de Hacienda, en el actual gobierno, era Sub-Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Algunas fuentes afirman que fue apoyado por Gil Díaz para ocupar este cargo en el actual gobierno, debido a una vieja amistad que pudiera remontarse a una relación surgida en el ITAM, pero que con toda seguridad se dio en el Banco de México.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

2010-08-24T08:18:00.000-07:00

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN
CONTRA DEL DECRETO QUE EXTINGUE EL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

Jaime Cárdenas

Primer argumento respecto a la competencia y procedimientos de creación y extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la reforma publicada el 27 de diciembre de 1989, estableció tres normas: a) La primera para determinar que las empresas privadas concesionarias que prestaban en ese entonces el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y entidades federativas limítrofes, continuarían en proceso de disolución y liquidación; b) La segunda que ordena y autoriza al Ejecutivo Federal a disponer la creación de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el que tendría a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica, una vez que concluya el proceso de liquidación de las empresas privadas; y, c) La tercera que obliga al Ejecutivo a crear el organismo público descentralizado con arreglo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en cuanto a su estructura, organización y funciones. Además, el artículo tercero transitorio del propio artículo cuarto transitorio mencionado, señaló: “El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos, se constituya el organismo que se ordena crear”.

El artículo cuarto transitorio de la reforma de 1989, se materializó hasta el Decreto del ejecutivo publicado el 9 de febrero de 1994. A través de ese Decreto se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que de acuerdo a la orden dada por el poder legislativo en 1989, determinó personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones y, se ajustó tanto a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de 1989 como a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Lo anterior quiere decir que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, no la realizó el ejecutivo, en ejercicio de facultades o competencias que a él le correspondieran “mutuo propio”, sino en virtud de la orden que el legislativo estableció en el artículo cuarto transitorio de 1989 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto significa, que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, tiene como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. No se trató de un acto discrecional del ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, si de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el poder legislativo.

Por tanto, el Decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el poder legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contrario a lo realizado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Argumento que tiene fundamento en el artículo 72, apartado F, de la Constitución, mismo que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos legislativos se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación y, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales que dispone: “En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación”.

Para la extinción de Luz y Fuerza del Centro debió seguirse el camino inverso al de su creación: a) derogación del artículo cuarto transitorio; b) abrogación del Decreto presidencial de 1994 y, c) mediante orden previa del Congreso decreto del ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro publicado el 11 de octubre de 2009 está en colisión con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley, prescrito en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque sin orden y norma del poder legislativo, el ejecutivo realizó actos jurídicos que no son de su competencia propia y exclusiva.

Segundo argumento respecto a la naturaleza jurídica del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La naturaleza jurídica del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, no es solamente la de un acto administrativo particular y concreto como algunos podrían suponer. Como, bien ha definido la teoría del Derecho, los actos jurídicos pueden ser: generales (universalidad respecto al destinatario que regulan) y abstractos (universales respecto a las conductas que regulan); generales y concretos (cuando son universales respecto a los sujetos pero regulan u ordenan sólo una conducta de esos sujetos o una acción tipo de los mismos); particulares y abstractos (cuando regulan a una persona jurídica pero sobre ella se refieren a diversas conductas); y, particulares y concretos cuando aluden a una persona respecto a una particular conducta u orden1.

El Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se refiere ciertamente a una persona moral, a un organismo descentralizado, sin embargo, implica un decreto derogatorio que pretende eliminar del orden jurídico competencias abstractas que a él le correspondían como organismo descentralizado previstas en las normas de creación del mismo. La norma que crea organismos descentralizados es particular y abstracta, porque se refiere a una persona moral pero regula sobre ella diversas conductas. Lo mismo ocurre con la norma de extinción de un organismo descentralizado, que extingue a una persona moral pero con ella las competencias y atribuciones diversas que ejercía. Por tanto, el decreto de extinción no es un acto administrativo, que contenga exclusivamente normas particulares y concretas.

Además el decreto de extinción no puede ser un acto administrativo particular y concreto, porque ello significaría en términos kelsenianos2, que con él se agota la producción normativa, que con él ya no se autoriza la producción de nuevas normas ni se autoriza a otras autoridades la realización de diversas conductas. Tan no lo es, que por ejemplo, el artículo tercero del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, autoriza la creación de nuevas normas a la Secretaría de Energía cuando determina que ésta “…señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público”. Producción normativa que la Secretaría de Energía realizó el 11 de octubre de 2009 emitiendo las respectivas bases.

En todo caso, se trata de un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo, en tanto que derogó competencias abstractas del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Tal derogación se revistió de un acto formalmente administrativo. Sin embargo, se trata de un acto inválido jurídicamente por tres razones: 1) Porque no fue emitido por el poder competente; 2) Porque no se siguió el procedimiento previsto jurídicamente; y, 3) Porque se aprobó en contra de disposiciones constitucionales.

Si un acto del ejecutivo fuese dictado fuera de las atribuciones que han sido otorgadas a la autoridad emisora, es decir por el constituyente y dentro de la propia Constitución, el mismo está viciado de inconstitucionalidad y es violatorio de garantías.

Tercer argumento respecto de por qué es el poder legislativo el que tiene competencia para crear y extinguir un organismo descentralizado que tiene por objeto la energía eléctrica y no el ejecutivo.

Las razones de por qué el legislativo es el facultado para extinguir Luz y Fuerza del Centro, devienen del carácter estratégico de la industria eléctrica. De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución, las actividades, entre otras, relacionadas con la energía eléctrica son estratégicas, esto es, exclusivas del Estado, no constituyen monopolio y, sólo pueden estar previstas en la Constitución o en las leyes que expida el Congreso. Además, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: “La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley”. Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del ejecutivo sin intervención del poder legislativo.

La electricidad no es una actividad prioritaria en las que constitucionalmente concurre el sector privado y el social con el Estado, tal como se desprende del cuarto párrafo del artículo 28 constitucional y, tampoco es una actividad sujeta al libre mercado y participación de los particulares. Es una de las pocas actividades previstas en la Constitución de las que jurídicamente sólo puede ocuparse el Estado a través de organismos del sector público, como lo indica el párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.

Su carácter estratégico, a su vez se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución que indica en su parte conducente: “…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.

La decisión para crear o extinguir un organismo descentralizado que tiene entre sus fines la prestación del servicio público de la energía eléctrica no pude ser del ejecutivo sin que medie autorización u orden del Congreso, pues se trata de una de las funciones económicas fundamentales del Estado, sobre las que el ejecutivo, como dice el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, sólo tiene competencias sobre el control y la propiedad de dichos organismos.

Por eso, cuando el ejecutivo en 1994, creó Luz y Fuerza del Centro lo hizo por orden del Congreso, no podía hacerlo por sí mismo y en ejercicio de sus propias facultades.

Este punto de vista se robustece con lo establecido por el artículo 73 fracción X de la Constitución, el que determina dentro de las competencias del Congreso la de legislar en materia de energía eléctrica. El ejecutivo no pude dictar normas particulares y abstractas para crear o extinguir un organismo descentralizado vinculado a la energía eléctrica. Si indebidamente lo realiza, al tener que ver con la personalidad jurídica, patrimonio y atribuciones de un organismo descentralizado que tiene por propósito una actividad estratégica del Estado, interferiría en ámbitos de competencia que le corresponden al poder legislativo.

La Ley de las Entidades Paraestatales no precisa en qué casos los organismos descentralizados se crean por ley o decreto del ejecutivo. Una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y secundario, nos lleva a concluir, que cuando se trata de actividades fundamentales para el Estado como son las estratégicas, la facultad es del poder legislativo. Por eso, todos los organismos descentralizados que existen en el país y que tienen que ver con actividades estratégicas han sido creados y extinguidos por Ley (Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera). Los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según se desprende del artículo 14 de la Ley de las Entidades Paraestatales en su facción I, no pueden ser creados o extinguidos por decreto del ejecutivo. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se colige del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado y, en donde el Congreso de acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución tiene facultades para legislar en la materia de electricidad, sólo puede y debe extinguirse por orden del poder legislativo.

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”.

De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación y, el ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción.

No puede dejar de advertirse que el ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los Secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden -convocar a los Secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre e! funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.

En general, la doctrina jurídica de nuestro país sostiene que la creación de organismos descentralizados por Decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencias, pues para ello, es necesario una Ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo3, y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”4, entre otros autores.

Cuarto argumento relacionado con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.

El artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: “Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios”. El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

A partir de lo contemplado en el artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el Decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el mismo se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la Nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de la misma. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Quinto argumento relacionado con la facultad prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Constitución.

El artículo 73 fracción XI de la Constitución dispone que es facultad del Congreso: “…crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”.

Esa facultad se relaciona con lo previsto en los artículos 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución que determinan que sólo en los presupuestos del Estado o en ley posterior pueden establecerse las retribuciones de los servidores públicos previstos en ley. Un empleo o encargo determinado en ley sólo puede ser suprimido en otra ley y, sus dotaciones o retribuciones deben estar previstas en el Presupuesto de Egresos o en ley posterior.

El ejecutivo al extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, extingue empleos previstos en Ley en contravención al artículo 73 fracción XI de la Constitución, tal como ocurre con el cargo de Director General del organismo, el cual tiene las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley de las Entidades Paraestatales y, las que enumera el artículo 7 del Decreto de creación del organismo Luz y Fuerza del Centro, publicado el 9 de febrero de 1994.

Sexto argumento que se refiere a la violación del artículo 26 de la Constitución en materia de planeación democrática.

En el artículo 26 de la Constitución se establece el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que tiene como eje de articulación el Plan Nacional de Desarrollo. Éste está normado en los artículos 5, 7, 22 y 31 de la Ley de Planeación, bajo las reglas siguientes: 1) E! Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuación del Plan; 2) Al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, el Presidente de la República informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que deberán elaborarse para la ejecución del Plan; 3) En el Plan se indicarán los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados a fin de alcanzar los objetivos y metas de la planeación democrática del desarrollo; y, 4) Las adecuaciones al Plan y los programas sectoriales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso concreto, al extinguirse el Decreto de Luz y Fuerza del Centro se afectaron el sistema de planeación democrática del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa institucional del organismo ahora en extinción. Las modificaciones que sufrieron el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía, con la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debieron ser revisadas por el Congreso de la Unión. Tales modificaciones a su vez, debieron ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, nada de lo anterior tuvo lugar en el caso concreto.

Séptimo argumento relacionado con las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.

El organismo descentralizado Luz y Fuerza del centro está sujeto al control presupuestal de la Cámara de Diputados en los términos de los artículos 74 y 126 de la Constitución. La emisión del decreto del ejecutivo de extinción (publicado el 11 de octubre de 2009), trastoca el contenido sustantivo del Presupuesto de Egresos vigente en el año 2009 e igualmente altera la estructura programática-presupuestal derivada del mismo. Lo anterior significa que antes de la promulgación del Decreto, el ejecutivo debió dar a la representación nacional la intervención que constitucionalmente le correspondía en materia presupuestal.

Igualmente, para indemnizar a los trabajadores y disponer de más de 20 mil millones de pesos para ese efecto, según se fundamenta en los artículos cuarto y quinto del decreto de extinción, el ejecutivo debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados y en su defecto del Congreso, pues no puede hacerse pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto o en ley posterior.

Octavo argumento vinculado con los derechos de los trabajadores, con las garantías de audiencia, de defensa, legalidad y de debido proceso.

El decreto de extinción conculca los derechos de los trabajadores porque con esa dispositivo, se transgrede el contenido normativo del artículo 5 de la Constitución que consagra y tutela el derecho al trabajo, derecho que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y, que el ejercicio de la libertad de trabajo sólo puede vedarse por determinación judicial.

Igualmente, el decreto de extinción conculca los derechos de audiencia, defensa y debido proceso legal, pues las relaciones de trabajo se dieron por terminadas en virtud de un Decreto de extinción, en donde los trabajadores no tuvieron derecho de audiencia, de defensa ni oportunidad para ventilar sus derechos ante autoridad competente y mediante un procedimiento previsto en la ley que fundara y motivara la causa legal del mismo. Lo anterior es claramente violatorio de los artículos 1, 5, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución.

El decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo establecidas en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, sin haber seguido los procedimientos que regulan los conflictos colectivos de naturaleza económica previstos en el artículo 900 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo y, sin que las autoridades competentes conocieran de los mismos y resolvieran en consecuencia, violando con ello, los artículos 9 y el 123 apartado A fracciones XVI, XVII, XVIII, XX y XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La causa de la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es la incosteabilidad de la empresa, según lo expresa la exposición de motivos del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009. Dicha incosteabilidad se considera imputable a las prestaciones de los trabajadores y se funda en diagnósticos y estudios de la Secretaría de Energía. Sin embargo, esos estudios y diagnósticos no se hicieron del conocimiento de los trabajadores, se consideraron información reservada impidiendo a los trabajadores su derecho de defensa. Según el artículo 434 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, es causa de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad de la explotación y, de acuerdo al artículo 435 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, es decir la empresa, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. En el caso concreto, se transgreden derechos laborales, pues las autoridades competentes no se pronunciaron sobre la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no se dio a los trabajadores derecho de defensa y audiencia y, no se ventiló el procedimiento que determina la ley para esos efectos.

Además, se violenta el artículo 133 de la Constitución, pues los convenios 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, establecen garantías de seguridad y legalidad jurídicas para los trabajadores, tanto en la protección de sus derechos individuales como colectivos. Dichas garantías, tanto a nivel individual como colectivo se trastocaron con la emisión del Decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. De esta suerte se privó a los electricistas de los derechos al trabajo digno y socialmente útil, libertad sindical, derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo, sindicación, huelga y contratación colectiva, sin cumplir ninguna de las formalidades del debido proceso.

Noveno argumento relacionado con la suspensión inconstitucional de garantías.

Por la vía de los hechos, el titular del ejecutivo federal y su gabinete, en violación de los artículos 29 y 129 de la Constitución de los Estados Unidos, ordenaron tomar por fuerza pública y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a las 23:00 horas, del sábado 10 de octubre de 2009, día inhábil, por medio de la policía federal y elementos encubiertos del ejército mexicano, tal como dieron cuenta los medios de comunicación electrónicos e impresos. Obligaron a los trabajadores que ahí se encontraban a abandonar sus puestos de trabajo y colocaron en su lugar a trabajadores de la Compañía Federal de Electricidad. Lo anterior lo realizaron sin que el Decreto de Extinción estuviese aún publicado, sin que hubiese entrado en vigor, sin orden de autoridad competente que fundara y motivara la causa del procedimiento o, que justificara la suspensión de garantía alguna. De facto, la policía federal y elementos militares actuaron anticonstitucionalmente. En el caso de los militares, éstos actuaron en tiempo de paz fuera de los extremos previstos en el artículo 129 de la Constitución.

Décimo argumento vinculado al derecho de asociación.

El Decreto de extinción viola el artículo 9 de la Constitución que garantiza el derecho de asociación, en tanto que los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, a consecuencia del decreto perdieron la fuente de empleo a la que tenían derecho y, con ello, el derecho a mantener la vigencia plena de su sindicato. Además, han sido culpados en el Decreto de la ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado, cuando jurídicamente la administración del organismo recae en la dirección del mismo, en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y en la Secretaría de Energía, según se desprende del Decreto de creación del citado organismo. Luego entonces, la conducción financiera y administrativa del organismo, no estaba en manos de los trabajadores y a ellos no les es imputable la incosteabilidad de la empresa pública, como lo hace creer el diagnóstico de la Secretaría de Energía y el propio Decreto de extinción.

El despido de 66 mil, entre trabajadores activos y jubilados, en virtud de un Decreto inconstitucional de extinción del organismo en el que laboraban, constituye un atropello a los derechos laborales de los trabajadores, los que están consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Sobre todo, cuando se critican y se establecen como fundamentos en el Decreto de extinción, los logros del contrato colectivo entre el sindicato y el organismo descentralizado, que son la consecuencia del orden jurídico laboral vigente, mismo que hasta ahora es de carácter social en el Derecho mexicano.

Décimo primer argumento relacionado con el objeto de una controversia constitucional.

A diferencia de lo que tradicionalmente se supone, las controversias constitucionales no solo atienden a cuestiones vinculadas a los conflictos competenciales entre autoridades legitimadas por el artículo 105 fracción I de la Constitución. Por medio de la controversia constitucional, es posible reclamar el control de la regularidad constitucional y, por ende, el examen de todo tipo de violaciones constitucionales. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “Controversia constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal” (tesis jurisprudencial 98/1999, siete de septiembre de 1999) ha establecido jurisprudencia que le permite a través de la figura de la controversia constitucional conocer de cualquier acto contrario a la norma fundamental y no sólo los que tienen relación con las diferencias por competencias entre poderes y órganos del Estado.

Décimo segundo argumento sobre las violaciones a los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social por la expedición del Decreto de extinción.

El Decreto de extinción transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se violentan los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social. La violación de derechos humanos previstos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano da lugar a violaciones a la Constitución, pues de acuerdo al artículo 133 de la norma fundamental, los tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión y obligan a todas las autoridades del Estado y, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por nuestro país en 1974, los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando no acatan los tratados, aunque su orden interno, aún sea el constitucional disponga otra cosa5.

Décimo tercer argumento relacionado con el desvío de poder.

Según el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los principios de publicidad y la buena fe deben regir cualquier actuación administrativa. Por la manera en que se han dado los acontecimientos, antes, durante y, después de la publicación del Decreto de extinción, parece que el propósito gubernamental de extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro tiene que ver, más que con la eliminación del organismo con la eliminación de Sindicato Mexicano de Electricistas, organización sindical que se ha distinguido por su carácter opositor y reivindicativo de un modelo económico alternativo diferente al neoliberal. El artículo 3, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla la figura del desvío de poder, al indicar que el acto administrativo debe cumplir con finalidades de interés público sin que puedan perseguirse otros fines. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Baena Ricardo y otros. Panamá”6, determinó que la destitución de numerosos servidores públicos que habían participado en una movilización organizada por la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales carecía de validez jurídica porque lo que pretendía en realidad el gobierno de Panamá era coartar la libertad de asociación sindical reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y prevista igualmente en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Décimo cuarto argumento sobre el derecho humano al proyecto de vida y al mínimo vital.

El Decreto de extinción modifica la existencia presente y futura de los trabajadores y sus familias. Tal situación violenta el “derecho humano al proyecto de vida” sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo. Perú”7, señaló que el derecho humano al proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone y, que esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no es ajeno a esa Corte.

En cuanto, al derecho al mínimo vital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1780/2006, de 31 de enero de 2007, dijo que el derecho al mínimo vital coincide con “…las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona sea vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean”8.

Décimo quinto argumento vinculado al derecho humano a la verdad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ivcher Bronstein. Perú”9, señaló que las personas y la colectividad tienen derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos que les atañen o les preocupan. Tanto los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus familias, como la sociedad, tienen derecho a saber la verdad histórica de los hechos que motivaron la toma violenta de las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y la extinción del mismo. El derecho humano a la verdad está en entredicho porque en la exposición de motivos del Decreto se alude a que una de las causas de la extinción del organismo reside en la quiebra técnica e incosteabilidad de esa empresa pública, situación que se conocía desde la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación practicada a la cuenta pública de 2006. Esa situación intentó ser superada mediante la celebración de un Convenio de Productividad, firmado el 16 de marzo de 2008, entre la empresa y el Sindicato y avalado por el gobierno federal. Sin embargo, después de más de un año, en donde ya se habían reconocido por la empresa y por el gobierno, los avances en dicho convenio en más del 90%, el ejecutivo decidió extinguirla sin previo aviso a los trabajadores, al Congreso o a la sociedad.

1 BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho. Madrid, Editorial Debate, 1992, pp. 141-146.

2 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho. México, UNAM, 1981, 201-284.

3 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 1983, pp. 216-217.

4 FAUZI HAMDAN, Amad, “Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”, Revista de Investigaciones Jurídicas, No. 10, México, Escuela Libre de Derecho, 1986, pp. 189-190.

5 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “El control abstracto de constitucionalidad de las leyes en México”, en Derecho. Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2001, p. 320.

6 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen II, 2006, pp. 420-450.

7 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 172-225.

8 Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Ornar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

9 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 721-765.

DIEZ POSTULADOS BÁSICOS PARA TRANSFORMAR EL PAÍS

2009-11-27T07:17:00.000-08:00

Amigas y amigos:

Pensando en la transformación del país y con miras al 2012, debemos elaborar a la luz de los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, el nuevo Proyecto Alternativo de Nación. Esta tarea será coordinada por la Comisión que se creó con ese propósito, integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría. La idea es que después de una amplia consulta de análisis y reflexión, se tenga un documento definitivo a más tardar en junio del 2010.

Aunque estoy conciente de que son muchos los temas que se tendrán que abordar, considero que hay diez postulados básicos:

1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. Reitero mi convicción esencial: El Estado se encuentra secuestrado por una minoría y ésta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales pero, en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. Por eso, lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado y una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, a través de reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Este procedimiento debe aplicarse fundamentalmente en los casos de la minería, la industria eléctrica y el petróleo.

2. Democratizar los medios masivos de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administren la ignorancia en el país en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Para ello no hace falta eliminar el régimen de concesiones, ni crear una excesiva reglamentación y muchos menos optar por la censura, lo más eficaz es lograr la democratización de los medios, evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia. Para ser más claros: Que hayan todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, sólo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos como sucede actualmente.

3. Crear una nueva economía. Hay que cambiar la actual política económica que ni en términos cuantitativos ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menos crecimiento en los últimos años. La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Hay que hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos nuestros esfuerzos a la economía real, a trabajar y producir los bienes que necesitamos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana.

4. Combatir las prácticas monopólicas. El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y el Estado debe garantizar que esta norma se cumpla porque hoy es letra muerta. En México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados.

Es inaceptable, por ejemplo, que los mexicanos paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 52 por ciento más por electricidad de alta tensión; 185 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por televisión por cable; 145 por ciento más por Internet de banda ancha; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en estados Unidos.

En este país pobre se paga más que en las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.

Insistimos en que mientras no evitemos los precios exagerados por empresas que operan en nichos protegidos, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y, a la larga, tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.

Aquí recuerdo que en noviembre del año pasado propusimos al Senado la aprobación de una ley de precios competitivos con la cuál los consumidores lograrían ahorros entre el 10 y el 18 por ciento de sus ingresos. Sin embargo, este proyecto está detenido porque los legisladores del PRI y del PAN no son realmente representantes populares sino que están al servicio de los potentados.

5. Abolir los privilegios fiscales. En los últimos días, se confirmó lo que hemos venido sosteniendo: desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico que se ha ampliado y ratificado sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros, el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Inclusive, hace unos días Calderón tuvo que reconocerlo cuando dijo que “las empresas que más ganan, rara vez, muy rara vez, pagan impuestos”.

Pero no basta con la denuncia. Es necesario aprobar una reforma fiscal progresiva. Es decir, que paguen más los que tienen más.

En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

Debe buscarse que, al menos, las grandes corporaciones que operan en México y los más ricos del país, paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o de las llamadas economías emergentes.

6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Por eso es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás.

También hay que hacer valer el principio de austeridad republicana; retomar el ejemplo de Juárez y los liberales: el apego al criterio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos. Nada de sueldos onerosos y ofensivos, ni flotillas de aviones y helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante. Debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Actualmente, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno.

7. Fortalecer al sector energético. Es urgente detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero.

El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios sólo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como los de la Cuenca de Burgos o de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un gran daño al patrimonio nacional.

Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo, sin reponer reservas.

Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir 774 mil barriles diarios. Es decir, ahora producimos 2 millones 600 mil barriles al día y de seguir esta tendencia, en cuatro años apenas se estarán extrayendo 2 millones de barriles, que sólo alcanzarían para cubrir la demanda interna; con el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono a las plantas petroquímicas, seguiríamos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos.

Por eso, debemos insistir en modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de tres grandes refinerías para dejar de importar el 40 por ciento de las gasolinas que consumimos. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero, para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos han tenido que emigrar.

Este año para la compra de alimentos en el extranjero, se destinarán 16 mil millones de dólares. La mayor parte es maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo y desechos de pollo, que podríamos producir en el país.

Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres. Además, es donde se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. No al maíz transgénico.

9. Establecer el Estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres, a los débiles y olvidados ante la desigualdad social, la incertidumbre económica y otras calamidades. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.

Es necesario seguir insistiendo hasta lograr la pensión universal para los adultos mayores del país; el otorgamiento de becas a todos los discapacitados pobres; y la atención médica y los medicamentos gratuitos para la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social.

La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.

10. Promover una nueva corriente de pensamiento. La transformación que necesita el país no sólo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar. Implica también y sobre todo, cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad; añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro, sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo.
(Fragmento del discurso de Andrés Manuel López Obrador el 22 de noviembre en el zócalo de la ciudad de México).

"¿Sabías que el Ejecutivo creó en dos años 54 mil puestos de alto nivel?"

2009-10-10T17:50:00.000-07:00

*Lanza gobierno legítimo campaña de información sobre gastos superfluos

Alma Muñoz

El "gobierno legítimo" de México dio a conocer en su página de Internet una lista de gastos superfluos del Ejecutivo federal, cuya reducción o desaparición, aseguró, evitaría que se aumenten impuestos o los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad.

En un boletín electrónico emitido a propósito de su campaña nacional de información, criticó que en dos años Felipe Calderón creó 54 mil puestos de alto nivel –de director de área hasta subsecretario–, lo cual representa un gasto de 125 mil millones de pesos, "más de lo que se destina a la salud pública de todos los mexicanos, casi el doble del presupuesto de las universidades públicas".

También, que la mitad del presupuesto del gobierno en los sueldos y prestaciones de altos funcionarios sea "algo así como un billón y medio de pesos, cinco veces más que el faltante en las finanzas públicas para 2010".

A los integrantes del Movimiento Nacional del Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía les ofrece datos para que los transmitan como parte de esa campaña, con la cual pretende romper el cerco informativo. Por ejemplo, "¿Sabías que (Felipe) Calderón pretende aumentar 9 por ciento el número de funcionarios públicos de alto nivel, con un costo de 202 millones de pesos, y busca reducir 221 millones a la vigilancia epidemiológica y al control de enfermedades justo ahora que vivimos la crisis de la influenza?"

También: "¿sabías que si se redujera el número de funcionarios públicos de alto nivel al que había en 2006 se podría pagar el presupuesto del IPN, la UAM, la UNAM, el Hospital General, el DIF, Diconsa, Liconsa y Conaculta, y sobrarían 70 mil millones de pesos, el equivalente a lo que se pretende recaudar con el impuesto de 2 por ciento al consumo?"

De igual manera, que Calderón quiere gastar "60 millones de dólares en el espectáculo del Grito del 15 de septiembre de 2010, tres veces lo que le quitará de presupuesto a la UNAM".

Les recuerda que empresas como Bimbo, Telmex, Televisa, Wal-Mart, Coca-Cola o Bachoco no pagan impuestos o se los devuelven. Si pagaran sus deudas fiscales las grandes empresas (460 mil millones de pesos) "no habría necesidad de aumentar impuestos ni de subir la gasolina, el diesel o la electricidad".

Por eso, invitó a la movilización que encabezará Andrés Manuel López Obrador el próximo 12 de octubre a las 5 de la tarde frente la Cámara de Diputados.

Tomado de: La Jornada, 6 de octubre de 2009. Política.

Recaudación de impuesto de 2%, equivalente a nómina de altos mandos

2009-09-26T22:53:00.000-07:00

Los salarios de los altos mandos de la administración pública equivale a lo que se pretende obtener por la aplicación del 2%. ESPECIAL

* Para 2010, el presupuesto requerido es de 84 mil 376 millones 89 mil 62 pesos

El documento ordenado por el partido político señala que lo presupuestado para el pago de plazas, será de 84 mil 734 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Los salarios de los altos mandos de la administración pública federal son equivalentes a lo que se pretende obtener por la aplicación de 2% al consumo, según un análisis presupuestario de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.

El documento ordenado por el partido político señala que lo presupuestado para el pago de plazas desde director de área hasta el del Presidente en 2010, será de 84 mil 734 millones de pesos.

Con base en el analítico de plazas del proyecto presupuestal 2010, para el próximo año se pagarán salarios a 38 mil 495 directores de área, 6 mil 860 directores generales adjuntos, mil 200 jefes de unidad, mil subsecretarios, 760 secretarios y un presidente de la República.

El gasto más oneroso es para directores de área, en total 59 mil 878 millones de pesos.

“Conviene señalar que de los 39 mil 401 funcionarios de mando superior, los directores de área, representan 77% del total y el costo de su nómina (salarios y prestaciones) ascienden a 59 mil 878 millones de pesos, y a pesar de lo anterior se observa que este segmento de funcionarios de mando superior, no pagan el llamado Impuesto sobre Productos del Trabajo en virtud de que de acuerdo con el proyecto de Presupuesto, su percepción bruta es prácticamente la misma que su percepción neta establecida”, según el texto.

A pesar de los compromisos de austeridad en el gobierno federal, el total de presupuesto 2010 destinado a salarios es de 500 millones de pesos. En 2009, el costo bruto de la nómina del sector central de la administración pública es de 83 mil 834 millones 518 mil 164 pesos.

Para 2010, el presupuesto requerido es de 84 mil 376 millones 89 mil 62 pesos.

Reducciones

El PT refiere que una reducción de 50% en el presupuesto equivaldría a poco menos de lo estimado de obtener si se aplica el 2% al consumo.

“Se estima que el ahorro total ascendería a 95 mil millones de pesos, si la reducción de salarios y prestaciones se hiciera extensiva al Poder Judicial, Poder Legislativo, en donde se observa que la percepción bruta anual del secretario general asciende a 4 millones 429 mil pesos”, señalan.

Numeralía:

84 mil 734 millones de pesos es la propuesta económica para salarios desde director de área hasta el presidente.

Tomado de Informador.com.mx. 26 de septiembrede 2009. Economia. Guadalajara, Jalisco.

Publica Diario Oficial sueldo de diputados

2009-09-26T22:40:00.000-07:00

Los legisladores perciben al mes 77 mil 888 pesos por concepto de dieta, 45 mil 786 para la asistencia legislativa y 28 mil 772 para sus actividades de gestión y atención ciudadana

Redacción ELUNIVERSAL.com.mx
El Universal
Ciudad de México
Martes 26 de febrero de 2008
09:52 La Cámara de Diputados dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación los sueldos y prestaciones de los diputados, servidores públicos de mando y homólogos de este órgano legislativo vigentes en 2008.

De acuerdo con el documento, los legisladores perciben al mes 77 mil 888 pesos por concepto de dieta, 45 mil 786 para la asistencia legislativa y 28 mil 772 para sus actividades de gestión y atención ciudadana, que dan un total de 152 mil 446 pesos de percepciones y prestaciones a los legisladores.

Según información del Diario Oficial de la Federación (DOF), la "Asistencia legislativa" es la "asignación que se cubre a los Diputados en apoyo a su tarea legislativa", y la "Atención Ciudadana", es la "asignación complementaria por las actividades de gestión que realizan los Diputados en su carácter de representantes populares".

Estos salarios implican un aumento de 4 mil pesos desde el 10 de junio de 2007, cuando su salario era de 148 mil 446 pesos. En esa ocasión subieron su salario 18 mil pesos más, como documentó EL UNIVERSAL.

Los diputados tendrán como bono de fin de año el equivalente a 40 días de dieta, lo que equivale a 103 mil 850 pesos, de acuerdo con su salario, que a diario es de 2 mil 596 pesos, si se divide su dieta mensual entre 30 días.

Por otro lado, en las prestaciones sobre salud, los legisladores tienen un seguro de gastos médicos que equivale a mil 500 salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal. La Secretaría de Administración Tributaria (SAT) estableció el salario de la zona en 52.59 pesos, por lo que cada diputado tiene 78 mil 885 pesos para atender sus necesidades en caso de "accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización", señala el documento emitido, titulado "Manual de percepciones para los servidores públicos de mando y homólogos de la Cámara de Diputados". El monto se incrementa si el percance sucede en el extranjero.

Además, los legisladores tienen acceso al ISSSTE, FOVISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El fondo de ahorro para el retiro de los diputados significa el 12% de la dieta brutal (sic) mensual, aunque no se publicó la cantidad, sólo la dieta neta mensual.

Por otro lado, para el resto de los trabajadores es establece una tabulación de salarios, que queda de la siguiente manera:

Puesto Remuneración mensual garantizada

Mínimo
Máximo

Jefe de Departamento $18,668 $31,560
Subdirector $31,801 $51,900
Director de Area $53,109 $83,789
Director General $91,203 $119,220
Contralor $122,038
Secretario $136,832
Secretario General $157,702

iqr/grg

Tomado de EL UNIVERSAL.com.mx
Martes 26 de febrero de 2008.

Un servicio de salud cómplice del virus*

2009-05-03T00:14:00.000-07:00

REPORTAJE: Alerta sanitaria
Un servicio de salud cómplice del virus
El brote del H1N1 descubre las carencias de la sanidad de México - Ir al médico suele ser una pérdida de tiempo y dinero
PABLO ORDAZ - México - 03/05/2009

Hace dos días que la gripe no mata a nadie en México. Ya se sabe que las muertes confirmadas son 16, pero unas jornadas atrás -cuando el Gobierno barajaba una cifra de hasta 160 fallecimientos atribuibles al nuevo virus-, los periodistas preguntaban una y otra vez a cuanto responsable institucional se les ponía delante: ¿Por qué está muriendo gente en México y en otros países no? La respuesta siempre era la misma: "Porque los enfermos llegan tarde al hospital, cuando ya no se puede hacer nada por ellos". A los periodistas -también al que suscribe- se les olvidaba insistir con una pregunta capital: ¿y por qué llegan tarde?
Vaya por delante una pista. O mejor, dos. El caso de Manuel y el de Óscar. Manuel tiene 63 años. El martes día 21 de abril se sintió mal, con los síntomas de una gripe. El miércoles, empeoró. El jueves, ya estaba fatal. "Mi esposa me llevó con el doctor César Decanini, a su consultorio del Hospital Inglés. En cuanto me revisó, me dijo: yo creo que es influenza. Voy a buscar al especialista". Unos minutos más tarde, Manuel era sometido a pruebas de sangre, radiografías, tomografía, suero, medición de la capacidad respiratoria... "A las diez de la noche, el prestigiado médico neumólogo Eulo Lupi me informa que debo ser hospitalizado, que mi capacidad respiratoria está al 50% y que los pulmones se están deteriorando con rapidez. Por suerte, el doctor Decanini tenía en su consultorio una caja del antiviral indicado. Tomé la pastilla".
El segundo caso es el de Óscar. Cinco años y siete meses. El jueves 16 de abril, el niño se puso mal. Su madre lo llevó a la clínica 11 del Seguro Social. "No lo quisieron recibir", cuenta su tía, "porque no tenía fiebre. Nos dijeron que era una gripe normal". Por la tarde, Óscar empezó a vomitar y lo llevaron a otra clínica del Seguro Social. Tampoco lo atendieron. Al día siguiente, a las seis de la mañana, Óscar empezó a sufrir convulsiones y, entonces sí, lo ingresaron de urgencia. Cinco horas después el niño ya estaba muy grave con un cuadro de neumonía. Lo pasaron a un cuarto de Terapia Intensiva... junto con otros ocho niños.
Casi no es necesario decir que Manuel se salvó. Óscar, en cambio, murió a los nueve días de sentir los primeros síntomas, tras sufrir un calvario de hospital en hospital. Manuel es dirigente de un importante partido político, fue secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, diputado federal y hasta candidato a la presidencia de la República. Óscar, en cambio, era el hijo menor de una familia sin recursos.
¿Quiere decir esto que en México están sobreviviendo los ricos y muriendo los pobres? No hay datos para responder con certeza a esa pregunta. Entre otras cosas, porque el Gobierno tiene guardada la lista de los 16 fallecidos en un cofre con siete cerrojos. Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova, el mutismo sobre la identidad de las víctimas intenta evitar "la estigmatización" de sus familias. Pero lo que sí es incontestable es que fuera de México se están detectando muchos casos de influenza y, salvo en Estados Unidos -donde sí falleció un niño mexicano de 23 meses-, nadie ha muerto por el momento. Más allá del desenlace, lo que sí demuestran de forma muy gráfica los casos de Manuel y de Óscar es la forma del mexicano de enfrentarse a la enfermedad.
Durante los últimos días, inspectores de la Organización Mundial de la Salud han recorrido los estados de México donde se han producido casos de esta gripe -mortales o no- intentando descubrir algún común denominador entre las víctimas. No lo han encontrado de una forma determinante, aunque uno de ellos ofrece su sensación sobre el terreno. "Está muriendo gente pobre. ¿Por qué? Porque es la gente que está acostumbrada a ponerse enferma, a pasar gripes más o menos fuertes y no ir al médico. Si los mismos síntomas los tiene un soldado de una base americana, en 10 minutos está en la enfermería. Es una cuestión de costumbres sociales. La gente sabe que acercarse al médico cuesta dinero".
Hay una frase muy común en México entre las clases más humildes: "Tú te puedes sentir mal, pero no te puedes enfermar". La enfermedad es una ruina. Nadie va al médico a las primeras de cambio. Y, desde luego, nadie va al médico por una gripe más o menos fuerte. Ir al médico -salvo para las clases exclusivas que disponen de seguro médico y hospitales de lujo- supone casi siempre una pérdida considerable de tiempo y de dinero.
México ha crecido mucho en los últimos años y hasta se trata de tú a tú con los países más desarrollados del mundo. Pero ese estirón no está siendo homogéneo. Para desesperación de sus gobernantes y vergüenza de sus conciudadanos, la imagen que México está ofreciendo estos días al mundo es la de un gigante al que se le quedaron cortos los pantalones. Estos días de angustia están dejando al descubierto las pantorrillas del sistema. La guerra al narcotráfico dejó casi en el olvido que un 40% de sus 100 millones de habitantes vive en la pobreza absoluta. Y el brote de la gripe está poniendo al descubierto que el sistema de salud no está a la altura de las circunstancias.
¿Qué hace un mexicano cuando se siente enfermo? Lo que viene a continuación es la síntesis de un sondeo realizado entre vecinos del Distrito Federal con distintos niveles de ingresos. Lo primero que hace, coinciden todos, es aguantar. A ver si se pasa la fiebre, a ver si con un vaso de leche caliente y una buena cura de sueño... Lo siguiente es acudir a la farmacia.
La cuestión farmacéutica merecería capítulo aparte. Los medicamentos en México son más caros que en Europa y que en la mayoría de los países de su entorno, pero tienen una.. ¿ventaja?: se venden sin receta en cualquier esquina. Hay cadenas de farmacias que están abiertas a todas horas. Y disponen de todo. Desde ansiolíticos hasta Viagra. Para fomentar el consumo de sus productos, los dependientes ofrecen de vez en cuando muestras gratuitas a sus clientes. De la misma forma que en un supermercado se convida al cliente a una porción de queso manchego. Antes de que se asustaran por los crímenes del narcotráfico, los norteamericanos cruzaban la frontera en romería para abastecerse de toda clase de potingues.
La segunda opción -si el medicamento no ha hecho efecto-es mover "la palanca". La traducción al español peninsular sería "buscar un enchufe". El mexicano es experto en eso. No por afición, sino por necesidad. Una vez que se llega al consultorio o al hospital, y hasta cuando los casos son graves, es fundamental buscar a un amigo que agilice los trámites para ver al doctor.
Los mexicanos saben -y así lo atestiguan las encuestas- que sus médicos son buenos, incluso muy buenos, y que los hospitales del servicio sanitario disponen de instrumental moderno y eficaz, pero no suficiente. De hecho, el paciente tiene que pagar en muchos casos parte del tratamiento. "A mí me pasó el otro día", explica el padre de un muchacho que estuvo ingresado recientemente, "la atención fue muy buena, pero el hospital no disponía de determinadas medicinas que le hacían falta a mi hijo. Me dijeron que la única solución era que yo las consiguiera en el exterior. No se trataba de un caso de corrupción ni de negocio encubierto. Sencillamente, no disponían de ellas. Así que salí del hospital, fui a la farmacia de enfrente y las compré". En ocasiones, el paciente tiene que seguir idéntico método para conseguir las gasas que se van a usar en su operación y hasta la válvula que le van a implantar.
Un porcentaje considerable de médicos mexicanos trabaja media jornada en la sanidad privada -hospitales al nivel de los mejores de Estados Unidos o de Europa- y la otra media en la pública. "El sistema es perverso", admite uno de los doctores que practica el doblete, "pero funciona. A veces, a mi consulta del Seguro Social llega una persona con una dolencia determinada. Yo la atiendo, pero tanto esa persona como yo sabemos que, cuando salga de mi consulta, la próxima cita ya no se producirá hasta dentro de semanas o incluso meses. ¿La solución? Que la próxima cita sea en mi consulta privada. En el caso de que necesite ser intervenido quirúrgicamente, yo intentaré -si veo que esa persona no tiene los recursos suficientes- traspasarla de nuevo al sistema público, para que sea operada de forma gratuita...". El sistema está tan acostumbrado a funcionar con ese juego de palancas que los dos grandes servicios paralelos de salud -uno para los trabajadores comunes y otros para los funcionarios públicos- disponen de personas que facilitan el mecanismo a colectivos determinados como periodistas o políticos...
Todo iba funcionando gracias a un sistema de equilibrios fascinante -como tantas otras cosas en México- hasta que llegó la epidemia de gripe. Todo el mundo se percató de las graves fallas del sistema. Los laboratorios para analizar el virus no funcionaron y las muestras tuvieron que enviarse a Estados Unidos y Canadá. El Gobierno dispone de un millón de tratamientos antivirales, pero eso sólo supone que puede atender a un 1% de la población... El país que quería salir en la foto de los más grandes se ve obligado a reconocer que necesita con urgencia que el mundo le facilite millones de dosis de antivirales, 200 millones de mascarillas, cantidades ingentes de pañuelos desechables...
Desgraciadamente, en apenas dos semanas ha cambiado radicalmente la imagen de México en el mundo. De los abrazos con Barack Obama, el presidente Felipe Calderón ha pasado a estar prácticamente enclaustrado en su residencia oficial de Los Pinos. De su voluntad dependerá la fecha en que los 33 millones de estudiantes y los dos millones de profesores regresen a las aulas. Será una decisión complicada. Tan difícil que dicen que le provoca un gran malestar y arrebatos de mal genio. ¿Está el sistema de salud preparado para decirle al presidente de la República la fecha en que los niños mexicanos puedan volver seguros a la escuela?

* Este artículo me llegó en un correo, quien me lo envió lo tomó de: ELPAIS.com. Sección: Sociedad, del 3 de mayo de 2009. El autor es Pablo Ordaz.

CHUCHO ORTEGA EL COMUNERO

2009-04-24T18:15:00.000-07:00

El artículo que reproduzco textual fue tomado de La Jornada Jalisco del 31 de marzo de 2009, sección Política; tiene como protagonista al Presidente nacional del Partido de la Revolucion Democrática y a los comuneros de San Francisco Ixcatán un pequeño pueblo ubicado en las laderas de la barranca del río Santiago en el Municipio de Zapopan Jalisco; se llega por esta carretera asfaltada, separándose de la carretera Guadalajara-Saltillo, antes de cruzar el río mencionado.

Se debe certificar la devolución de las 41 hectáreas de él y sus hermanos, indican.
Exigen comuneros que Ortega renuncie ante notario público como propietario de tierras.
La posesión del ejido, con antecedentes sangrientos, recordaron en San Francisco Ixcatlán.

JORGE COVARRUBIAS

A pesar de que el líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, dijo haber renunciado a sus derechos como propietario de tierras en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, legalmente continúa siendo posesionario, afirmaron comuneros de este poblado, que se encuentra en el municipio de Zapopan.
José Casillas Martínez, posesionario en la localidad, dijo que el dirigente del sol azteca dejará de ser propietario cuando presente su renuncia ante notario público, y se certifique la devolución de 41 hectáreas que pertenecen a él y sus hermanos Gerardo, María del Rosario e Ignacio.
El pasado 28 de marzo, la comunidad indígena se reunió en asamblea para acordar la integración de un Comité de Vigilancia que dará seguimiento al conflicto agrario con los Ortega Martínez y los Poblano Ramos, mencionadas ambas familias en este diario (La Jornada Jalisco 5 febrero 2009) como poseedores de tierras, sin cumplir con el principal requisito de ser avecindados.
En una de las juntas de comuneros del 28 de febrero, comenta José Casillas, se presentaron unas personas que se ostentaron como representantes legales de los hermanos Ortega con unas cartas de renuncia, y en el momento advirtieron que no cumplían con las formas legales.
En una carta que dirige a la revista Proceso en su número 1690, el presidente nacional del PRD explica que se convirtió en comunero al aceptar la invitación de la señora Luz María Rico Poblano, quien de manera voluntaria le cedió parte de sus derechos en la comunidad, y abunda que en el 2000 fue invitado por Fabiola Poblano Ramos, actual comunera del ejido de Ixcatlán y militante del PRD para participar en un proyecto que permitiría “potenciar” el desarrollo de la zona, que comenzó con la regularización de tierras a través de la extinta Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales).
Como segundo punto la asamblea de comuneros determinó que es urgente materializar el Centro de Población en Ixcatlán para darle tierra a los matrimonios jóvenes que son alrededor de 90 y que actualmente se encuentran viviendo con sus familias.
José Casillas dijo que este proyecto no ha podido concretarse porque la familia Poblano tiene una extensa posesión de tierras, a la vez que hizo énfasis en la agudización del problema agrario que ha derivado incluso en intentos de asesinato. Precisó que el domingo en un recorrido por la zona que hizo la Comisión de Vigilancia, Arturo Juárez Venegas (miembro de ésta) iba a ser agredido con un arma blanca por la espalda, pero en el acto se dio cuenta y se protegió con unas piedras.
Recordó que los conflictos por la posesión de tierras tienen antecedentes sangrientos, pues ya en 1936 se balacearon en la plaza al salir de una asamblea, Bernardo Sandoval y Guillermo Solís, muriendo ambos al instante. Al abuelo de Arturo Juárez, Higinio Juárez, también le propinaron una golpiza y lo dieron por muerto.
Sobre el caso del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval (quien también aparece ante el Registro Agrario Nacional como comunero), José Casillas refirió que éste transfirió sus derechos a otra persona y que al menos con ellos no se ha deslindado del asunto.
Hasta Allí el artículo de La Jornada Jalisco.

San Francisco Ixcatán (sin l) cuenta con una agradable plaza y con esta iglesia de una sola nave, construida entre 1691 y y el 20 de noviembre de 1726.

El pueblo es un lugar de atracción turística y de descanso, lo cual se atestigua por los negocios que atienden a los visitantes y el intenso tráfico:

Como las fotos fueron tomadas en tiempo de secas el paisaje luce grisaceo, pero numerosas lagunas de follaje dan cuenta de la naturaleza que se vuelve un mar verde en cuanto las primeras lluvias de fines de mayo o principio de junio hacen presencia.

Algunos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara han construido espaciosas y cómodas residencias en las tierras de la comunidad, como la que aparece en la foto:

En la zona hay balnearios de cristalinas aguas del tipo visible en la foto, cabe preguntar que pensaba hacer Chucho Ortega en este paraiso, lejano de Aguascalientes, de donde es originario, o del Distrito Federal en donde vive del presupuesto público:

La ingerencia externa contrasta con las tradiciones de los pobladores de San Francisco Ixcatán, quienes en Semana Santa celebran la pasión de Cristo:

• El trámite de renuncia debe hacerlo ante el Registro Agrario Nacional, dijo el abogado
Jesús Ortega no ha renunciado legalmente a sus derechos como comunero: Rigoberto Fernández
• No es necesario que el líder nacional del PRD venga a Jalisco, en el DF están las oficinas, dijo
JORGE COVARRUBIAS

Comuneros de San Francisco Ixcatlán señalaron la situación de Jesús Ortega con respecto de la comunidad indígena y su ejido Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, no ha renunciado a sus derechos como comunero en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, municipio de Zapopan. Aun cuando presentó su renuncia “irrevocable” por medio de un escrito el pasado 8 de marzo, legalmente sigue siendo posesionario, ya que el trámite debe hacerlo ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Sólo el candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, quien también aparecía en el padrón de comuneros, presentó su renuncia notariada con fecha del 13 de marzo del 2009.
Esta situación preocupa a los comuneros, quienes denuncian la especulación de tierras en el poblado y la inclusión de políticos que ni siquiera son de Jalisco, como la presidenta del Consejo de Barrios de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard y el ex diputado federal perredista por el Distrito Federal, Jorge Martínez Ramos, al igual que los hermanos del líder nacional del sol azteca, Gerardo, Rosario e Ignacio Ortega.
“Fue un comunicado prácticamente porque no tiene una contundencia legal ya que estos tienen que ser presentados ante el Registro Agrario con la ratificación de su firma, por lo cual en las últimas ocasiones hemos hecho las gestiones con gente que se apersonó con él y que fue el enlace para nosotros, una persona que se llama Miguel Angel Navarrete Ruiz y que tiene los vínculos directos con el señor Jesús Ortega”, dijo el abogado de los comuneros, Rigoberto Fernández Sánchez.
El litigante mencionó que no es necesario que Jesús Ortega venga a Jalisco, toda vez que allá en el DF se encuentra la oficina general del RAN.
A la rueda de prensa en la que se dio a conocer esta situación, acudieron el ex presidente de Bienes Comunales, Esteban Cevallos, Margarita Preciado, secretaria de la Comunidad Indígena, Francisco Sánchez Estrada, tesorero, José Casillas, comunero y Heliodoro Sánchez Estrada, actual presidente de Bienes Comunales.
Denunciaron que un funcionario de Zapopan, que responde al nombre de Luis de Alba, ha intervenido en el conflicto tratando de dividir a la comunidad.
José Casillas responsabilizó a José Poblano Vázquez de introducir a gente extraña al padrón de comuneros, por lo que la comunidad indígena interpuso una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario 15 para que se haga una depuración del padrón, ya que se afirma incluso que se han falsificado firmas de personas que han fallecido.
La Jornada Jalisco dio a conocer en su edición del 5 de febrero del 2009 que Jesús Ortega Martínez era ejidatario en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, y fue a partir de una segunda publicación en el semanario Proceso en el número 1690 del 22 de marzo que el dirigente del sol azteca renunció a sus derechos como comunero, aunque no ha presentado el trámite ante notario.
(La Jornada Jalisco, 13 de mayo de 2009, Política).

Neoliberalismo y globalización

2009-03-28T08:37:00.000-07:00

El derrumbe de la bipolaridad ocurrida en los años ochenta no sólo produjo el triunfo de nuevas hegemonías sino también de nuevas categorías del pensamiento, algunas de las cuales tienen por novedad únicamente el replanteamiento.
Ese discurso considera erróneo no advertir la presencia de una nueva conceptuación impuesta por la realidad de los cambios ocurridos en la década de los ochenta y noventa del siglo XX.
Las categorías con que tratan de significar la realidad actual evidencian:
a) el debilitamiento de los planteamientos de la soberanía nacional ante el discurso filosófico de la globalidad;
b) el oscurecimiento de los derechos de los pueblos ante el de los individuos;
c) la suplantación del concepto de justicia social ante el antiguo y abstracto concepto de justicia;
d) la suposición de que terminaron las luchas de liberación nacional en favor de la inserción o la integración en la órbita de las potencias hegemónicas;
e) de nueva cuenta se habla del enterramiento de la lucha de clases o lucha social ante la solidaridad humanitaria o de corte empresarial.
f) Se habla del fin de las ideologías en favor de la lucha ecológica para salvar el planeta. Este sería el tema capaz de organizar el nuevo orden mundial. (1)
El afianzamiento del poder monopolista mundial debilitó seriamente la soberanía de los Estados nacionales y, con ello, a las corrientes nacionalistas, antiimperialistas y marxista-leninistas. Todo esto obligó a estas posiciones a replantarse la realidad y construir o reconstruir sus posiciones teóricas. El debilitamiento de la ideología en que se sustentaban llevó a varios individuos a buscar refugio en la trinchera del neoliberalismo, la trinchera contraria que antes combatieron. La crisis capitalista mundial actual y el ascenso del nacionalismo y la lucha social, puede traer a algunos de ellos de regreso de nueva cuenta.
En nombre de los derechos del individuo, de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la promoción de la democracia, el "libre" mercado, la protección del medio ambiente, o de la lucha contra el intervencionismo de los pequeños en los pequeños países, se ha esgrimido el derecho de las potencias dominantes para justificar su propio intervencionismo (casos de Irak, Libia, Yugoeslavia, Afganistán, Colombia, la llamada "Triple Frontera" (Brasil, Argentina y Paraguay), la amenaza angloamericana a la inmensa y rica región del Río Amazonas en Brasil, o de la propuesta angloamericana para crear una fuerza interamericana de intervención que supuestamente proteja la democracia en América Latina). Este aspecto recuerda el celebre Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de los años cuarenta, o los peores momentos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Otros conceptos claves para la convivencia entre las naciones del mundo también se debilitaron, incluso aquellos reconocidos por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como es el caso de los principios de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos, debido al abuso que algunos gobiernos hicieron de ellos. Los poderes hegemónicos hablan de soberanía limitada, especialmente cuando se refieren a los derechos humanos, la democracia, el terrorismo y el narcotráfico, lo cual implica la redefinición del concepto de soberanía.
La limitación de la soberanía no se reduce a los países subalternos sino también a los dominantes. Las grandes corporaciones han limitado la soberanía de los Estados, azuzando a organismos e instituciones como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos a tomar decisiones transgubernamentales. El hegemonismo impuso en los hechos la modificación de aspectos sustanciales de la Teoría del Estado, con efectos adversos sobre los países del "Tercer Mundo". (2)
Aunque el discurso de la globalización tiene bases epistémicas se está usando para reconvertir la dependencia, y para ocultar los efectos políticos y sociales de las medidas adoptadas por las élites neoliberales de los países subdesarrollados. La reconversión de la dependencia es en gran medida la recolonización de los antiguos países dependientes, porque la globalización involucra aspectos nuevos y viejos. (3)
La ideología que conduce el proceso globalizador ha sido denominada como neoliberalismo, algunos de sus principios fundamentales son los siguientes: a) el mercado debe regular los salarios, b) deben desaparecer los intermediarios entre el capital y el trabajo (los sindicatos), c) los trabajadores deben financiar totalmente la seguridad social, d) se debe suprimir la regulación cambiaria, e) no se puede calificar como mala a la competencia deshonesta, f) las comercializadoras de exportaciones deben suplir a los exportadores-productores tradicionales, g) se deben bajar los impuestos a las empresas y aumentarlos al consumo, h) el Estado debe privatizar sus empresas y dejar que el mercado regule la economía sin intervención del Estado, i) la protección al ambiente no es más que una responsabilidad moral de los empresarios y, j) los pobres son los causantes del ahorro insuficiente, entre otros muchos principios de ese estilo. Se trata pues de una ideología de dominación mundial. (4)

La globalización

El concepto globalización se refiere a una serie de tendencias recientes en el capitalismo mundial, aunque sus etapas anteriores pueden rastrearse mucho atrás en la historia. Las tendencias serían las siguientes:
1. Con el vocablo se refieren a la llamada tercera revolución tecnológica e industrial en los campos de la electrónica, la informática, la automatización, el uso de los nuevos materiales, y la biotecnología, utilizados en los procesos productivos.
2. También se utiliza para referirse al esquema productivo global que integra a varios países mediante la descentralización de una serie de procesos (producción de partes, componentes y servicios).
3. Suele usarse para designar la integración acelerada de las economías nacionales a los mercados globales, proceso impulsado por la apertura comercial y la eliminación de las barreras al libre flujo del comercio y la inversión.
4. El concepto está directamente asociado a la formación de grandes bloques regionales, a saber: el de Europa, el de América del Norte y el de Asia, lidereados por Alemania, Estados Unidos y Japón, respectivamente.
5. Globalización es un concepto que da cuenta muy bien de la conformación de alianzas estratégicas entre países y empresas, partiendo del aprovechamiento de las ventajas competitivas y la complementación productiva.
6. Con él se refieren a la llamada crisis de las ideologías y de los esquemas teóricos que han explicado el capitalismo. La crisis de tales esquemas y teorías tiene mucho de batalla ideológica para clausurar determinadas visiones del mundo y de la sociedad. Es por eso que la tendencia ideológica que se proclama vencedora de la guerra fría (el neoliberalismo) se presenta como la única capaz de explicar el proceso globalizador. (5)
7. Sin embargo, la crisis económica del capitalismo mundial actual ha tirado por tierra estas pretensiones.

Código de comportamiento neoliberal

La ideología neoliberal ha postulado un conjunto de convenciones, ideas y conductas deseables, identificado por ellos como código ético. Como la ética no puede ser codificada nos resistimos a llamarlo de esa manera, por lo que simplemente diremos que se trata del deber ser neoliberal. Esas normas son las siguientes:
1. El gobierno debe promover el cambio estructural (Formular las leyes, las políticas y tomar las decisiones que permitan transferir los bienes públicos y sociales al sector privado). En esa tarea no es suficiente la acción de las empresas ni el código de comportamiento que promueven, la acción del gobierno es esencial en la promoción de los intereses privados.
2. El gobierno debe reformar la administración pública, reducir la burocracia y aumentar el sueldo de los altos mandos.
3. El gobierno debe vigilar estrictamente las actividades de la burocracia.
4. La privatización de las empresas y los servicios públicos permite reducir la burocracia. México podría reducir la burocracia en un 60 % si privatiza sus servicios públicos ha recomendado Stephen B. Young Director de Caux Round Table, firma internacional promotora de la ética empresarial en las corporaciones.
5. Según los teóricos del neoliberalismo por razones ideológicas y conceptos equivocados de justicia social, la mayoría de la gente desconfía de los hombres de negocios y prefiere a los burócratas, aunque la corrupción y los sobornos encarezcan los servicios públicos.
6. Esos mismos teóricos aseguran que los empresarios aportan al gobierno pragmatismo, competitividad y eficiencia, pero los empresarios pueden frustrarse al descubrir que los resultados en la administración pública no son tan positivos como en la empresa.
7. Como la norma es privatizar las empresas públicas, porque según las teorías de corte empresarial los empresarios son más eficientes, el gobierno debe buscar a los mejores socios para desincorporar (privatizar) empresas públicas, desrregular (eliminar las leyes que protegen a los bienes nacionales, públicos y sociales), y dar reglas claras que eliminen trabas burocráticas y cotos discrecionales.
8. Según los neoliberales los mexicanos nos especializamos en trámites, razón por la cual el gobierno debe simplificar la administración pública y eliminar el burocratismo.

1. MEMORIA. Número 40. Marzo de 1992. Artículo: "La crisis del Estado y la democracia en el sur" de Pablo González Casanova. p. 33.
2. Op. Cit. p. 34.
3. Op. Cit. pp. 34-35.
4. La Jornada. 26 de septiembre de 1999.
5. El Financiero. Informe Especial. 12 de marzo de 1995.

Pueblo de Jalisco desaparecerá por construcción de presa para dar agua a León Guanajuato

2009-03-24T14:49:00.000-07:00

En este hermoso lugar existe un pequeño poblado en peligro de desaparecer por la construcción de una presa que ya ha empezado a ser conocida como El Zapotillo.Temacapulín (Temaca, para sus habitantes) pertenece al Municipio Cañadas de Obregón distante poco más de cinco kilómetros en línea recta. Está ubicado a 21° 9’ 0” Norte y 102° 43’ 0” Sur, según un dato local; y según el Google Earth a 21 ° 11’ 01” Norte y 102° 42’ 02” Sur. Se ubica a 41 kilómetro y medio al norte, también en línea recta, de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Se sitúa a la orilla del Río Verde que viene de Los Altos de Jalisco y se junta con el Río Santiago en la Barranca de Oblatos al norte de Guadalajara. Se encuentra a una altura de 1680 metros sobre el nivel del mar y posee 343 habitantes y, de acuerdo a un joven que cuidaba un establo, hay otros tres mil fuera del poblado.

Posee esta hermosa iglesia construida hace 250 años, elevada al rango de Basílica hace 50 años, y de Parroquia hace 35. En una página web del Prebítero del pueblo se acusa a los gobiernos federal y estatal, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de haberlos tricionado, y denuncian a los traidores en Jalisco y muy cerca, de haber propuesto levantar 25 metros más la cortina de la presa de El Zapotillo, con lo cual el agua los habrá de alcanzar irremediablemente.

Esta lápida del año 1905 en un antiguo panteón, en una colina del pueblo, da cuenta de la antiguedad de Temacapilín, el cual es varias veces centenario y desaparecerá para dar agua a León Guanajuato.

El proyecto de la presa El Zapotillo fue iniciado en el gobierno del Presidente Vicente Fox, quién fue impulsado políticamente por los empresarios de León, y de esa manera les retribuye el adeudo. En Jalisco el proyecto fue empujado por el gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, y si tomamos en cuenta que el actual Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez y el Presidente de la República son panistas, los habitantes de Temaca no tienen para donde hacerse. Han hecho plantones frente al Congreso local, realizado encuentros con ecologistas de otras partes del país y de centroamérica e, incluso, estuvo allí Andrés Manuel lópez Obrador quién les prometió su apoyo decidido, pero la maquinación para desaparecer este precioso pueblo sigue en marcha. Sus habitantes están furiosos y valoran a los gobiernos panistas igual de corruptos e insensibles que los priístas, pero se defienden como pueden: los carteles y leyendas en las casas anuncian que tienen hijos y no abandonarán el pueblo a pesar del peligro. Entre las bellezas que desaparecerán para siempre para dar paso al enriquecimiento de unos cuántos está la hermosa cascada que se lanza al vacío una y otra vez durante varios meses del año. A un lado de ella está un balnerio muy visitado que también será cubierto por las aguas del Río Verde.

El nacionalismo revolucionario

2009-03-20T07:17:00.000-07:00

Entre las instituciones creadas por el Estado revolucionario la Secretaría de Educación Pública ocupa un lugar especial; fundada el 25 de junio de 1921 durante el gobierno de Álvaro Obregón fue alentada por José Vasconcelos. El proyecto educativo surgido de la revolución iluminó el nacionalismo y la cultura. Vasconcelos concibió un proyecto educativo y cultural nacionalista anclado en la historia milenaria de los pueblos originarios, tarea en la que contó con el apoyo político y financiero del Estado.
Vasconcelos concibió que el magisterio se habría de comportar como los misioneros de la época colonial, debían predicar el evangelio de la enseñanza entre el pueblo y emprender una santa cruzada contra la ignorancia, para regenerar a la nación; los educadores y los artistas debían trabajar sin adular al poder. En esa tarea las mujeres jugaron un papel esencial, de entonces data la figura femenina como símbolo del magisterio. Se instrumentaron cursos de invierno para los profesores, y Misiones Culturales para promover la enseñanza del civismo y el patriotismo entre la población indígena y rural del país.
Para Vasconcelos la educación y la cultura eran indisolubles. A la gran obra educativa y cultural no solo incorporó a los profesores, también incluyó a pintores, músicos, licenciados, arquitectos y antropólogos. La idea era formar ciudadanos con una ideología colectiva inflamada de un espíritu patriótico y nacionalista. La escuela, las artes y los libros eran un instrumento de regeneración nacional. Para ello propuso crear un espacio cultural en el que cupieran todos los habitantes del país. Las artes populares fueron revaloradas como representación del alma popular y de la identidad nacional. Se impulsa una política cultural de Estado, creando instituciones públicas que fueron absorbiendo las tareas educativas y culturales que en el pasado estaban reservadas para los ciudadanos. Esta es una de las bases que sustenta el nacionalismo en las siguientes décadas. En tanto, los artistas y creadores ya no son atraídos por el esplendor europeo y se quedan en el país. Después de 1917 el faro que alumbra la cultura en México ya no se ubica en Europa, sino en lo más profundo del legado mexicano rescatado paso a paso por el Estado, y se vincula a la política de integración nacional. Las paredes de los edificios públicos son iluminados por los muralistas con temas que rescatan la historia de México; por primera vez los campesinos, los obreros y los indígenas alternan con sus explotadores y las figuras políticas de nuestra historia. La revolución de 1910 1920 “es el disparador de este renacimiento cultural y nacionalista.” (1)

Con la consolidación del Estado, surgido de la Revolución que inició en 1910, la revolución misma se convirtió en una ideología que permitió justificar el derecho al ejercicio del poder político. Esta ideología se utilizó como instrumento de dominación y control político.
Con la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) surgió el mito de la revolución institucionalizada, esto es la continuación de la revolución desde el poder mismo. El Partido, así con mayúscula para patentizar su carácter de institución del Estado (Partido de Estado), enajenó la voluntad popular y de las organizaciones sociales y expresó el nacimiento revolucionario de la burguesía, dicho sin el menor sentido peyorativo. Esta clase fue un caso excepcional en América Latina pues reclamó su derecho al poder en virtud de haber salido victoriosa de una revolución.
La ideología revolucionaria incorporó el legado bonapartista de una revolución continúa que desde el poder redistribuye la riqueza. Eso convirtió al Estado en mediador de los conflictos entre las clases sociales, papel que de vez en cuando asumió pero que pregonó siempre. Sobre la misma base se construyó posteriormente la ideología de un régimen político benefactor (Estado de Bienestar) que se ocupaba de los menos favorecidos socialmente.
Como el régimen político se asumió como el único interprete y ejecutor de los ideales revolucionarios la única acción política o social que podía ser calificada como tal era la suya; la acción de otros agentes sociales era calificada como reaccionaria. Tanto los grupos de izquierda como los de derecha recibieron tal denominación. Eso le dio la oportunidad al régimen en el poder de ubicarse en un imaginario centro político que lo alejaba de los extremos, los cuales por definición eran malignos y a quienes allí se situaba eran extremistas. De esa manera se descalificaba las protestas de esos grupos y de todos aquéllos que disentieran de la voluntad suprema.
No podía ser de otra manera, el Estado revolucionario era legítimo porque expresaba la voluntad de todos los sectores sociales que eran aglutinados por El Partido, término que era pronunciado de forma tal que excluía la existencia de otros partidos. La inexistencia política era la pena para quienes se atrevían a organizarse políticamente fuera de las filas oficiales. Como expresión de la voluntad general ---ya dijimos que lo que estaba fuera de El Partido no existía--- El Partido y el régimen político en que se materializaba su poder encarnaban la voluntad de la patria. Toda acción contra El Partido y su gobierno se juzgaba como una acción contra la patria. Para que no quedara ninguna duda de la identidad entre El Partido y la patria, aquél se enfundó en los colores de la bandera nacional, por lo que votar contra El Partido equivalía a votar contra la patria.
Aunque el origen del Partido de Estado data de 1929 la plena constitución ideológica como tal se conformó durante los años que van del fin del gobierno de Manuel Ávila Camacho al entronizamiento y esplendor del régimen de Miguel Alemán. Es en estos años cuando se consigue anular la voluntad de otros y se pasa a expresar la voluntad de todos y a monopolizar el ideario nacional y, con ello, del ser nacional.
Esa operación ideológica requirió otra más que permitió confundir el concepto de Estado Nacional con el de régimen político priísta, de tal forma que ante esa confusión los empleados de la burocracia estatal se identificaron a sí mismos como miembros del partido gobernante. La confusión se había generado desde 1929 cuando el gobierno impuso una contribución a los burócratas para financiar al recién constituido Partido Nacional Revolucionario.
Esos procedimientos impidieron consolidar en México a todo lo largo del siglo XX una democracia de tipo Occidental, con un sistema político representativo, realmente pluripartidista, que permitiera la alternancia en el poder.
El nacionalismo revolucionario fue una ideología de dominación político-cultural. Por eso es que su acción fue penetrante en ese plano. Nos impuso la veneración de los héroes en un panteón en el que tuvieron cabida héroes reales y ficticios, personajes que no compartían en absoluto los mismos ideales, incluso algunos que combatieron encarnizadamente entre sí. Todos fueron igualados ante nuestros ojos obstaculizando la comprensión de la historia patria.
Se nos impuso una visión de la historia que luego fue calificada como historia de bronce, debido a que los héroes se convirtieron en estatuas, dignos de ser admirados por irreales y carentes de defectos. Los personajes de la historia se convirtieron en mitos, demasiado perfectos para ser simplemente seres humanos. En esa lógica la nomenclatura de calles, plazas, centros cívicos, recintos oficiales y unidades deportivas de todas las ciudades y pueblos del país se llenaron con los mismos nombres de los prohombres.
La historia local con sus personajes, hechos, ambiente y cultura regional significativos sólo tuvo cabida en la medida en que se ajustaba a la historia nacional, propiamente a la historia de bronce.
Con ese arsenal ideológico-cultural el Estado se encargó de educar a niños y adultos. Entendió por educación cívica la formación en los valores escogidos por el régimen político y convenientes a él. Impuso la obediencia como espíritu cívico y anuló la capacidad de comprender de varias generaciones. Se trató de una ideología absolutista, autoritaria y opresiva que todavía hoy forma parte de la cosmovisión de los mexicanos.
El mérito de la ideología revolucionaria es que fue compartida por la mayor parte de la sociedad, con las excepciones que tenía que haber, pero que no ponían en duda la hegemonía de los dueños del poder.
Tras el colapso económico de 1982 y el terremoto político de 1988 los presupuestos ideológicos del régimen se cimbraron desde los cimientos. Ese año arribó a la presidencia de la república un personaje carente de legitimidad política, quien sin reparar en la impopularidad que el asalto al poder le había generado, o quizás por eso mismo, modificó el proyecto que el nacionalismo revolucionario había consensado-impuesto como nacional.
El grupo de Carlos Salinas adoptó una nueva ideología que no fue consensada con los otros sectores del régimen político, desarticuló el sistema de equilibrios y compensaciones construido a lo largo de los años y esperó pacientemente que la bonanza económica que generaría el neoliberalismo llegara. El espejismo duró poco y el resquebrajamiento del viejo régimen se volvió a sentir con mayor fuerza que seis años atrás. Tras otro sexenio errático se presentó el desenlace definitivo que ya es conocido.
Lo significativo no es sólo que el PRI haya perdido el poder, sino que no se ha construido un nuevo proyecto político-cultural que sea compartido por la mayoría de los mexicanos. Es así que el espacio que ocupó el nacionalismo revolucionario está vacío. Las promesas de democracia electoral y alternancia política no son suficientes para resolver las demandas de millones de personas que sintieron al nacionalismo revolucionario como un proyecto más cercano a sus necesidades materiales y a su ubicación en la vida.
Ante la ausencia de un proyecto que resuelva los problemas fundamentales del pueblo de México es posible que los usufructuarios del proyecto fenecido revivan algunas de sus añejas promesas. Ese es el vacío que pretenden llenar los herederos ideológicos del tipo del ex presidente de México Luis Echeverría Álvarez, quien ha dicho que "`No se va morir la Revolución Mexicana porque algunos hayan dejado de mencionarla;'" Y la vinculó con la soberanía nacional, la salud, la educación y el empleo igualitario para todos los mexicanos, "`sin concesión de ningún tipo'". Como si durante su gobierno hubiera observado una conducta política igualitaria y no hubiera hecho grandes concesiones al gran capital financiero; basta recordar la aprobación de una legislación favorable a la creación de la llamada banca múltiple. Otro alegato semejante expuso hace unos cuantos años el ex presidente José López Portillo al autodesignarse como el último presidente de la Revolución Mexicana, siendo que los historiadores la habían enterrado más de tres décadas antes del inicio de su régimen.
Para David Brading el nacionalismo mexicano está en crisis y sus temas se gastaron, aunque confiesa no estar interiorizado de lo que pasa hoy en México considera que con la globalización de la economía cualquier nacionalismo entra en crisis. (2) Sería conveniente limitar el alcance de su afirmación, pudiera ser cierto si se refiere al nacionalismo revolucionario, pero no tanto para el nacionalismo mexicano.
Un estudio realizado en el año 2000 parece ir en un sentido distinto. La globalización y los flujos supranacionales propiciados por ella en los ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura, no están inhibiendo los procesos nacionalistas, más bien los están reflejando de manera superlativa. La hipótesis podría tener sustento, pues hoy en día los países más grandes de América Latina han elegido gobernantes nacionalistas. La Encuesta Mundial De Valores (EMV), realizada en México por el Grupo Reforma, encontró que el 79 por ciento de la población mexicana se siente orgullosa de su nacionalidad, mientras que en 1990 era apenas el 55 por ciento. Otro dato digno de consideración es que la pertenencia a distintos segmentos sociales no se traduce en manifestaciones nacionalistas distantes, considerando el nivel de estudio tenemos lo siguiente: quienes tienen estudios superiores representan el 81 por ciento, y los que poseen el índice más reducido de escolaridad constituyen el 74 por ciento, entre ambos segmentos se encuentran tanto los que carecen de escolaridad como los que estudiaron nivel básico y medio. Lo mismo ocurre si se toma en consideración otros indicadores, tales como el género, la edad y la región. Por género los hombres son apenas un poco más nacionalistas que las mujeres, 80 y 78 por ciento respectivamente. Por edad la población menos nacionalista se ubica entre 20 y 29 años, en tanto que la población mayor a 70 años tiene los índices más altos: el 86 por ciento. Por regiones: la zona sur posee el índice más elevado, el 81 por ciento, la zona norte el 80 por ciento, y la zona centro-occidente el 79 por ciento. (3)
Otro estudio del Grupo Reforma efectuado en el mes de agosto del año 2000, apenas poco después de la elección presidencial, revelaba lo siguiente: el 66 por ciento de los mexicanos creían que el sistema político mexicano ya era democrático contra el 42 por ciento de dos meses antes y el 38 por ciento del año 1999. El artículo del Grupo Reforma aventuró una conjetura: se estaba viviendo una transferencia de los valores nacionalistas hacia los valores democráticos. De ser cierta esa suposición, la elección presidencial del año 2006 habría roto esa transferencia de valores, pues más del 40 por ciento de la población mexicana está convencida de que hubo un fraude electoral en la elección presidencial. En diciembre de 2007 el 60 por ciento de los mexicanos pensaban que si las elecciones fueran en ese momento serían algo sucias, muy sucias o fraudulentas, mientras que en julio de 2006 era el 33 por ciento. (4)
El intento por ceder el petróleo al capital monopolista mundial no es reciente, paso a paso el gobierno mexicano ha ido avanzando en ese rumbo. En el mes de marzo de 1996 decía Luis González Souza que la globalización estaba convirtiendo al nacionalismo en palabras superfluas cargadas de retórica; la llamada modernización estaba profundizando el atraso y la desnacionalización. En ese momento el gobierno de Ernesto Zedillo estaba cediendo la petroquímica en un proceso calificado por nuestro autor como un acto irracional del moderno desnacionalismo mexicano: “Siendo más globalizador que las potencias globalizadoras; tragándose por completo el anzuelo neoliberal, el bloque gobernante en México se apresta a culminar la privatización/extranjerización de la mismísima industria petrolera.” Valora el nacionalismo mexicano como la última tabla de salvación para seguir existiendo como comunidad con identidad propia, identidad afianzada en los lazos culturales. Considera la nacionalización de la industria petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938, como “parte de las mejores tradiciones culturales de México”, y valora las capacidades adquiridas en el manejo de la industria petrolera como “ingredientes clave del nuevo nacionalismo requerido”. Por razones de seguridad nacional, de orden cultural y como palanca de desarrollo es indispensable conservar la industria petrolera bajo el control de un Estado dirigido por hombres honestos, eficientes y con espíritu democrático. (5)
En otro artículo aparecido en el mismo diario, el mismo día, Emilio Zebadúa menciona una encuesta efectuada por el periódico Reforma, en la cual el 70 por ciento de los mexicanos considera a Pemex como una empresa estratégica para la soberanía nacional. Esos datos fueron refrendados por varias manifestaciones de protesta contra el intento de privatizar la petroquímica, ocurridas el 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, en varias ciudades petroleras del país, entre las cuales cabe mencionar a Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Ciudad Madero, Tampico y Salamanca. La jugarreta del gobierno consistió en reclasificar los productos petroquímicos, catalogando como productos secundarios los que en realidad son primarios, para deshacerse de los productos petroquímicos primarios. En esos días el gobierno de Ernesto Zedillo había comprometido las exportaciones petroleras de México con Estados Unidos, como garantía del rescate financiero. La venta de la petroquímica no tenía el objetivo de “fortalecer a Pemex”, como declaró ese gobernante, sino atraer recursos económicos a un régimen político urgido de billetes verdes. Zebadúa también evalúa a la industria petroquímica como “el último bastión de la soberanía”. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador propuso en Villahermosa Tabasco, ese mes de marzo de 1996, la idea de “unir esfuerzos para proteger la soberanía nacional con base en aportaciones pequeñas e individuales, en especie o en dinero. Una acción así demostraría por sí sola que el nacionalismo es un sentimiento histórico que le pertenece a la sociedad y no al gobierno.” Ese esfuerzo y esas aportaciones estarían dirigidas a preservar la propiedad de la petroquímica para la Nación. (6)

Referencias:
1.La Jornada, 4 de agosto de 2004. Artículo de Enrique Florescano: “El Nacionalismo Cultural 1920 1934”.
2.La Jornada de en medio. 26 de agosto del 2000. Sección: Cultura.
3.MURAL. 15 de septiembre del 2000. P. 12 A
4.Sergio Aguayo, programa Primer Plano, del 14 de enero de 2008.
5.La Jornada, 21 de marzo de 1996. Luis González Souza: “Petróleo y nuevo nacionalismo”.
6.La Jornada, 21 de marzo de 1996. Emilio Zebadúa: “Petróleo y Nación”.

LA CORPORATIVIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

2009-03-11T23:10:00.000-07:00

Los ideologos de la revolución francesa del siglo XVIII pusieron en primer plano el rechazo a una sociedad basada en órdenes y en cuerpos, y denunciaron los corporativismos porque, argumentaron, obedecían a intereses particulares. Ello implicó la supresión de las cofradías y las corporaciones particulares y religiosas a las que se consideró opuestas al interés general. Aunque se consideró que un Estado bien organizado era aquel en donde podían existir asociaciones libres de individuos reunidos conforme a la ley, sin reconocer ningún otro tipo de corporación, que no fuera la corporación general de los ciudadanos (la nación). Entre la nación (lo general) y los individuos (lo singular) no debía haber intermediarios.
No quisieron reconocer otra forma de propiedad que no fuera la propiedad privada y la propiedad pública; por eso derogaron todas las corporaciones y nacionalizaron o privatizaron todos los bienes de manos muertas. El poder público implicó mecánicamente la existencia de la propiedad de cuerpo, la del Estado, pues únicamente el Estado era capaz de expresar la voluntad realmente general. Tanto los bienes de manos muertas como las corporaciones fueron considerados perjudiciales. La crítica de los cuerpos intermedios conduce a la exaltación del “gran todo” (la esfera pública) y a la extensión del ámbito de lo privado.
Los ideólogos llamaron a apoderarse de la imaginación y los sentimientos de los hombres para gobernarlos, se propusieron ganarse la mente y el corazón de los individuos mediante la realización de fiestas nacionales que debían recordar la gran gesta revolucionaria y mantener la fraternidad entre los ciudadanos.
Aunque proclamaron su lucha como liberadora negaron el derecho al voto a las mujeres, porque decían que el hombre y la mujer formaban una sola persona en la vida de pareja.
Vieron con preocupación el surgimiento de clubes y sociedades populares (instituciones que todavía no eran partidos políticos) a los cuales reglamentaron estrictamente por considerarlos: primero, cuerpos intermedios que eran una amenaza y, segundo, porque desvirtuaban la relación entre la generalidad (poseedora de la cualidad democrática) y el individuo. Pero finalmente los clubes y las sociedades populares fueron tolerados, a condición de contribuir a impulsar la deliberación y a organizar los procedimientos electorales.
Surgió también la discusión entre la democracia directa y la democracia representativa.
Tres cuartos de siglo después esa discusión se aclimató en México. Los liberales basaron su política en la idea de la propiedad privada como un derecho inalienable del hombre. Por esa razón decretaron ilegal otras formas de propiedad y asociación pública a las que genéricamente denominaron corporaciones. Esas medidas incidieron directamente en el estallido de la Revolución de 1910-1920.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 1917, restableció la vigencia legal de las formas de propiedad y asociación colectivas, tales como: los ejidos, las cooperativas, los sindicatos, y otros tipos de gremios, a la vez que reconoció el derecho de los patrones a agruparse también.
Las formas de propiedad y asociación conocidas como corporaciones están enraizadas en la historia de México y, lógicamente, han tenido gran importancia en la vida pública del país a lo largo del siglo XIX y lo que corre del actual.
La formación de un nuevo tipo de corporaciones dio lugar a que los derechos individuales y sociales, establecidos en la Constitución, sólo se pudieran alcanzar a través de la mediación de este tipo de organismos. Este aspecto tiene la mayor importancia para entender el desarrollo de la vida pública en México.
La forma de organización corporativa ha dado lugar a un fenómeno conocido comúnmente con el nombre de corporativismo. El corporativismo es un sistema de representación de intereses que permite vincular los intereses de las organizaciones de la sociedad civil con las estructuras de decisiones del Estado.

Por razones históricas y sistémicas el corporativismo mexicano no es ajeno al corporativismo de otros países con los que comparte rasgos semejantes. Mencionemos algunos de esos rasgos y las peculiaridades que presentan en México:
I. Las organizaciones de interés están fuertemente coptadas por la estructura que toma decisiones en el gobierno, mediante la participación de aquellas organizaciones en comités asesores, procedimientos de revisión y consulta, organismos de apoyo, dictamen y control, etcétera.
La adopción en México de la ideología neoliberal como orientación de la política económica redujo el papel de las corporaciones vinculadas con el trabajo, pero incrementó el papel de aquéllas ligadas al capital. Así vemos hoy a grandes corporaciones privadas efectuando obra pública en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la construcción de vías de comunicación, mediante procedimientos anticonstitucionales conocidos como Contratos de Servicios Múltiples, o bien, sabemos de la existencia de corporaciones privadas efectuando funciones aduanales, mediante mecanismos que también violan nuestra Constitución Política.
II. Las grandes organizaciones de interés están fuertemente vinculadas con los partidos políticos y toman parte en la formación de políticas.
Históricamente los sindicatos han estado fuertemente vinculados con el Partido de Estado en México, y aghora con el partido en el Estado, y si bien hoy ese vínculo se ha debilitado, en cambio se ha fortalecido el vínculo de los organismos de interés privado con el Estado. El cambio más importante relacionado con la administración panista es que ahora las organizaciones de interés privado han coptado las estructuras que toman las decisiones en el gobierno, ahora son gobierno; el corporativismo privado se ha adueñado del Estado.
Por otro lado, se ha debilitado el vínculo entre sindicatos y partidos políticos, sólo algunas dirigencias sindicales conservan fuerza en el Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo: la burocracia que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sigue incrustada en el PRI manteniendo una relación que se mueve de la tensión extrema a una distensión cargada de incertidumbre con la dirigencia de ese partido; los vínculos delictivos entre la burocracia sindical petrolera y distintas candidaturas de ese partido político se mantienen; tanto el SNTE como el sindicato petrolero siguen operando con frecuencia fuera de la ley y eventualmente llegando a acuerdos con el gobierno del presidente panista en turno, por lo que el corporativismo sindical reformado perdura.
El corporativismo sindical en la industria eléctrica sigue distintas estrategias de reacomodo ante la amenaza de destrucción vía la privatización de ese sector: el SUTERM se mantiene pasivo con acercamientos constantes al Poder Ejecutivo, en tanto que el sindicato de la empresa Luz y Fuerza del Centro ha pasado a un activismo que busca coordinar acciones con la sociedad civil y otros agrupamientos que defienden la soberanía nacional.
El corporativismo "campesino" se ha enfrentado en batallas verbales con la dirigencia priísta, pero demuestran poca eficacia fuera de las relaciones corporativas tradicionales con el Poder Ejecutivo.
El corporativismo empresarial es el más exitoso. De una época en que la relación con el partido en el poder aparecía como una relación punto menos que incestuosa, los representantes de ese sector han pasado no solo a patrocinar campañas electorales, sino a ocupar puestos de elección popular, promovidos tanto por los partidos "revolucionarios" como por el "Partido del Cambio".
III. La mayoría de las organizaciones de interés están estructuradas de manera jerárquica, y la membresía a ellas tiende a ser obligatoria.
En México las estructuras jerárquicas de esas organizaciones están intactas, pero se ha debilitado la membresía obligatoria a ellas. Hacia el año de 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que no era obligatoria la afiliación de los empresarios a las Cámaras empresariales.
El 21 de mayo de 1996 la SCJN emitió un fallo favorable al Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG), precisando el alcance del Artículo 123 Constitucional relativo a la libertad de asociación, medida con la cual se descalifica legalmente la afiliación forzada de los académicos de esa Universidad al sindicato oficial.
Por su parte, la derrota presidencial priísta aflojó los mecanismos compulsivos e ilegales que compelían a los sindicatos a afiliarse a las centrales priístas.
IV. Los sindicatos y los grupos empresariales más poderosos se constituyen en monopolios del trabajo, del acceso al trabajo, y de la actividad empresarial, y eliminan o dificultan la competencia, estrategia del sistema capitalista clásico y eslogan del capitalismo monopolista contemporáneo.
La Constitución permite, desde 1917, la libre organización de trabajadores y patrones, pero es enfática en prohibir la existencia de monopolios. Con el tiempo estos han pasado por encima de la Carta Magna y los políticos a su servicio han modificado diversas disposiciones jurídicas par legalizar su presencia; sin embargo, el combate del capital contra el trabajo se ha propuesto eliminar el derecho a existir de los organismos integrados por trabajadores; las estrategias varían con la misma finalidad.
Está latente una propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo recesiva. Dicha reforma ha sido publicitada como la reforma laboral que el país necesita. En su momento la reforma que las corporaciones patronales demandan fue consensada entre el PRI, el PAN, la Secretaría del Trabajo y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), nada más que el tiempo electoral se les vino encima y los partidos comprometidos no quisieron perder votos; lo cual no eliminó la posibilidad de llevar adelante sus fines, ahora existe una nueva propuesta de reforma laboral regresiva impulsada por el Secretario del Trabajo.
Se pretende pasar de un régimen monopolista del trabajo ---de las centrales y sindicatos priístas--- a uno totalmente abierto en donde dichos monopolios conserven sus posiciones, pero el trabajador pierda gran parte de los derechos que la Ley les concede hoy. Con esta medida no se destruyen las corporaciones dirigidas por los grupos priístas tradicionalmente corruptos, sino a los sindicatos y los derechos de los trabajadores mexicanos.
V. En las relaciones industriales-laborales hay una fuerte "concertación" entre los dirigentes sindicales y las dirigencias de las organizaciones patronales con el Gobierno e, incluso, en cierta época acostumbraron firmar los llamados pactos, lo cual implica que los sindicatos se abstienen de emplear la huelga u otras tácticas conflictivas.
La concertación entre las corporaciones del trabajo y las del capital tienden a ser directas, sin el brazo "mediador" del Poder Ejecutivo; las concertaciones continúan y todavía permiten mantener, aunque sea congeladas, tácticas "conflictivas" como la huelga. Si bien el Ejecutivo ya no concita la firma de pactos, se mantiene la estructura concertadora-impositiva del Estado: las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Rasgos del corporativismo

1. Aunque el corporativismo vigente todavía permite prevenir los resultados, ya no goza del control de seguridad máxima: la obediencia de todos al Presidente de la República. Así pues, es un dispositivo con menor margen de prevención que antaño.
2. El corporativismo da lugar a la coptación de dirigentes de organizaciones sociales o patronales. Las corporaciones sociales ligadas al panismo no son laborales, razón por la cual no copta dirigentes de ese sector, ahora los extrae del sector empresarial privado y encarga la tarea a head hunters.
3. El acceso a las corporaciones se institucionaliza. Este proceso continúa en el corporativismo mexicano, y también continúa la institucionalización de las corporaciones, pues falta la reforma laboral que ni los Gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox pudieron concretar.
4. Se mantiene la división jerárquica (instancias escalonadas de poder), vertical (el poder se expresa de arriba abajo) y sectorial (por ramas de actividad, lo cual dificulta la solidaridad entre los distintos sectores laborales) de las corporaciones; mientras tanto se promueven distintas formas de coordinación patronales, tales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otras formas de coordinación modernas y novedosas.
5. Los conflictos entre grupos siguen siendo tratados de manera legal mediante organismos competentes en materia laboral y administrativa.
6. Los recursos del Estado para fines sociales se siguen asignando de manera planificada y tecnocrática, cabe hacer notar que cada vez disminuye su cuantía; no obstante los recursos del Estado son de mayor cuantía cuando involucra los campos de interés de las corporaciones patronales.
7. Continúan existiendo las dependencias paraestatles funcionalmente especializadas, aunque persiste la decisión oficial de reformar o desaparecer algunas para que sus campos sean ocupados por las corporaciones privadas. Tenemos los casos de Diconsa, INI, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos e, incluso una Secretaría de Estado (la de la Reforma Agraria) puede seguir el mismo camino.
8. Sigue imperando el formalismo, el consenso y la negociación, que son tan propios del corporativismo, en la cultura política mexicana. Esos valores se promueven y exaltan como fines deseables, dignos de ser imitados y reconocidos. A un lado han ido quedando valores como la justicia social, la verdad y la solidaridad de clase.
9. Continúan las prácticas clientelistas ---especialmente en los procesos electorales--- y patrimonialistas en ciertas áreas y niveles del régimen.
10. El debilitamiento del presidencialismo aflojó el estrechamiento y aislamiento de los opositores, pero el sistema corporativo mantiene vigentes esas prácticas.
11. Ha disminuido la represión física y la intimidación periódica contra quienes disienten de los consensos corporativos, pero la muerte civil se sigue practicando allí donde las condiciones lo permiten.
12. Las cúpulas de las corporaciones patronales ya no están a la espera de los favores del Gobierno, están en el Gobierno, deciden en él, ya no son un cartel al servicio del Presidente, y también se sirven de él. En cambio las corporaciones que controlan el trabajo pasan por momentos inciertos, de euforia y depresión.
13. La persistencia de muchas de las características definitorias del corporativismo estatal privatizador, siguen dando persistencia y viabilidad al sistema político corporativo, incluso en el prolongado período de las reformas estructurales (cambio económico y crisis social inducida). Aunque no es claro cuál sería su utilidad en una crisis económica o política.
14. Se ha aflojado la subordinación de las entidades estatales al poder burocrático central.
15. Los procesos electorales se han transparentado, pero la competencia y la misma transparencia electoral está en relación al dinero, al acceso a los medios y a las inercias del pasado.
16. Ha desaparecido el sistema político de Partido Único, pero se ha desarrollado un bipartidismo de Éstado de derecha que, incluso, podría ser peor.
17. Se siguen reclutando las autoridades ejecutivas de círculos estrechos, y la represión contra las clases subalternas y los grupos étnicos continúa.
18. El neocorporativismo vigente responde a los intereses del gran partido invisible (el Partido Neoliberal), oculto a los ojos de los votantes, pero real cuando toma las decisiones de política económica y social que nos afecta a todos. El sistema político corporativo sigue teniendo las características de un Estado capitalista subdesarrollado y autoritario.

Las corporaciones patronales en México

Legislación
1. La fracción XVI del Artículo 123 Constitucional consagró desde 1917 el derecho de los obreros y los patrones "para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc."
2. La fracción X del Artículo 73 Constitucional facultó al Congreso para legislar, entre otras cosas, con el fin de "expedir las leyes del trabajo reglamentarias del Artículo 123" de la propia Constitución.
3. En 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, lo que vino a dar carácter institucional, desde el punto de vista oficial, a la vida de los sindicatos de trabajadores y patrones.
4. En 1936 la Ley de Cámaras de Comercio e Industria reglamentó el funcionamiento de las cámaras comerciales e industriales, que habían venido funcionando mediante una Ley de Cámaras de Comercio que había sido expedida en 1908 durante el régimen de Porfirio Díaz.
Todas las cámaras de que hablaremos en la parte relativa a éstas se rigen por la Ley de Cámaras, excepto la COPARMEX que se rige por la Ley Federal del Trabajo.
El 2 de mayo de 1941 la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria reemplazó a la Ley de Cámaras de Comercio e Industria de 1936. Estableció la separación entre las cámaras de comercio e industria las cuales se habían mantenido fusionadas. Esta ley es más estricta que la Ley Federal del Trabajo y contiene disposiciones sobre la ubicación y la jurisdicción, el carácter y los objetivos, la constitución, el funcionamiento y el registro de las cámaras de industria y de comercio, así como de las confederaciones respectivas.

Las cámaras
a) La iniciativa para que se integraran organismos empresariales como los que conocemos con el nombre de Cámaras, partió de la Secretaría de Industria y Comercio, quién convocó a la realización del Primer Congreso Nacional de Comerciantes entre el 12 de julio y el 4 de agosto de 1917.
En esa reunión se aprobaron las "Bases Generales para la Organización Colectiva del Comercio".
El 15 de octubre de 1917 se unieron 32 cámaras y el 3 de noviembre de ese mismo año se firmó el acta constitutiva de la Confederación de Cámaras de Comercio.
b) El primer Congreso Nacional de la Industria se reunió a partir del 17 de noviembre de 1917, y el 26 de diciembre de ese mismo año se estableció una comisión permanente ante la presencia del Secretario de Industria y Comercio, el ingeniero Alberto J. Pani.
El 13 de septiembre de 1918 se constituyó la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). La principal preocupación de sus integrantes estaba relacionada con la reglamentación del Artículo 123 Constitucional.
c) En diciembre de 1941 fue fundada la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). Pero su vida fue muy inestable al principio, ya que la CONCANACO y 96 empresas industriales se ampararon contra el acuerdo de la Secretaría de la Economía que permitió su fundación. En 1943 el conflicto se resolvió a favor de CANACINTRA y a partir de entonces su existencia legal quedó garantizada. Al principio la integraban 93 empresas fundadoras y al finalizar 1944 ya eran 5,080.
Dos circunstancias confluyeron en el surgimiento de CANACINTRA: la primera fue la aceleración del crecimiento económico de la pequeña y mediana industria ocupada en la sustitución de importaciones de bienes de consumo ante la carencia provocada por la segunda guerra mundial; la segunda tuvo que ver con el interés del Estado tendiente a organizar en un frente unido a la pequeña y mediana burguesía industrial, dominada por intereses nacionales.
d) En 1929 se reunió la Asamblea General de la CONCAMIN. Los miembros de esa corporación estaban preocupados por la federalización de la legislación laboral, y en especial por el proyecto de Ley Federal del Trabajo.
Aunque la Ley de Cámaras no les impedía actuar un grupo de empresarios encabezados por Luis G. Sada decidió crear un organismo que no se rigiera por la Ley de Cámaras, y así surgió la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el mes de septiembre de 1929.
En los años setenta ya tenía 54 centros empresariales en el país, agrupando a más de 36 000 empresarios y empleando a más de dos millones de personas.

El Consejo Coordinador Empresarial
La preocupación por actuar por encima de los marcos regulatorios del Estado hacia el sector empresarial, llevó a los principales representantes de las corporaciones privadas en México a fundar el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 5 de agosto de 1976. El CCE agrupa a los organismos cúpula del sector privado en México. Es importante llamar la atención sobre el momento de su fundación: es el final del Gobierno de Luis Echeverría con quién el sector empresarial había tenido fuertes enfrentamientos, ya había sido electo el nuevo Presidente, José López Portillo, y el sector empresarial deseaba mostrar cuál sería la manera en que se entenderían el poder político y el poder económico en el futuro.

La política desarrollista

2009-03-05T06:35:00.001-08:00

La segunda guerra mundial no dejó de impactar a México. Las necesidades que trajo consigo la guerra propiciaron el incremento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Esta circunstancia más la política redistributiva del cardenismo influyó en un crecimiento sostenido del producto interno bruto mayor al 5 %, promedio anual, a lo largo del sexenio gobernado por Manuel Ávila Camacho. El resultado dio lugar al espejismo de haber encontrado la ruta segura al desarrollo; de allí hacia delante se postuló al inversionista privado, nacional o extranjero, como un agente promotor del desarrollo y a la expansión industrial como un objetivo a alcanzar; para favorecer al nuevo sujeto del desarrollo se diseñó toda una estrategia oficial que lo eximió de impuestos y lo liberó de la presión de los sindicatos y de la competencia externa. Sin embargo, la inflación acumulada obligó al gobierno a devaluar la moneda en dos ocasiones y a diseñar una estrategia correctiva.

Ahora la propuesta fue mantener o incrementar el crecimiento económico con estabilidad de precios (desarrollo con estabilidad). El desarrollo Estabilizador, como se conoció esta filosofía económica-política, otorgó nuevos incentivos al capital: subsidios en transportes, energía eléctrica, petróleo, estímulos fiscales, sin contar una legislación protectora que los libraba de enfrentar la competencia con el exterior y les brindaba un mercado cautivo. El Estado se autodefinió como Promotor del Desarrollo. Para mantener los estímulos y apoyos al capital privado el Estado se endeudó en el exterior. Eso permitió un largo período de relativa estabilidad de los precios y de estabilidad monetaria. Pero se trató de una estrategia que no era sana, pues se alcanzó la estabilidad interna a costa de la inestabilidad externa.

Los factores que favorecieron la estabilidad fueron la concurrencia de los inversionistas externos y la decisión de los bancos extranjeros de otorgar créditos al gobierno mexicano; eso le permitió a éste no recurrir a prácticas inflacionarias para financiar el gasto público, pero volvió dependiente al Estado mexicano de los recursos externos.

Uno de los principales impulsores del desarrollismo, el ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, definió los objetivos de esa estrategia: a) crear ahorro voluntario interno, b) asignar los recursos públicos de inversión de manera adecuada, y c) reforzar los efectos estabilizadores sobre los desestabilizadores.

El Estado se asignó la tarea de "promover y encauzar el desarrollo económico", para lo cual incentivó la penetración de capital foráneo aceleradamente; éste se desplazó de unas ramas a otras, prefiriendo las de mayor dinamismo; la inversión pública absorbió una parte creciente de la creación de capital fijo; y una parte de ella se destinó a la construcción de obras de infraestructura. Pero, en cambio, el porcentaje de inversión para beneficio social se mantuvo bajo.

La políticaa orientadora del Desarrollo Estabilizador tenía una base ideológica tecnocrática, consistente en: a) aumentar el volumen de la producción de cada hombre que fuera ocupado; b) incrementar la inversión de capital para aumentar la productividad, lo cual supuestamente redundaría en el mejoramiento del ingreso real de la fuerza de trabajo; c) mantener utilidades altas para el capital; d) la política económica se dirige a incrementar la acumulación de capital, no a resolver las necesidades sociales, lo cual se justifica aduciendo el crecimiento del producto; una política económica pensada para la acumulación de unos pocos, no para la satisfacción de las necesidades de todos los agentes económicos, con justa razón ha sido rebajada con el concepto despectivo de desarrollismo; e) la generación de capital aumenta pero su distribución escapa al control del Estado, el resultado es que desde entonces éste recurre al endeudamiento público como recurso para financiar el gasto deficitario; el Estado renuncia, además, a cualquier recurso de reforma tributaria para financiar internamente sus gastos y echa mano del encaje legal (deuda pública interna); con ello condena su autonomía financiera futura.

Al doblar la década de los sesenta a la década de los setenta el desarrollismo inicia su crisis, pero el nuevo presidente, Luis Echeverría, intenta reformarlo y relanzarlo. Diseñó, entonces, la estrategia del Desarrollo Compartido. Básicamente proponía a) mantener el crecimiento económico y redistribuir una parte del ingreso; b) reforzar las finanzas públicas y las paraestatales; c) reorganizar las transacciones con el exterior y reducir la deuda externa; d) modernizar la agricultura ---"que solo los caminos queden sin sembrar" decía un cartel publicitario--- y aumentar los empleos; y e) volver racional el desarrollo industrial, lo cual implicaba que la industrialización nos había negando el desarrollo.

A pesar de los buenos propósitos el desarrollismo se había vuelto inviable porque se financió con recursos externos, descuidó obtener los recursos de quienes los tenían en el país, y sus principales beneficiarios dilapidaron el producto del trabajo de los mexicanos; aparte de eso, el Estado había asumido una pesada deuda externa que lo obligó a renunciar a su papel de promotor del desarrollo para darse uno más modesto como rector del desarrollo nacional. La crisis que estalló en el año de 1982 lo despojó de sus pretensiones y lo colocó ante la tesitura de declarar la moratoria del pago de la deuda externa. Hacia el año de 1984 el Estado mexicano hizo agua y rápidamente inició el abandono de la política desarrollista que hasta allí se había mantenido en sus aspectos esenciales. El viraje fue brusco se abandonó el lenguaje nacionalista y se adoptó el de la globalización.

EL DESARROLLO INSUSTENTABLE. Estero de Miramar, Bahía de Bacochibampo

2009-03-05T05:04:00.000-08:00

La playa de Miramar es apenas una lengüeta de arena que separa a la Bahía de Bacochibampo del estero ubicado a su espalda. El agua penetra al estero por un canal en el noreste de la bahía, desparramando generosamente el agua por varias hectáreas, teniendo como marco y límite los cerros que lo rodean. Desde tiempo atrás las familias ricas del puerto se apropiaron de la playa construyendo sus mansiones y arrojando las aguas negras a la bahía. Al mismo gobierno del Estado se le atribuía también la propiedad de una casona en los años setenta. Un puente permitía librar el estero y continuar a otras fincas situadas al norte de dicha bahía, pero desde hace unos años el puente fue tirado para impedir el paso a los vehículos de los vecinos de Guaymas que usaban la playa como lugar de recreo, molestando la tranquilidad de los hombres del dinero, y para dejar el acceso libre a las embarcaciones de los potentados que atracarán en los muelles privados que se han construido en el interior del estero. Al parecer esta fue la idea fundamental para tirar el puente y terminar de privatizar la playa con todo y el estero.

El problema radica en que para ello se hizo todo lo posible para extinguir la flora marina y se logró, salvo algunas islas de vida que todavía quedan al norte del estero; pero que irremediablemente perecerá, pues una carretera pasa a su lado y una colonia popular se asienta en la parte suroriental del estero.

El DESARROLLO INSUSTENTABLE. Estero El Soldado

2009-03-04T20:50:00.000-08:00

Al oeste de la playa de San Carlos se divisa el Condominio Pilar, situado a un costado del Estero El Soldado, un hermoso vaso de agua de algunas decenas o cientos de hectáreas. El agua de mar entra y sale del estero dejando una agradable playa todavía accesible a los vecinos y visitantes. En los años setenta y ochenta estaba poblado de ostras y otras formas de vida marina, eso no parece haber variado, por lo menos en la parte cercana al mar, la cual se conseva en condiciones aparentemente buenas.

Una cerca anuncia la presencia del Estero El Soldado, a unos metros del Condominio Pilar, los separa una especie de cancha futbolera.

Abajo una serie de fotos ofrece un testimonio de este estero digno de preservarse. Cuando escribí un artículo hace 25 años, y lo publiqué en el periódico La Gaceta de Guaymas Sonora, supe que el estero contiene la mayor parte de las variedades de mangle existentes en la costa del Pacífico.

En las tres fotos siguientes se aprecia lo peligrosamente cerca que se encuentra el Condominio Pilar del Estero El Soldado.

Desgraciadamente, como era de esperarse, el Condominio Pilar colabora con una gran cantidad de basura ubicada en la orilla misma del Estero El Soldado, entre la que se aprecia latas de pintura, partes de automóviles y desperdicios de tubería de drenaje, como lo muestran las siguientes fotos.

A su lado otro negocio turístico, llamado Bahía Delfín, también contribuye a congestionar el área cercana a el estero.

No obstante la salud aparente de el Estero El Soldado hay signos de deterioro, en gran parte del terreno cubierto por las mareas ya no hay vegetación, y se aprecia restos de mallas ciclónicas y basura en general; basta con dejar que esa superficie se llene de basura o se tape para que se muera la flora marina y los terrenos estén en disposición de ser rellenados y ocupados por futuras construcciones, ver las siguientes fotos.

Por un lado del Estero El Soldado se abrió recientemente una carretera que va del boulevard que lleva a San Carlos desde la carretera internacional, impropiamente bautizado con el nombre de un gobernador de triste memoria, el cual conduce a Miramar. En su trayecto se encuentra el llamado Delfinario y, no obstante que letreros colocados a la orilla indican que se trata de un área natural protegida, a un lado de éste otro negocio (Punta Arrecifes) con un letrero anuncia la venta de fincas.

EL DESARROLLO INSUSTENTABLE. San Carlos

2009-03-04T20:26:00.000-08:00

La privatización de las playas de San Carlos avanza rápidamente. En la foto una cerca marca la "propiedad privada" que limita el movimiento de los visitantes en la playa de San Carlos, justo en donde inicia la zona hotelera. A la playa se llega por un callejón de acceso, al fondo se distingue el Cerro Tetas de Cabra.
El estero de San Carlos ya no tiene vida y es aprovechado como "marina"; si bien al norte todavía queda una entrada a manera de arroyo que conserva algunos mangles, los cuales habrán de perecer inexorablemente por la contaminación.

EL DESARROLLO INSUSTENTABLE. Los Algodones

2009-03-02T16:57:00.000-08:00

El Partido Conservador (las elites del PRI y el PAN, unos treinta grandes empresarios asentados en el país y sus réplicas locales) lleva adelante una política depredadora no solo de la economía, la seguridad y el bienestar social y de la tranquilidad del pueblo mexicano, sino de la naturaleza de nuestro país. Para no mencionar hechos relativamente retirados de nuestro entorno, veamos lo que ocurre a nuestro alrededor en donde esa política es visible.
En San Carlos Nuevo Guaymas las playas, cerros y esteros han sido ocupados por los llamados “desarrollos”, empresas turísticas que se han ido apoderando de los espacios en donde los porteños solían esparcirse; todo eso con la complacencia de las autoridades federales y locales, supuestamente porque generan fuentes de trabajo; las empresas turísticas y urbanizadoras ofrecen empleos mal pagados a cambio de quedarse con el paisaje sonorense.
En la foto la playa de Los Algodones, con sus dunas de arena blanca, han sido cercadas y prácticamente expropiadas a los guaymenses, quienes cada vez tienen que ir más lejos para arrimarse al mar.

Un acercamiento a las hermosas dunas que ahora solo podrán disfrutar quienes tengan dinero para costearse ese lujo.

text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_MAmcM2MAs8Q/Sa8MidVmHnI/AAAAAAAAAP8/NabJICtZCqY/s400/100_0466.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5309476271823396466" />

Este es un hotel que se ha apropiado, junto con otros propietarios de fincas cercanas, de las hermosas dunas de Los Algodones, distinguimos que ondea la bandera de las barras y las estrellas, dos más y para no dejar también la mexicana.

En la siguiente foto puedes distinguir a la izquierda una "marina", que obviamente no es disfrutada por los pangueros, quienes pescan en esos lugares desde mucho antes de que fuera escenario de la filmación de una película de guerra angloamericana, por allá en 1969, pero que han sido corridos de esos lugares. Como los bañistas guaymenses los pescadores cada vez se alejan más de sus lugares de pesca y esparcimiento tradicional.

En la foto siguiente lo que queda de El Palmar, nombre con que se conoce todavía este lugar dotado por la naturaleza con palmas de la región, pero que los "desarrolladores" han ido extinguiendo, porque se las llevan para adornar sus "creaciones". Luego vemos el acceso a uno de esos paraísos para extranjeros que pocos sonorenses pueden adquirir. Enseguida un cerro también privatizado y, luego, al sureste el Cerro Tetas de Cabra, emblema de la región, con sus laderas escaladas por el asfalto y las casas en venta o vendidas.

Esta es la entrada cerrada a visitantes sin recursos para costaerse una estancia en este pequeño mundo privado. En los años ochenta era manejado por el Hotel Mediterranee para el turismo europeo, y después pasó a otro consorcio.

El juicio de que los "desarrolladores" son una burguesía depredadora no es gratuito, en la siguiente foto vemos como han transportado la flora de la región, consistente en cactus que tardaron muchisimo tiempo en crecer, para adornar el acceso a este lugar paradisiaco. Como era de esperarse, algunos se han secado.

El mismo hotel en cuestión secó los mangles del estero de Los Algodones para dedicarlo a una "marina" para sus clientes; ni siquiera se tomaron la molestia de construir una, fueron capaces de destruir la vida de este estero, el cual conocí con vegetación marina y ahora solo uno que otro mezquite se observa en sus orillas desoladas. Vea las siguientes tres fotos.

En la foto se observa la entrada del mar al cadavérico estero de Los Algodones; lo dejaron por consideraciones prácticas: surte de agua a este laguito privado, permite el acceso a los marineritos hospedados en el hotel y, además, le da un aire romántico al lugar y a la fantasía de los vacacionistas.

Las tres últimas fotos nos muestran un cerco que cierra el paso a los bañistas locales, con su usual guardia que "vigila" adormilado, y al fondo una torre, probablemente otro hotel, en la misma orilla de las arenas de harina de Los Algodones. Unos metros de allí este "dueño" no vaciló en anunciar con su letrero que ese mundo nos ha sido expropiado; y en la última vemos al Cerro Tetas de Cabra mancillado, pues los "desarrolladores" no vacilaron en destruir su precaria naturaleza para conducir a sus clientes al mismo cielo. A la izquierda se lee: "Bahía El Encanto Residencial".

Andrés Manuel López Obrador visitó 22 municipios de Sonora

2009-02-16T18:03:00.000-08:00

Andrés Manuel López Obrador visitó 22 municipios de Sonora entre el jueves 12 y el domingo 15 de febrero. En maratónicas jornadas que parecieran más bien diseñadas por sus adversarios políticos llegó a recorrer hasta 800 kilómetros en un día.
Inició el jueves 12 en el Municipio de Opodepe, siguió por Rayón y Carbó, y luego saltó a una región distante, pues llegó hasta Mazatán, Villa Pesqueira y San Pedro de la Cueva al oriente de Sonora. En uno de esos municipios fue recibido por el Presidente Municipal de extracción panista, cosa que ya había ocurrido antes, en la gira pasada, cuando lo recibió el Presidente Municipal de Ures, de extracción priista. Al culminar esa gira López Obrador agradeció el gesto, reconocimiento que también realizó en La Colorada, al decir que los sonorenses son gente buena.
Como parte de un diseño absurdo de su “planificador” en Sonora, el viernes 13 saltó hasta el norte en las márgenes del Río Sonora, comenzando en Bacoachi, siguiendo por Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi (donde tuvo muy buena acogida) y Baviácora.
El 14 de febrero volvió a saltar hasta Soyopa, continuó por Bacanora, por Sahuaripa, Arivechi y en otro salto largo llegó hasta las cercanías de la frontera con Chihuahua: al Municipio de Yécora, para regresar al occidente recorriendo otro montón de kilómetros para estar en San Javier. El mitin en este lugar estaba programado para las 19.10 horas, pero en razón del recorrido truculento que le fue trazado llegó hasta las 21.00 horas; este día es el que, según dicen acompañantes locales, recorrió 800 kilómetros de carreteras angostas, con muchas curvas, algunas veces en mal estado, y todavía efectuó seis mítines.
El domingo fue un día relativamente más tranquilo: estuvo en Onavas, Suaqui Grande (Buena acogida) y culminó su gira en La Colorada. En este lugar vigilaban el mitin dos patrullas de la Policía Estatal Investigadora ¿Qué vigilaban? ¿Vigilaban a gente pacífica realizando una reunión pacífica, derecho consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Simplemente querían hacer sentir su presencia, rescoldos de viejos tiempos, al parecer todavía no olvidados en Sonora, muy diferentes a la civilidad mostrada por los presidentes municipales de partidos políticos diferentes al suyo que lo recibieron.
En su última intervención mencionó que volverá, ya que le faltan por recorrer diez municipios sonorenses.

EL SISTEMA POLÍTICO Y EL DESARROLLO EN MÉXICO

2009-02-11T10:29:00.000-08:00

Segunda parte
9. ¿Ha desaparecido el presidencialismo? ¿Sigue vigente? ¿Qué se puede argumentar a favor y en contra de una u otra hipótesis?
10. ¿A qué se refiere el concepto Partido de Estado?
11. ¿Ha desaparecido el Partido de Estado por la alternancia presidencial? ¿Se puede hablar de la supervivencia de esa forma política?
12. ¿Qué se entiende por desarrollismo?
13. Influencia de la segunda guerra mundial sobre la adopción del desarrollismo.
14. ¿Qué relación establece el autor entre presidencialismo y desarrollismo?
15. Exprese brevemente los fundamentos de la “teoría de los polos de desarrollo”.
16. ¿Qué se entiende por desarrollo compartido?
17. En el período que va de 1982 a 1988 se rompió la relación entre algunos pesos, contrapesos, equilibrios y tensores constituyentes de la fortaleza del sistema político mexicano, entre 1988 y 1994 la ruptura se generalizó, y en los años posteriores esta ruptura ha continuado, hable de ellas.

Andrés Manuel López Obrador en Ures Sonora

2009-02-01T15:00:00.000-08:00

Andrés Manuel López Obrador visitó varios municipios de la sierra de Sonora, hoy estuvo en la ciudad de Ures en donde expuso sus ideas sobre una política económica y social alternativa que permita hacer frente a la crisis económica que vive el país.
Señaló en su exposición que a la fecha ha visitado más de 1900 municipios de los 2038 existentes en nuestro país, en un programa de visitas iniciado en 2007 y que espera concluir a principios de marzo de este año; le van a faltar 470 municipios del Estado de Oaxaca regidos por el principio de usos y costumbres. De lunes a miércoles trabaja en la ciudad de México Distrito Federal y de jueves a domingo realiza su recorrido por la república mexicana, en una gira que le permitirá visitar todos los municipios de los Estados Unidos Mexicanos.

EL SISTEMA POLÍTICO Y EL DESARROLLO EN MÉXICO

2009-01-30T09:21:00.000-08:00

Primera parte
1. ¿Quién habla de “sistema político mexicano” y de “El Régimen”?
2. ¿Cuándo, cómo y porqué nació el Partido Nacional Revolucionario?
3. El autor habla de dos pilares fundamentales en el sistema político mexicano tradicional. Identifíquelos y diga cómo se relacionaron.
4. ¿A qué denomina el autor el poder personal del presidente y qué resultados produjo en el sistema político mexicano?
5. ¿En qué consiste el sistema presidencial y qué papel jugó Lázaro Cárdenas en su consolidación?
6. ¿A qué se denomina el presidencialismo?
7. ¿Cuáles son las características definitorias del presidencialismo?
8. ¿A partir de qué circunstancias se desarrolla el presidencialismo?

BIBLIOGRAFÍA: SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

2009-01-27T06:23:00.001-08:00

BIBLIOGRAFÍA:

1. Moreno, Daniel. Raíces ideológicas de la Constitución de 1917. Colección Metropolitana. México, 1973.

2. Varios autores. Interpretaciones de la Revolución Mexicana. Ed. Nueva Imagen-UNAM.

3. López Cámara, Francisco. El sistema político mexicano y el desarrollo. UNAM. México, D. F. Año de 1988.

4. Shulgovski, Anatoli. México en la encrucijada de su historia. Ediciones de Cultura Popular. México, décima reimpresión, 1988.

5. Reveles Vázquez, Francisco (Coordinador). El nuevo sistema político mexicano: Los poderes de la Unión. Gernika-UNAM. México, 2006.

6. Ricardo Raphael. Los socios de Elba Esther. Ed. Planeta. México. Noviembre de 2007.

7. Arreola, Federico. Las razones del DESCONTENTO. Nuevo Siglo Aguilar. México. Marzo de 2007.

8. Castellanos Moreno, Arnulfo. LOS CONTEOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2006 Análisis basado en la teoría de la probabilidad y la estadística. Edición particular, próxima aparición.

9. Sánchez Vázquez, Adolfo. Ética y política. Fondo de Cultura Económica-UNAM. México, D. F. Julio de 2007.

10. Chanes Nieto, José. La designación del Presidente de la República. Plaza y Valdés. México 1993.

11. Villamil, Jenaro. La televisión que nos gobierna. Ed. Grijalbo. México, 2005.

12. Roderic Ai Camp. Las élites del poder en México. Siglo XXI Editores. México, 2006.

13. Durand Ponte, Víctor Manuel. Ciudadanía y cultura política México 1993-2001. Siglo XXI Editores. México, 2004.

14. Juan Abal Medina. Los partidos políticos ¿Un mal necesario? Claves para Todos. Capital intelectual. Buenos Aires Argentina, 2004.

15. Torcuato S. Di Tella. Coaliciones Políticas ¿Existen derechas e izquierdas? Claves para Todos. Capital Intelectual. Buenos Aires Argentina, 2004.

16. Documentos de análisis del profesor.

LA COMPLEJIDAD SOCIAL EN MÉXICO

2008-10-16T13:32:00.000-07:00

La década de los ochenta mostró tanto la complejidad de la estructura social como la ineficacia del régimen político imperante, incapaz de enfrentar la crisis económica que asoló al país, y a un presidente de la república que consideró como su principal mérito: haber evitado que el país se nos deshiciera entre las manos. Lo mostró a él y su gobierno incapaces de responder a la sociedad en momentos en que también la naturaleza parecía decidida a ponerlos a prueba. El cismo del 19 de septiembre de 1985, que afectó a la ciudad de México y a otros estados del centro y occidente del país, obró el efecto casi mágico de poner en pié a la sociedad de manera espontánea, se hizo presente ese ente que los teóricos denominan sociedad civil, la cual rebasó al Estado semiparalizado.
Podríamos considerar que hay tres momentos que impulsan a la sociedad civil a ponerse en movimiento:
1. El terremoto de 1985.
2. Las elecciones presidenciales de 1988, y…
3. La insurrección indígena del 1° de enero de 1994.

El papel de la sociedad civil
Hoy está perfectamente claro que la democracia no se agota en la lucha electoral entre los partidos políticos, y tampoco en las formas representativas de las democracias occidentales. Si bien los partidos políticos son necesarios porque de alguna manera expresan la manera en que se divide la sociedad y, también de alguna manera, promueven la participación de los ciudadanos; también es cierto que estos agrupamientos fácilmente se separan de la sociedad, y definen objetivos que sólo tienen sentido para los miembros de esos institutos políticos, para la clase política o para la sociedad política. También es verdad que los partidos políticos con frecuencia inhiben la participación social, no promueven la evaluación de los programas de gobierno por la sociedad, coartan el acceso a la información y no son corresponsables con los programas que aplican.
Por eso la organización independiente de la sociedad civil es necesaria. La realidad reveló su complejidad en forma de frentes, movimientos, redes, uniones, comités, etcétera. En México, por ejemplo, la presión pacífica de un movimiento cívico-político ha impedido hasta hoy que se entregue el petróleo a los grandes consorcios extranjeros, y está por definirse si se deja la ventana abierta a la privatización de ese recurso natural, fundamental para nuestra vida independiente y simplemente para nuestra vida.
El fortalecimiento de la sociedad civil es un proyecto diferente al que se implanta en México y que ha venido fortaleciendo a la sociedad anónima, en detrimento de aquella. Mientras que la sociedad anónima agrupa a personas que tienen una finalidad económica y participan con un capital que dividen en acciones, y sus socios limitan su responsabilidad al importe de las acciones suscritas, la sociedad civil es otra cosa: es la que siempre responde por los quebrantos que ocasionan aquéllos.
Siguiendo a Antonio Gramsci denominaremos sociedad civil a los grupos arrojados o desprendidos de las actividades económicas que adquieren organicidad. Por eso las OSC se encuadran en el proceso de formación de sociedad civil. Podríamos atribuirles dos características:
1) La relación entre sus miembros no es jerarquizada; por esta razón no hay entre ellos obligaciones de mando y obediencia, es decir, son de carácter social más que político. Sabemos que las obligaciones se vuelven políticas cuando están reforzadas por un mando jerarquizado, los miembros ocupan diversos papeles, y reconocen la necesidad de apoyar a la institución a la que se le ha conferido el derecho de mando.
2) Las OSC no son esencialmente organismos económicos, aunque pueden promover el desarrollo económico, no son por tanto sujetos de la legislación fiscal ni de crédito. Es más hasta hace poco no se había podido concretar una legislación sobre ellas. El gobierno federal tuvo que recurrir al anzuelo de los apoyos económicos federales para fabricar una ley que le permita incidir en las OSC que recurran a usar recursos públicos. En ese tenor, el Congreso General decretó la ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 15 de diciembre de 2003, y fue expedida por Vicente Fox el 30 de enero de 2004. Se trata del viejo recurso político priista de estatizar las relaciones sociales, pero ahora desde el ámbito del panismo.
En las democracias occidentales ha cobrado relieve la conformación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), o como son mejor conocidas por nosotros: Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para acentuar su independencia del poder constituido.
A pesar de la propaganda adversa que se efectúa contra las OSC en algunos países, como es el caso de México, han cobrado relieve a nivel internacional: existe un Comité de Enlace del Banco Mundial con ellas, ya que a éstas les preocupa el impacto de los proyectos que son apoyados por ese organismo financiero internacional. Algunas OSC disfrutan de la condición de observador en el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono. En mayo de 1993 el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizó un seminario sobre macroeconomía y medio ambiente abierto a la participación de las OSC; sin embargo, el diálogo entre ambos es esporádico.
La fuerza de las OSC se encuentra en el interior de cada país, y consiste en la presión que ejecuta para obligar a los gobiernos a ceñirse a los Principios de Buen Gobierno, reconocidos por la comunidad mundial.
Las OSC pudieran definirse como: “entidades independientes, promovidas por técnicos y profesionistas comprometidos con un asunto social que los vincula a los sectores populares, y en torno al cual se definen programas y líneas de acción”.
Mientras que en América del Sur las OSC tienen un papel significativo desde hace mucho tiempo, en México son relativamente recientes, debido a la acción omnipresente del Estado mexicano que invadió la esfera de la sociedad civil, y a que ese espacio también era atendido por algunas universidades públicas que no constreñían su compromiso a las funciones de docencia y de investigación, sino que también contemplaban la extensión universitaria entendida de manera muy amplia. Universidades públicas como las de Puebla, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, y otras en menor escala y proyección, hacían una activa política de extensión universitaria que las vinculaba con campesinos y colonos sin necesidad de formar OSC; se ocupaban de distintas tareas que iban desde la promoción del conocimiento y la cultura hasta la protección del medio ambiente, elementos culturales, y grupos marginados, etcétera.
Las OSC se mueven en torno a los siguientes ámbitos:
1. La asistencia social, basada en el paradigma de la caridad cristiana
2. La filantropía.
3. La solidaridad de clase.
4. La promoción del desarrollo que las vincula con la cooperación.
De esos ámbitos se desprenden las siguientes líneas de acción:
1. La democracia.
2. El medio ambiente.
3. La movilización contra el Tratado de Libre Comercio, que las vinculó con otras OSC del mundo.
4. El conflicto indígena que estalló el 1° de enero de 1994 en Chiapas estimuló la participación de los más diversos grupos sociales, quienes reconocieron la justeza de las demandas de los pueblos originarios. Catorce OSC de Chiapas formaron la Coordinación de Organismos No Gubernamentales de San Cristobal por la Paz (CONPAZ). Durante los primeros tres meses del conflicto participaron cerca de 450 OSC mexicanas y unas 150 internacionales. La importancia de la participación de las OSC fue tal que el gobierno mexicano se vio obligado a suspender la guerra tan solo diez días después de iniciada; el subcomandante Marcos reconoció: la sociedad civil nos impuso la paz.
5. La promoción de los derechos humanos es otra línea de acción con la que las OSC, principalmente externas, lograron socavar la tradicional impunidad de los organismos que administran la “justicia” en México. Allí hay que incluir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) yal grupo estadounidense American Watch. En México tiene relevancia la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
6. La defensa del patrimonio familiar definió otra línea de acción, en la que cabe destacar al agrupamiento conocido como El Barzón.
7. Cabría incluir otra línea de acción: la de los ahorradores defraudados por las cajas de ahorro en muchas partes del país.
8. La promoción del desarrollo rural. En octubre de 1996 se efectuó un Foro sobre el Papel de las Organizaciones Civiles en la Promoción del Desarrollo Rural en México, en Tepic Nayarit, con la participación de 28 OSC. Se dijo que crearían una gran red de organizaciones civiles para apoyar al campo, basados en la experiencia de estados como Chiapas y Oaxaca en donde a la fecha existían más de 2 mil OSC. Representantes de diversas organizaciones, entre las que se incluían a Estudios Rurales y Asesoría (ERA) de Oaxaca, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), sección Chiapas, el Colegio de la Frontera Sur, el Grupo Sierra Gorda de Querétaro, Cencos y otros, dijeron que las OSC han proliferado en el país ‘“porque el pueblo ya no quiere callar y obedecer”’. Dijeron que el punto prioritario era apoyar a los indígenas nayaritas afectados por el uso de agroquímicos; en esa entidad, como en muchas otras, se utilizan herbicidas, pesticidas y otros químicos sin cuidado, y el resultado es que cientos de huicholes y coras se enferman, agravan y mueren sin que haya proyecto alguno para atenderlos. Señalaron que buscarían asesoría en Cuba para sustituir esos químicos. (La Jornada. 24 de octubre de 1996).

La organización de la sociedad civil obligó al régimen político a formar distintos organismos públicos, entre los que tenemos los siguientes:
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creada en junio de 1990 para dar alguna respuesta al asesinato de la abogada Norma Corona, ocurrido en 1989, en el cual se implicaba a un funcionario público de alto rango. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso dar una imagen favorable a sus críticos en Estados Unidos, quienes veían con desconfianza que su gobierno firmara un Tratado de Libre Comercio con México.
2. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) fue creada para dar respuesta a las demandas de distintas organizaciones sociales: una de ellas es la exigencia de las OSC del mundo que desde los años setenta vienen exigiendo la protección del medio ambiente y del entorno ecológico; también fue una respuesta a la toma de conciencia de ciudadanos de importantes núcleos urbanos, tales como: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; a la lucha de los ecologistas contra la instalación de la planta nuclear de Laguna Verde en el norte de Veracruz; a las reiteradas quejas por la polución en el valle de México; a las demandas externas que lanzaron un embargo atunero contra México; y sobre todo, por el papel que el desarrollo sustentable ha cobrado en el mundo a partir de la Cumbre de Río de Janeiro. La Semarnap absorbió muchas de las funciones de su antecesor: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) e incorporó nuevas. Se creó el Instituto Nacional de Ecología. La Semrnap buscó la interlocución con las OSC.
3. El Instituto Federal Electoral (IFE) se integró por la demanda de la sociedad civil y política para ciudadanizar la organización de los procesos electorales. La reforma electoral de 1994 permitió la incorporación de seis consejeros ciudadanos al IFE. La nueva reforma ha permitido ciudadanizar a ese organismo y, según algunos, habría creado el cuarto poder: el poder electoral independiente. Por errores propios el IFE ha perdido el crédito público y ya sólo una minoría cree que pueda cumplir el mandato Constitucional de que: “En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.”
4. Programa Nacional de la Mujer. En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que regenteó Ernesto Zedillo se creó un apartado específico para establecer un Consejo Consultivo del programa Nacional de la Mujer, integrado por varios representantes de institutos políticos y OSC. El 21 de abril de 1996 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, que creó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, cuyo radio de acción abarcó prácticamente a todas las dependencias federales. Dulce María Sauri fue nombrada Coordinadora General.

Contradicciones
En el porfiriato se hablaba de la beneficencia privada, allí encontraron acomodo organizaciones privadas, de inspiración religiosa, basadas en la caridad cristiana: a) de carácter filantrópico (servir a otros); b) de compromiso individual (ayudar a un discapacitado, un enfermo, alguien que necesite asistencia médica o alguna atención especial). Así, existe una asistencia social privada, y una asistencia pública de menor alcance para lo cual se concibió el concepto: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 1977.
Hoy se habla menos de la asistencia social, se arguye que integrando la familia se evita la violencia intrafamiliar, el abandono y el desamparo de los miembros más vulnerables de ella. Por eso se propusieron instrumentos y acciones para prevenir la desintegración familiar y evitar que los individuos lleguen a necesitar los servicios de asistencia social.
Al mismo tiempo el gobierno empezó a hablar de que la seguridad social expresada en el IMSS, en el ISSSTE y en los sistemas de cobertura estatal y universitarios, habían llegado a su límite. Por un lado se dice que 50 millones de mexicanos tienen acceso o derecho a la seguridad social y, por otro, la asistencia social atiende problemas que en los años setenta u ochenta no parecían frecuentes: violencia en la familia y maltrato y/o abandono de personas vulnerables.
Estos fenómenos multiplicados por la falta de empleos, bajos salarios, deterioro de los servicios públicos, y otros de factura semejante, agrupados bajo distintas categorizaciones de pobreza, se atribuyen a la crisis económica, figura fantasmal que no admite responsabilidades individualizables. Lo cierto es que para enfrentar esa situación las familias recurren a crear nuevos esquemas de sobrevivencia: la madre y otros miembros de la familia se incorporan a realizar algún trabajo; alguno, o algunos, de los miembros de la familia emigran a Estados Unidos y, en menor medida, a Canadá, para enviar dinero a la familia; los hijos retrasan el tiempo para dejar el nido familiar; y, en fin, se da un fenómeno contradictorio: a la vez que se refuerza la solidaridad familiar y social, aumenta la violencia intrafamiliar y social. Dos caras del “desarrollo con pobreza”.

TEMPORALIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL

2008-10-10T13:24:00.001-07:00

I. La caridad cristiana (siglo XVI a siglo XIX).- Fue promovida por las órdenes religiosas (especialmente dominicos y franciscanos).
Construyen infraestructura para cuidar y proteger a niños abandonados, ancianos solos, mujeres viudas, discapacitados, y menesterosos.
Construyen hospitales para amparar (dar hospitalidad) a gente sola, que no tenía a donde ir o en donde pasar la noche; algunos se convierten en verdaderos centro de adiestramiento, como es el caso del que construyó Vasco de Quiroga en Michoacán; también organizan loterías, y construye dispensarios médicos.
II. La responsabilidad pública (a partir del siglo XIX). No es casual que la responsabilidad pública, en materia social, sea asumida por el Estado sólo a raíz de la separación de las funciones que tenía entrelazadas con la iglesia católica, especialmente a raíz de que el partido Liberal arribó al poder a mediados de la década de los cincuenta de ese siglo.
A partir de entonces se conforma según algunos o se consolida según otros el Estado Nacional. Éste reivindica el espacio que le compete y reordena el espacio de las órdenes religiosas y de las iglesias. Se construye el Estado laico y la paternidad del Estado sobre la nación. El Estado precisa sus funciones: asume la tutela y el esfuerzo de proteger a otros y la tarea de prestar servicios.
Esa política se define con claridad desde la Ley de Descentralización de los bienes eclesiásticos de 1856 y la Constitución de 1857 y se profundiza en los años inmediatamente posteriores, en la medida en que el partido Conservador y la iglesia católica se oponen y propician la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. El 12 de julio de 1859 el gobierno de Benito Juárez da una Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Le siguen una Ley de matrimonio Civil del 23 de julio de 1859; una Ley Orgánica del Registro Civil, del 28 de julio del mismo año; un decreto que prohíbe al clero intervenir en los cementerios, del 31 de julio del año mencionado; otro decreto que define los días festivos y prohíbe la asistencia oficial a los actos de la iglesia, del 11 de agosto del mismo año; una Ley Sobre Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860; un decreto que seculariza los hospitales y establecimientos de beneficencia, del 2 de febrero de 1861; y un decreto por el que se declara extinguidas las comunidades religiosas, del 26 de febrero de 1863.
En virtud de esa política el gobierno de Benito Juárez da una estructura jurídica que expropia toda la infraestructura religiosa, los espacios construidos por las órdenes religiosas, los dispensarios médicos, las loterías organizadas por la iglesia católica y forma la Lotería nacional, para convertirla en el instrumento con que el Estado busca financiar la política de servicios. A la vez, va conformando la beneficencia pública, cabe decir, la facultad del gobierno de “cuidar, dirigir y mantener los hospitales y establecimientos de beneficencia que se encontraban en manos de la Iglesia, encomendó su administración a la Dirección General de Fondos de Beneficencia Pública, la que se constituyó por Decreto el 2 de marzo de 1861.”
“El Decreto de creación otorgó a esa Dirección General amplias facultades para administrar las fincas, capitales y rentas pertenecientes a los establecimientos, así como los recursos fiscales y los provenientes de particulares destinados a propósitos de Beneficencia.
En 1867 un nuevo decreto transformó aquel órgano en junta, a la que denominó Dirección de Beneficencia Pública, cuyas facultades y personalidad jurídica le permitieron administrar con amplitud el Patrimonio de la Beneficencia Pública.”
Durante el porfiriato se dan leyes y se crean departamentos administrativos; se proponen escuelas para ciegos y sordos; y se maneja la beneficencia como un asunto público y privado.
III. La revolución de 1910-1920 y la etapa postrrevolucionaria.- La llamada Revolución mexicana articuló un Proyecto de Nación que propuso a la justicia social como el eje sobre el cual debía rotar la política de reivindicación social; lo cual vino a reconocer la existencia de la injusticia social y, la existencia también, de responsables claramente identificables: esos pocos que tenían mucho. A partir del concepto de justicia social el grupo triunfador articuló una política social; asumió que el estado nacional es el principal responsable de procurarla y el único capaz de construir la infraestructura necesaria para llevar la justicia social a todos los habitantes del país; los bienes que debía crear y ofrecer eran principalmente: educación, salud, alimentación y vivienda.
El estado asumió que era legítimo porque había surgido de una revolución social, la primera del siglo XX, por lo que se proclamó representante y defensor de la sociedad agraviada (principalmente la que había ofrecido generosa su sangre: la del medio rural, mayoritaria durante la primera mitad del siglo XX), y construyó una idea de mejoramiento (progreso), movilidad y movilización social. Para conseguir su objetivo la revolución debía ofrecer empleo para todos impulsando la formación de bienes y servicios, de infraestructura (carreteras, obras de riego y electrificación, productos energéticos, etc), formar una planta productiva propia sin olvidar nunca su idea de fortalecer un sector privado próspero y cada vez más poderoso; si este sector no era capaz de ofrecer empleo para todos el Estado debía hacerlo creando empresas paraestatales o rescatando las que el sector privado llevaba a la quiebra. En ese esfuerzo apoyó al sector privado con leyes y disposiciones que lo eximían de impuestos, la subsidió con precios especiales en los bienes y servicios públicos que el estado generaba y transfirió recursos públicos a su socio de múltiples formas; protegió la ineficiencia productiva de la burguesía con leyes proteccionistas que la resguardaban de la competencia externa y asumió su incapacidad competitiva promoviendo una política de estabilización de precios. En ese esfuerzo el estado contrajo una pesada deuda pública externa que lo obligó a dejar a un lado su papel de promotor del desarrollo, y todavía tuvo que escuchar los improperios que la iniciativa privada, su eterna protegida, le lanzó a la cara cuando el sueño mexicano se vino abajo.
Como el Estado revolucionario ofrecería empleo a todos, o casi todos, también habría seguridad social para todos o casi todos; el Instituto Mexicano del Seguro Social era la expresión más clara y diáfana de la seguridad social. Si ésta no alcanzaba siempre estaría la asistencia social, de lo cual se había ocupado el gobierno de Lázaro Cárdenas desde 1936, creando la Secretaría de la asistencia Social. La asistencia social y la seguridad social eran piedras angulares para alcanzar la justicia social. Para hacerlas posible el Estado construyó la infraestructura que las circunstancias le demandaban y nunca era suficiente, generalizó la oferta de educación primaria y formó un ejército de profesores, y otro ejército de médicos y enfermeras. El Estado tenía su partido único, su historia de bronce, un concepto de nación y una sola nación, una cultura y una hora nacional, una universidad nacional, un libro de texto para todos los niños y, además, no reconocía otra raza asentada en el país que no fuera la mexicana, para los indígenas había una política que consistía en orientarlos para que dejaran de ser indios y se convirtieran en verdaderos mexicanos.
Pero la política de industrialización generó el crecimiento desordenado de las ciudades, la población se volcó del campo a la ciudad y acrecentó las obligaciones del Estado en materia de infraestructura urbana y de servicios. En la década de los setenta disminuyó el crecimiento económico, el Estado asumió un protagonismo mayor y se endeudó todavía más para mantener los índices históricos de crecimiento económico. En la segunda mitad de esa década se incrementó la inflación y el presidente López Portillo recomendó aprender a vivir con ella porque era consustancial de nuestro sistema. El déficit y el gasto público se elevó, la deuda pública se disparó y el presidente reconoció que un gobierno que devalúa ---el peso--- se devalúa. El gobierno perdió su papel protagónico y la derecha lo acusó de todos los males. Entonces cobró más fuerza la idea de reformar al Estado, que por otra parte ya se había venido reformando.
IV. La derecha se adueñó del poder, a la sombra de un régimen que insistía en llamarse revolucionario porque había surgido de un partido que así se llamaba, y prosiguió la reforma del Estado, a su modo; inició con una política de ajuste económico brutal, la economía nacional vivió una década en que prácticamente no creció, y, con ella, la seguridad y la asistencia social. La derecha se desentendió de la promesa de empleo y seguridad social para todos. Se hizo familiar las nociones de crisis y combate a la pobreza. Se manejó el discurso de municipalizar, descentralizar, acercar los servicios a los espacios locales, racionalizar el gasto; se dijo que era necesario desconcentrar y descentralizar y una reforma administrativa que permitiera hacer más con menos, y evadir la ilegitimidad y la insustentabiliadad del régimen. El gobierno de derecha buscaba la forma de desprenderse de las obligaciones que habían contraído los gobiernos que se apellidaban revolucionarios, arrojándolas a los Estados, los municipios y otros entes sociales, porque quería ajustar su déficit y el gasto público que sus teorías le cuentan son los responsables de la inflación.

2008-09-25T09:00:00.000-07:00

REPORTAJE /DESARROLLO SUSTENTABLE

En la mira de trasnacionales, la biodiversidad del istmo y el sureste

El Estado mexicano cede ante intereses foráneos, según especialistas

El Plan Puebla-Panamá y el Corredor Biológico Centroamericano son dos estrategias diferentes -y hasta contradictorias en algunos puntos- que se unen con un mismo fin: explotar la riqueza natural de Meso y Centroamérica, y abrir esas regiones a la explotación del capital extranjero

ANGELICA ENCISO

Con dos estrategias paralelas en la misma zona geográfica, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y el Plan Puebla-Panamá (PPP) -financiados por instituciones internacionales-, se abre el camino a las empresas trasnacionales para que accedan a la mayor riqueza biológica de la región, con la creación de infraestructura, industria y comercio.

Aunque ambos proyectos son diferentes entre sí, porque uno se plantea como objetivo la "conservación" y el otro el desarrollo industrial, representan el punto de partida para la explotación y "destrucción de ecosistemas únicos por su riqueza y diversidad biológica", sostienen especialistas.

En el sureste de México y en Centroamérica se localiza 11 por ciento de las especies animales y vegetales del planeta, ecorregiones de alta prioridad, bosques secos, humedales y bosques semófilos templados. Y sobre ellos -literalmente-, con el PPP se planea la construcción de carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos y comunicaciones de fibra óptica, plantas generadoras de electricidad, oleoductos, gasoductos, vías ferroviarias, aeropuertos, canales secos y de agua, así como corredores industriales-maquiladores, detalla el investigador Gian Carlo Delgado Ramos, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Se trata de las mismas líneas geográficas. La intención del PPP y del CBM es abrir la zona al capital extranjero con el apoyo del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las empresas financian y avisan a los grupos de los modelos a seguir. Esto va más allá de la conservación y del desarrollo. En el momento en que ambos proyectos se juntan hay un gran problema", indica Laura Carlsen, investigadora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Entre las "trasnacionales conservacionistas" que representan los intereses de grandes corporaciones figuran el Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, Nature Conservancy, además de agencias gubernamentales de los Países Bajos y de Alemania, así como deAdministración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) estadunidense.

Carlsen agrega que se pretende que la región se integre a la economía global, ya que el objetivo del PPP es vincular la zona con las necesidades del comercio y el mercado de las grandes trasnacionales, sobre todo de las que tienen sede en Estados Unidos. Mientras, el CBM busca abrir la región a la inversión bajo el esquema de servicios ambientales,entre los que se incluyen convenios de bioprospección, ecoturismo y sumideros de carbono.

Incluso hay programas de conservación del CBM que se contraponen con el PPP, como es el caso de las plantaciones forestales, que son medidas dañinas para la biodiversidad porque en ellas se utilizan especies que no son nativas de la zona e incluso se pretende utilizar organismos transgénicos.

"El problema es que el Estado mexicano se deshace de sus responsabilidades en el área al ceder a las empresas los servicios ambientales y las comunidades sólo participarían con su conocimiento en la explotación de los recursos naturales", añade la especialista.

El CBM está considerado para los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, además de los países centroamericanos. El PPP comprende la misma zona más los estados de Puebla, Guerrero, Tabasco y Veracruz.

El PPP fue sugerido por el presidente Vicente Fox en 2000 y aceptado por los presidentes de la región en el marco del mecanismo de diálogo de Tuxtla en 2001.

En la zona, la deforestación, la contaminación y las endemias de flora y fauna amenazadas por el tráfico internacional y los patrones de asentamientos humanos en áreas ecológicas vulnerables y asociadas a fenómenos naturales de alto riesgo agravan la calidad ambiental de la región, indica el documento del BID denominado Hagamos de la integración mesoamericana una realidad: los desafíos de Mesoamérica y el PPP.

Destaca que después de los conflictos armados de los años ochenta "la región no atendió adecuadamente el medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad. Es así como el huracán Mitch, en 1998, y los terremotos de El Salvador, en 2000, ponen en evidencia la alta propensión y vulnerabilidad de la región, al producirse la pérdida de vidas humanas y miles de millones en daños materiales". Frente a ello, en una zona donde la población indígena representa alrededor de 18 por ciento -aunque en Guatemala es 48 por ciento, en México 16 por ciento y en Belice 13 por ciento-, los desafíos son el ordenamiento territorial y mitigación de desastres, así como el desarrollo humano sostenible.

En el PPP se presentan como nuevos proyectos la consolidación de actividades económicas en torno a la industria petrolera, corredores agroindustriales y diversificadores en lugares como Acapulco-Zihuatanejo, Chilpancingo-Oaxaca, Tehuantepec-Tapachula -áreas de alta diversidad biológica- y la estructuración y promoción del turismo en circuitos como Palenque-Guatemala-Bonampak, Oaxaca-Huatulco y Campeche-Calakmul.

Pero además de todo está planeada una carretera que pretende cruzar los manglares de Tabasco en México, dividiría la biosfera maya en los tramos de Tikal-Calakmu; El Naranjo y El Ceibo, en Guatemala; el canal seco de Nicaragua y zonas megadiversas de toda Mesoamérica, agrega Delgado Ramos. Entre las empresas participantes están Tribasa, Texas Connection, Texaco, Pennzoil, Monsanto y Down Chemicals.

En estas mismas áreas el BM, mediante Global Enviromental Facility (GEF) -con fondos por 16 millones de dólares para cinco años-, desde 2000 promueve "la conservación" con el establecimiento de corredores que intercomunican áreas naturales protegidas. Pero esto es a primera vista, sostiene Laura Carlsen en un estudio sobre el tema: La vida en venta: transgénicos, patentes y biodiversidad.

Detalla que el corredor busca asegurar la conectividad, conservar la biodiversidad y mejorar el medio ambiente, pero "el verdadero eje unificador del CBM es el desarrollo de un nuevo modelo para la integración económica de la región y la necesidad de atraer financiamiento para llevarlo a cabo".

La función principal del CBM "es definir una nueva forma de inserción en el mercado global para una región que ha sido simultáneamente el talón de Aquiles y la joya de la corona en los planes para conformar el Area de Libre Comercio de las Américas". Agrega que el corredor se desarrolla en un momento en que el mundo empieza a reconocer en la biodiversidad un valor planetario.

Así, los 20 millones de hectáreas del territorio que forma el CBM hacen de este proyecto "una sola entidad receptora de planes de financiamiento externos, abre la puerta a un nuevo estilo de intervención. Las áreas naturales protegidas tienen estas formas de inserción en el mercado: los servicios ambientales para contrarrestar los procesos de deterioro ambiental en otras partes del mundo; la bioprospección, para preservar in situ especies que pueden ser privatizadas o comercializadas por medio de las patentes, y el ecoturismo".

Mientras el CBM va en su tercer año de trabajo y México acaba de presentar su programa, el PPP todavía está por verse.

(La Jornada. 22 de abril de 2003. Política).

La ARIC independiente denuncia que el convoy efectuaba maniobras de prospección

Cruza la selva Lacandona una caravana ecológica encabezada por militar israelí

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal De Las Casas, Chis., 3 de marzo. Un episodio reciente, vinculado con el rancho Esmeralda, así sea por default, es el de la caravana de 40 jeeps amarillos marca Isuzu, embarcados desde Israel con el "objetivo ecológico" de recorrer la "Ruta Maya 2002 Isuzu Challenge". El 29 de noviembre, dicha expedición se internó en la selva Lacandona a partir de la ciudad de Ocosingo. Una columna se dirigió al norte, hacia Chancalá y Lacanja, y la otra fue a San Quintín y la laguna de Miramar.

La inquietud de los indígenas de diferentes filiaciones políticas en las cañadas fue grande e inmediata. Dos días después, la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) independiente denunció que el convoy efectuaba maniobras de prospección. Después, la caravana israelí se internó en Guatemala. Ahora se sabe, gracias a la página electrónica de los propios expedicionarios, que el grupo era comandado por el mayor general y piloto aviador Ben Nun Avihu, experto en guerra electrónica y ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea israelí entre 1991 y 1993, cuando tuvo a su cargo el despliegue y operación de misiles tácticos Patriot apuntando hacia el golfo Pérsico. Nun Avihu venía asistido por el geógrafo Moshe Savir.

¿Qué relación hay entre la caravana israelí y el rancho Esmeralda? Cuando menos, la de unos huéspedes de los Wersh que, según el gobierno del estado, "alteraron" la vida cotidiana de los pueblos vecinos. Los hoteleros estadunidenses han declarado que la caravana Isuzu planeaba pernoctar en sus cabañas, pero como los zapatistas impedían el acceso de ese tipo de visitantes, esto no había sido posible.

Viaje a Montes Azules y el Petén

En compensación, los expedicionarios fueron recibidos y agasajados en la Asociación Ganadera de Ocosingo. Ahora se sabe que allí estacionaron sus jeeps y fueron conducidos en camionetas al rancho Esmeralda. Atravesaron la comunidad zapatista de Nuevo Jersusalén "como simples turistas", y pernoctaron en el camping del rancho, antes de emprender su emocionante viaje a Montes Azules y el Petén guatemalteco.

La Cooperativa de Estudios y Análisis Regionales para la Resistencia (CEARR, grupo de analistas e investigadores que labora en Chiapas, dedicado a la observación y documentación político-ambiental) divulgó a mediados de febrero un documento titulado De Irak al Usumacinta: nada es casual, donde se refiere ampliamente a este grupo de visitantes:

"Del 29 de noviembre al 11 de diciembre, encubiertos bajo las coartadas del ecoturismo, la promoción de vehículos todoterreno y pertenecer a una delegación multinacional integrada por turistas de varios países, unidades de elite de geógrafos, politólogos y militares top israelíes, a bordo de 40 jeeps embarcados desde Israel, transcurrieron durante 13 días en formación de pinza por el perímetro militar y paramilitar en la porción interna (nada ecoturística) de la selva Lacandona, fuera de su ruta declarada. El objetivo (ecological goal) declarado por los propios expedicionarios de la denominada Ruta Maya 2002 Isuzu Challenge, era 'frenar la amenaza que para la región y para el planeta mismo representa la pérdida de bosques tropicales en la zona selvática de Chiapas-Guatemala (cuenca del Usumacinta) a manos de delincuentes', proveyendo a rangers y autoridades locales (sic) con equipo celular y electrónico satelital para su búsqueda y localización, y para la prevención de estos hechos (sic)".

El documento agrega que el rally fue patrocinado por corporaciones israelíes; entre otras, Iturán, subsidiaria de Tadiran, que a finales de los años 70 y principios de los 80, bajo la dictadura en Guatemala del general Efraín Ríos Montt (hoy líder del Congreso y del partido FRG en el poder), se encargó de la "construcción del complejo de Industria Militar, la Escuela de Aviación y la central de telecomunicaciones del ejército guatemalteco en Cobán, Alta Verapaz".

A la vez, instructores israelíes que entonces "asesoraban en contrainsurgencia al ejército guatemalteco, definieron la creación de la Escuela de Kaibiles en el Petén, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), formadas vis a vis como las milicias cristianas libanesas, y la estrategia de tierra-aldeas arrasadas (como en Vietnam y Palestina) que generó un éxodo masivo de indígenas guatemaltecos a Chiapas y la muerte de decenas de miles de indígenas".

El rally ecoturístico se formalizó a finales de julio de 2002 en la embajada de Guatemala en Tel Aviv. CEARR apunta que el viaje "se organizó en medio de dos sucesos extraordinarios que no sucedían hacía años en la cuenca del Usumacinta: en junio, 25 mil ex patrulleros de las PAC se desplegaron y posicionaron en la porción oriental del Usumacinta; en agosto, diversos eventos de provocación en la frontera occidental del Usumacinta (Chiapas) concluyeron con el asesinato de cuatro bases de apoyo zapatistas".

Dos semanas después de que el rally internacional partió a Guatemala (adonde, apunta CEARR, "sospechosamente ingresó con tripulación incompleta" y fue recibido por el ejército de ese país), el gobierno de Pablo Salazar Menduguchía adquirió 198 rifles de asalto Galil, "que requieren de instructores israelíes (cabeza de playa, acaso, para otros adiestramientos y asesorías)".

Estas armas fueron presentadas en las primeras semanas de 2003 por el titular de la Seguridad Pública en el estado, quien anunció que se dotará a unidades en campo con telecomunicaciones y armamento homologados a los de Guatemala, país al que se donó (o actualizó) un equipo similar de comunicación satelital.

A propósito de Isuzu, por último, CEARR señala en su informe que hace unas semanas, la cadena estadunidense CNN dio cuenta del desembarco de vehículos militares de dicha marca automotriz en Turquía, para ser utilizados en la eventual invasión del Kurdistán iraquí.

Este "inocente" nuevo turismo "de aventura", con modales castrenses, alcanzó una de sus más notables expresiones en febrero de 2001, cuando se realizó el "Crucero de la Libertad" en el mar Caribe, guiado por el ex militar Oliver North, de triste memoria en el asunto Irán-Contras del reaganismo (fraude con petróleo y armas por el cual fue procesado), y hoy héroe de la ultraderecha estadunidense. El precio por una simple litera era de mil 906 dólares, y el momento estelar, un tour por Granada, la isla caribeña donde las fuerzas armadas estadunidenses alcanzaron una gran victoria militar contra una pequeña nación casi indefensa en 1983, y la mantuvieron ocupada dos años.

(La Jornada. 4 de marzo de 2003).

DESTINO MANIFIESTO[1]. Libro de Juan A. Ortega y Medina

2008-09-20T22:17:00.002-07:00

1. La doctrina del Destino manifiesto no es estrictamente estadounidense. Se remonta al siglo XVI y más precisamente al conflicto británico-español: la modernidad reformista anglicano-puritana contra el misoneísmo contrarreformista español.

2. Los norteamericanos recogen, al inicio del siglo XIX, los elementos conflictivos de esa confrontación tricentenaria y construyen una doctrina justificativa de su poder, superioridad y su imperialismo predestinado.

3. La herencia histórico-religiosa inglesa pasa casi integra a sus colonias americanas y condiciona la formulación de la tesis misional, política, económica y espiritual de los habitantes de los territorios septentrionales.

Con la independencia los colonos secularizan al máximo la doctrina que termina siendo el destino patente o evidente (manifest). Un destino preordinado, fundado en la vieja teología puritana: discriminatoria, que divide a los hombres en elegidos y réprobos, en razas y en naciones.

Nosotros, en tanto pueblo mayoritariamente católico devenimos para ellos en hombres réprobos, racialmente inferiores y una nación desordenda de segundo rango.

Al nacer México, como nación independiente, cortamos los lazos con un pasado que juzgamos negativo, pero los angloamericanos nos endilgaron todos los vicios que durante siglos sus ancestros habían atribuido a los españoles. No nos sirvió distanciarnos de éstos; la doctrina del Destino Manifiesto se había constituido al calor de la disputa contra los españoles y los angloamericanos nos echaron encima la montaña de prejuicios que habían formulado.

4. Para los anglicanos "todas las acciones y decisiones humanas" son resultado de la vocación o llamado (calling) con el que Dios favorece a sus elegidos.

Los europeos de los siglos XVI y XVII envidiaban la fortuna de España con sus colonias americanas, cosa que se muestra en la literatura de varios de sus creadores, entre los que sobresale Shakespeare.

Para los ingleses del siglo XVI el título de mayor legitimidad es espiritual, alguna otra estructura colonial que no responda al calling con que Dios favorece a sus hijos elegidos tiene o da legitimidad.

Los colonos ingleses eran el instrumento elegido por Dios para llevar "Su palabra a los indios." La llegada de los anglos a América significaba la derrota de Satanás.

Si la evangelización, mediante la palabra de Dios no daba resultado, se podría ensayar hacerlo "'por medio del mercantilismo y del comercio'."

Mal que bien el sistema de dominación español otorgaba cierta protección legal a los indígenas, pero el sistema inglés --- y más tarde el norteamericano, su heredero--- creó numerosas dificultades para ellos y obstruyó sus relaciones en todos los ámbitos.

Los conquistadores anglos opinaban que a los indios había que tratarlos con benevolencia si era útil pero, en caso contrario, había que recurrir a los soldados para que los desbastaran y quedaran listos para la palabra de los predicadores. A cambio de los bienes materiales que los anglos obtenían de los indios los recompensaban otorgándoles la conversión cristiana.

5. Los marinos anglos buscaban inicialmente un paso marítimo hacia el Oriente ---ambición que también albergaban los españoles---, pero al no encontrarlo decidieron formar establecimientos coloniales permanentes en las costas de Nueva Inglaterra y Virginia. Cuando esto ocurrió sustituyeron el objetivo asiático por el cercano oeste americano. La ambición por el Oriente se transformó en la ruta "'Al Oeste'", que luego los norteamericanos convirtieron en: "'al lejano Oeste'" (Far West). Este fue el objetivo expansionista inicial de los yanquis a cuenta de las tierras de los pueblos indios.

La expansión anglo hacia el oeste americano estaba acicateada por el interés en la obtención de pieles, proceso en el que establecieron la frontera inglesa con los pueblos indios, frontera que fue mudando de lugar cada vez más al oeste. A fin de cuentas, Dios les había reservado las tierras situadas al norte de Florida para reducir a los indios a la civilización cristiana. Apareció entonces el espíritu de Frontera, que alentó la expansión en la medida que llegaban más y más nuevos colonos europeos. El río Grande (el río Bravo) había sido designado por la Providencia como frontera entre las dos grandes naciones, y un día se aventuraron a llevarla hasta él.

6. Los fracasos colonizadores de otras naciones en el septentrión americano, particularmente de los españoles, fue interpretado por los anglos como designio divino: Dios les reservaba esa región. El principio político de la unlimited America tiene su origen en esa creencia.

7. Como los ingleses no encontraron la ansiada ruta marítima hacia el Oriente, ni descubrieron oro en la región nórdica, buscaron este metal hacia el sur: asaltando los galeones españoles que transportaban oro y plata. Fue la manera de paliar la bancarrota que hacia 1578 sufrían los grandes y pequeños inversionistas que no habían tenido la misma fortuna de los españoles en el sur del continente americano.

8. El gobernador de Virginia, Ralph Lane, decía que encontrar una rica mina de oro, o un pasaje hacia el Mar del Sur (el Océano Pacífico), era lo único que podía volver atractiva a esa colonia americana. Las colonias inglesas en América sólo arraigaron hasta el siglo XVII, cuando los colonos de Virginia dieron con un producto de fácil obtención, cómoda exportación y gran demanda en Europa: el tabaco; de la misma manera que los de Nueva Inglaterra habían encontrado fortuna con las pieles.

9. Los ingleses justificaron el atraco contra los galeones españoles, cargados de oro y plata, aduciendo que no les permitían comerciar con las Indias. Contra los franceses utilizaron argumentos semejantes, decían que aunque pudieran estar interesados en los mismos territorios que ellos, Dios estaba con los británicos; la falta de paz interna en Francia era otra prueba divina favorable a la ambición inglesa. Estos son los "fundamentos" que los norteamericanos heredaron de sus ancestros y utilizaron pronto para despojar a sus vecinos del sur: México; argumentos que, remozados, siguen utilizando hoy en día en cualquier parte del mundo.

Recordemos que tanto en 1847, como en 1914 y en 1916, los yanquis alegaron falta de estabilidad en México para intervenir militarmente. La falta de estabilidad interna en los países ha sido, a lo largo del tiempo, el pretexto para mediar en los asuntos internos de otros pueblos.

10. "La reforma religiosa inglesa, anglicano-puritana, liberó las energías psíquicas y desató las fuerzas económicas de la nación; consolidó la clase media burguesa e hizo de sus más jóvenes e intrépidos representantes una élite ambiciosa y agresiva, como pocas veces se ha dado en la historia de Occidente." (p. 43).

Los ingleses se propusieron ganar a los indígenas para su religión. Este proceso de adoctrinamiento y politización: "se transformará al correr de dos siglos en lo que en la interesada jerga política norteamericana se denominó la extensión del área de la libertad sobre los pueblos iberoamericanos sometidos a sus irresponsables y tiránicos gobiernos." (Ibid).

Un ideólogo inglés de apellido Peckham recurría al argumento aristotélico de la servidumbre natural para justificar el sometimiento de los pueblos indios.

"Desde el punto de vista de los ingleses, por razones de seguridad tenían derecho a repeler con fuerza las agresiones de los indios y practicar toda suerte de represalias; (p. 46) ese es el origen de la doctrina de seguridad nacional de los gobiernos estadounidenses que hoy se esgrime bajo el concepto de Guerra Preventiva. El argumento es el mismo: Irak y Afganistán eran amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos; Corea del Norte e Irán son amenazas actuales, y en virtud de todo ello la potencia vecina reclama la facultad de tomar represalias. Recientemente el presidente Bus ha etiquetado a un grupo de países como Eje del mal, entre los cuales se encuentra Cuba; el asedio gringo se extiende al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y a cualquier otro que, desde su óptica, amenace los intereses económicos de los estados Unidos, los cuales también son asunto de seguridad nacional. Esa política hostil ha llevado al presidente Chávez a decir que el gobierno de los Estados Unidos es una amenaza para la humanidad.

11. Para conformar la empresa colonizadora británica: "contribuían los amigos poderosos, los comerciantes ricos y los personajes de la corte (incluida la propia reina las más de las veces) suscribiendo acciones mediante aportaciones en metálico o en especie (barcos, vituallas, armamento, maritatas, etc.)." La colonización se constituía como una empresa de accionistas autorizada por el Estado, el cual se reservaba el derecho a nombrar gobernador, almirante, tesorero, consejeros y el resto de los funcionarios. Los accionistas aceptaban porque esos nombramientos recaían en clientes o personas conectadas económicamente con ellos. Si había éxito los accionistas recibían un porcentaje a cambio. El seguro contra las pérdidas era la autorización del estado para que los capitanes de mar pudieran ejercer la piratería.

Esta es la historia repetida de los fracasos de la colonización inglesa desde la segunda mitad del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII (cuando se funda James Fort, en 1607, luego llamada Jamestown). Otra razón para practicar la piratería era que las expediciones no suministraban ganancias inmediatas, lo cual se resolvía asaltando galeones españoles. Este tipo de ganancias "contribuyeron en buena parte a la consolidación de la economía capitalista en Inglaterra a costa del imperio español." (p. 54). Cabe agregar: a costa de la riqueza de nuestro suelo.

12. En el siglo XVI la misión cristianizadora se entendió simplemente como comunicar la palabra divina, contenida en la Biblia, a los indios. Tanto los ingleses como los indios debían realizar el mandato más caro a los ojos de Dios: cultivar la tierra de manera intensiva y extensiva.

13. "' The Puritan way of Life'".- En el siglo XVII la doctrina puritana acompañó a Inglaterra en su papel de abanderada del progreso y la modernidad. Con las mismas doctrinas los peregrinos (1620) y puritanos (1628) pusieron las bases, en Nueva Inglaterra, de lo que posteriormente serían los Estados Unidos. Allí se forjó la vivencia histórica, aceptada sin rubor por los políticos, del destino histórico, ineluctable, expreso, manifiesto, de esta nación.

La democracia norteamericana se vio influida por la actividad religiosa-política de la teocracia puritana de los siglos XVII y XVIII. Esta teocracia aspiraba "a construir una sociedad espiritual y civil de inspiración bíblica; " (p. 92). al tiempo que los gobernantes y ministros del culto (los ancianos y mayores) eran elegidos por los fieles. Esta teocracia democrática o puritanismo liberal se forjó no obstante la oposición de los eclesiásticos y seglares más prominentes de la Bahía de Massachsetts, quienes eran enemigos de la democracia popular. Tanto la democracia como la doctrina pragmatista hunden sus raíces en los distintos grupos puritanos separatistas de Nueva Inglaterra.

En las colonias de los anglos en América se mantuvo el impulso calvinista dirigido a "utilizar la misión religiosa como instrumento de reforma social;" (p. 94) al tiempo que la política era empleada "para fortalecer la moral y la religiosidad puritanas." (Ibid). Tanto la religión como la política "constituyeron el característico sistema de vida puritana;" (Ibid). Este cerrado método de vida era programado por Dios para uso exclusivo de sus elegidos: "los predestinados a la salvación transterrena y abocados por lo mismo a la glorificación terrenal (éxito, poder, riqueza, mando y predominio)." (Ibid).

14. John Milton fue un poeta y tratadista político muy leído en Nueva Inglaterra; contribuyó decisivamente a exaltar el individualismo y la libertad, defendiendo lo que hoy llamamos libertad de imprenta. Al igual que Juan Calvino convirtió en razón de ser la venganza contra los tiranos; sostuvo que los gobernantes eran depositarios de un poder delegado por el pueblo, quién era poseedor de una libertad primitiva. Hay que recordar que contrario a Ignacio de Loyola, quién recomendaba renunciar a las cosas, Calvino no acepta renunciar a ellas y recomienda usar las cosas como si no se usaran, comprar como si no se comprara; esta timida posición, que no desdeña poseer, da lugar a la teoría vocacional que permite al creyente calvinista ocuparse febrilmente de las cosas del mundo. En esas ideas se encuentra el cimiento del individualismo acumulador norteamericano.

15. El puritano histórico reclama la máxima libertad para buscar su propia ganancia privada y de esa manera servir a Dios y al sector elegido del género humano. "Su libertad para obrar bien, es decir, para producir, aceptar y acumular riquezas, posee un significado muy cercano al de laissez faire de la economía liberal." (p. 103).

La escuela económica inglesa está sustentada en la doctrina calvinista. La arraigada creencia protestante en la posibilidad de mejorar y modificar la sociedad cristiana mediante las doctrinas y dogmas religiosos, desembocó en la secularización de las teorías económicas, que con el tiempo pusieron los cimientos de la escuela clásica, que culminó en la apoteosis de la escuela liberal: el laissez faire; esto es la realización de la felicidad humana.

La pugna calvinista cristiana, pasando por John Locke y Thomas Jefferson, se tradujo "en la lucha por la libertad política y la dignidad humana; la libertad espiritual de los grupos anabaptistas[2] conduciría pues a la libertad política." (p. 104).

Cuando las huellas del puritanismo se borraron en la sociedad norteamericana solo quedó la inercia del ahorro, de la inversión y la acumulación capitalista, sin olvidar la justificación de la codicia como la borrosa marca de la elección. El elegido de Dios es ahora el millonario, y la nación bienaventurada es la que tiene el mayor número de ellos.

16. La teoría del destino manifiesto es la filosofía práctica de la burguesía norteamericana en proceso de gigantesco crecimiento económico y político. Sirve también para justificar la intervención en aquellos países en donde se alega una situación caótica. En estas ideas se han basado las intervenciones (mediaciones) estadounidenses en América Latina y el resto del mundo: 90 intervenciones en 172 años.

La frase manifest destiny se popularizó a raíz de la ocupación de Texas por los yanquis. El periodista John L. O' Sullivan escribió el concepto de dominio popular en la edición de la Dempcratic Review de julio-agosto de 1845. Esta teoría expansionista está ligada directamente a los agravios que históricamente Estados Unidos ha cometido con México.

[1] . Ortega y Medina, Juan A. Destino Manifiesto. Alianza Editorial Mexicana-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1989.

[2] . Se trata de una secta religiosa del siglo XVI que defendía el derecho de los niños a no ser bautizados antes de llegar al uso de razón.

EL DERECHO ECONÓMICO Y SOCIAL

2008-08-13T18:07:00.000-07:00

Concepto.- “El Derecho Económico es el conjunto de normas originadas en las transformaciones tecnológicas y estructurales de la sociedad, con la finalidad de contribuir al establecimiento de un nuevo orden jurídico. Sus normas tienden al equilibrio de los agentes económicos.” (Manuel R. Palacios Luna. El Derecho Económico en México. Contraportada. Ed. Porrúa, México, 2004).

El Derecho Económico y Social, nos dice el autor, es “una legislación reivindicativa, reparadora de injusticias seculares en nuestro país. Podemos afirmar que su origen se remonta entre nosotros, a partir de la lucha contra el gobierno colonial español.” (P. 27). En el prólogo a la séptima edición del citado libro, Agustín Arias Lazo cita textualmente a Palacios cuando sostiene que: como la filosofía del Derecho Económico se funda en el espíritu de solidaridad: ‘“da prioridad al interés general sobre los intereses privados’.” (P. XV).

Ateniéndose a los fines cabe distinguir entre Derecho Económico y Derecho de la economía, pues mientras este último protege los derechos individuales, el primero en tanto que Derecho Social (Derecho Económico) protege a la sociedad sin que desaparezca la protección de los derechos individuales.

Ante los nuevos hechos y fenómenos económicos y estructurales, ante la desigualdad en que se encuentran los trabajadores asalariados en la contratación del trabajo, “el Derecho surge para proteger los derechos laborales estableciendo garantías sociales que se imponen y oponen al `sagrado’ principio del Derecho tradicional que sostiene: ‘la voluntad de las partes es ley’.” La respuesta a esa situación y a esos alegatos antilaborales da origen a “un nuevo espíritu del derecho, que da vida al Derecho Económico’.” (P. XV).

Como resultado de la expoliación de las potencias extranjeras en México se prohibió que los particulares explotaran determinados recursos, tales como: a) el petróleo, b) la energía eléctrica y c) la energía nuclear; dichos recursos son materias estratégicas cuya explotación compete exclusivamente al Estado. Las funciones del Estado mexicano en la economía responden a una “’necesidad defensiva y reestructural frente a las grandes potencias mundiales’.” (P. XVI).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da a nuestro Derecho la “’finalidad de servicio a la comunidad, respetando las garantías individuales’”, pues las garantías sociales destacan: a) el espíritu nacionalista, b) “’la garantía de protección a la soberanía nacional’”, c) “’la modificación del contrato de trabajo a favor del trabajador’”, d) “’da prioridad al interés colectivo sobre los intereses individuales’.” (Ibid).

Ante las pretensiones de privatizar el petróleo Manuel Palacios Luna dice: “‘Aquí la Constitución es categórica y prohíbe terminantemente otorgar concesiones o contratos para la explotación y declara nulas las que se hubieran otorgado’”. Y en el caso de la energía eléctrica, afirma, la Constitución reconoce exclusividad a la Nación para: “’generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica’.” (Ibid).

“El Banco Mundial y el FMI en México: el nuevo monroísmo”

2008-08-11T22:48:00.000-07:00

El proceso desnacionalizador de la economía del país inició con la firma de la Carta de intención signada con el FMI en 1982.

Este proceso no ha sido resultado de leyes económicas infalibles, ni siquiera el resultado no deseado generado por la globalización. “Se trata de decisiones políticas tomadas por actores específicos a favor de grupos de interés bancario-empresariales identificables, ya que algunos de los principales beneficiarios locales son anualmente registrados en la ‘lista dorada’ de megamillonarios que ofrece la revista empresarial Forbes.”[1]

Estamos hablando de un proceso de dominación internacional y de intereses de clase. El grupo político dueño de “el poder presidencial en México desde 1982 consideró oportuno y de su interés aliarse con intereses internos (neooligárquicos) y externos; y plegarse a las directrices de los organismos financieros por medio de los cuales Washington articula los intereses de su aparato empresarial y de seguridad. El proceso de toma de decisiones en materia de política económica se ha desnacionalizado de manera paulatina. La política de inversión extranjera y de comercio exterior, así como la desnacionalización y privatización de empresas públicas, no han sido procesos que respondan a criterios, modalidades y ritmos endógenos propiamente, sino a necesidades temporales y materiales del exterior, expresadas por medio de ‘sugerencias’, con gran fuerza persuasiva por medio del FMI y el MB, con la imprescindible cooperación de la tecnocracia local y de un reducido círculo de banqueros y empresarios cuyo enriquecimiento ha sido permitido por el presidente en turno, muy a la usanza del Porfiriato.”[2]

Los funcionarios mexicanos entreguistas se olvidaron del “’interés público nacional’ para favorecer los intereses privados de los acreedores y de un puñado de empresas locales altamente dependientes de insumos del exterior, principales beneficiarias, junto con las grandes empresas multinacionales, del esquema de ‘orientación hacia fuera’ de la economía.”[3]

Así se privatizó y extranjerizó la reserva minera, el sistema bancario, parte de la industria petroquímica y petrolera, propiedad rural (en fronteras y costas), ferrocarriles, entre otros.

Las líneas de mando de la política económica ha pasado a manos extranjeras, al tiempo que la política económica favorece a estos y sus socios locales. La política comercial del país se modificó mediante una apertura unilateral a favor de los exportadores industriales y de granos de Estados Unidos, a cambio de dos créditos del Banco Mundial –medida que devastó el aparato productivo nacional--, y dos préstamos más para las exportaciones. Dichos préstamos apenas fueron por mil millones de dólares, pero sirvieron a Estados Unidos para ajustar “la política comercial mexicana a las necesidades de sus empresas agrícolas, productoras de granos y manufacturas.”[4]

“La apertura comercial fue producto de los préstamos mencionados, destinados, según el BM, a crear una ‘masa crítica’ dentro del gobierno y la opinión pública sobre la conveniencia de, ‘reestructurar’ nuestro comercio.”[5]

A cambio de los créditos el “gobierno mexicano” liberalizó la mayor parte de la producción interna, sobre todo nacional, en tanto que protegió a corporaciones multinacionales con domicilio en Estados Unidos –caso de ALETEX-- y a industrias de propiedad extranjera, como es el caso de la industria automotriz.[6]

La influencia decisiva que el BM-FMI tienen en la política económica del país es un asunto de seguridad nacional, porque afecta la vida económica y social del pueblo mexicano. Según el mismo Banco Mundial, en mayo de 2000 una cantidad de mexicanos conservadoramente calculada en 56 millones 870 mil personas (entre el 54 y 58 por ciento de la población) se encuentra en situación de pobreza o ultrapobreza. La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en esta situación se debe a sus recomendaciones compulsivas dócilmente acatadas por el “gobierno mexicano”, que a continuación mencionamos:

1. Su recomendación de reducir el gasto público en inversión productiva;

2. su insistencia en que sea eliminado el déficit presupuestal, eliminando, a su vez, los subsidios para la industria y el campo, así como para alimentos y transportes, y para la promoción de la educación media superior y superior;

3. su orientación para que el gobierno mexicano reduzca el gasto público dirigido al funcionamiento de la administración pública, lo cual disminuye los puestos de trabajo en el Estado y despide burócratas, así como la privatización de paraestatales;

4. su insistencia en que México continúe con la desregulación que sólo beneficia a los banqueros y al gran comercio;

5. la negativa del gobierno mexicano en dejar sin control el incremento de los precios, dando por sentado que no se puede adoptar esa medida por tratarse de una medida casi antinatural y antieconómica, lo cual sólo redunda en la libertad empresarial para ampliar sus ganancias;

6. su decisión de no gravar al capital y controlar los incrementos salariales;

7. el condicionamiento del BM-FMI para acceder a créditos, a cambio de la apertura indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías foráneas. En contrapartida esos organismos compelen al pago del servicio de la deuda, no limitar la fuga de capitales, términos de intercambio desfavorables para nosotros, pago de regalías altas y a tiempo, etcétera;

8. compulsión para que el país mantenga una política cambiaria flexible, que entren y salgan los capitales nacionales y extranjeros libremente, es decir, libertad para que el capital extranjero saquee libremente al país; por eso en los “ajustes” del FMI “’lo primero que exige al país endeudado es que elimine todo tipo de controles cambiarios’.”[7]

9. “se considera fundamental la libre oportunidad para especular en las bolsas de valores locales, en los llamados ‘mercados emergentes’, donde se ‘bursatilizan’ y rematan muchos de los activos nacionales estratégicos.”[8]

[1] . En José Luis Calva (Coordinador). Política económica para el desarrollo sostenido con equidad. Tomo I. Ponencia de John Saxe-Fernández: “El Banco Mundial y el FMI en México: el nuevo monroísmo.” Casa Juan Pablos, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. México, 2002. p. 42.

[2] . Ob. Cit. P. 43.

[3] . Ibid.

[4] . Ob. Cit. Pp. 43-44.

[5] . Ob. Cit. P. 44.

[6] . Ob. Cit. Pp. 44-45.

[7] . Ob. Cit. P. 46.

[8] . Ibid.

"Globalización y hegemonía: elementos para una crítica del pensamiento dominante"

2008-08-11T22:39:00.000-07:00

Raúl Ornelas resalta la conveniencia de estudiar con seriedad la idea de la globalización, por la importancia que tiene para explicar las relaciones mundiales.

Concibe la globalización "como el proyecto social que las fuerzas sociales hegemónicas tratan de imponer a escala planetaria."[1]

Las teorías de la globalización establecen dos procesos fundamentales que permiten caracterizar las transformaciones que ha ocasionado:

1° Hay un nuevo paradigma productivo basado en la informática y la computadora. Este aspecto tiene a su vez dos aspectos:

A) la producción manufacturera es intensiva en capital, uso de robots, máquinas herramientas de control numérico y de procesos manufactureros automatizados y flexibles (jus in time, just in case). El uso de métodos capitalistas en la organización del trabajo en casi todas las actividades sociales, especialmente en los servicios, y el uso creciente de la computadora en esos ámbitos.

B) El ritmo progresivo tecnológico se vuelve frenético; surgen y se desarrollan las tecnologías transversales que determinan la productividad social: informática y telecomunicaciones digitales.

Según los teóricos de la globalización son tres las fuerzas motrices de la globalización de las actividades empresariales, desde la perspectiva de la oferta: la posibilidad de integrar mundialmente la producción; el aumento notable de las mercancías producidas, especialmente en servicios; y la necesidad de amortizar las enormes y crecientes inversiones que se hacen en medios de producción, y en desarrollo científico y tecnológico.

2° Paulatinamente se homogenizan la demanda de bienes de capital y de consumo modernos: usuarios y productos se universalizan. Ello se explica por el uso de las nuevas tecnologías de producción. La homogenización de la demanda de bienes de consumo se debe a:

a) converge a nivel mundial el poder de compra de ciertos grupos sociales;

b) la comunicación telefónica, por T. V., computadoras y otros bienes de consumo eléctrico y electrónicos;

c) se homogeniza la publicidad por los medios;

d) los sistemas educativos estimulan el uso de las nuevas tecnologías.

La estrategia empresarial basada en el intercambio entre naciones es sustituida por una estrategia de inversión global.[2]

Dos conclusiones: 1° El autor afirma que desaparecen las grandes diferencias que ha habido entre países, regiones, y grupos sociales; conclusión que habría que matizar, porque las culturas regionales son lo suficientemente complejas como para asimilar una gran cantidad de cambios sin perder sus rasgos esenciales. 2° Los teóricos que fomentan la globalización llaman a eliminar todos los obstáculos a ésta; piden más privatización y liberalización o desregulación.[3]

El núcleo tecnológico del capitalismo lo constituye hoy en día: los semiconductores, los programas informáticos, la fabricación de computadoras, las telecomunicaciones, y las tecnologías de producción.

Contrario a la idea de que los procesos productivos se vuelven homogéneos de manera creciente, Ornelas sostiene que "estas jerarquías adoptan un carácter nacional, y no transnacional..." Esto significa que los grupos económicos de ciertos países tienen preponderancia en uno o algunos de los cinco núcleos tecnológicos arriba citados.[4]

De la lectura del texto de Ornelas se pueden privilegiar las siguientes conclusiones:

1) "La globalización es, en suma, un modo de la internacionalización de los capitales, y no un principio de organización social, según el cual, el sueño de la 'libertad de los mercados' abriría nuevas vías para el desarrollo de la humanidad."[5]

2) "En estos inicios de siglo, es cada vez más claro que el único camino que la mayoría de los mexicanos tenemos para ganar una vida digna es resistir a la globalización."[6]

El autor menciona cuatro ámbitos en donde se debe exacerbar la resistencia:

1) En el plano financiero: contra el FOBAPROA-IPAB; contra el injusto saqueo del rescate a los banqueros; y por redefinir el papel de la banca.

2) En la conservación de nuestros recursos naturales; contra la privatización de la industria petrolera y eléctrica, y de las regiones ricas en biodiversidad.

3) En la conservación de las conquistas sociales; en la defensa y mejoramiento del sistema educativo y de salud, entre otros.

Para recuperar la soberanía alimentaria; una verdadera reforma agraria (reparto de la tierra y desarrollo productivo); defensa del patrimonio genético de vegetales, animales y seres humanos; todo lo cual está siendo convertido en propiedad de las empre

[1] En José Luis Calva (Coordinador). Política económica para el desarrollo sostenido con equidad. Tomo I. Ponencia de Raúl Ornelas: "Globalización y hegemonía: elementos para una crítica del pensamiento dominante". Casa Juan Pablos, Universidad Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. México, 2002. p. 22.

[2] . Ob. Cit. p. 26.

[3] . Ibid.

[4] . Ob. Cit, p. 31.

[5] . Ob. Cit. p. 39.

[6] . Ibid.

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA ECONÓMICA

2008-08-11T22:31:00.000-07:00

El artículo 71, fracciones I, II y III, otorga el derecho de iniciar leyes o decretos al Presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados.

El artículo 31, fracción IV, dice que los mexicanos estan obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa.

El artículo 73, fracción VII, faculta al Congreso: "Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto;"

Sin embargo, dichas contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, aspectos que no deben ser violentados. La Suprema Corte de Justicia ha concedido amparos en casos en que la autoridad ha violado dichos principios.

La facultad del Congreso para legislar está expuesta en el artículo 73. Veamos las siguientes materias:

a) Fracción XXIX-D: "Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geografía de interés nacional;" (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006).

b) Fracción XXIX-E: Sobre programación, promoción, concertación y ejecución de acciones [aunque no se trata de acciones, sino de medidas] referentes al abasto y otras con el fin de producir bienes y servicios básicos que sean "social y nacionalmente útiles".

c) Fracción X: Sobre hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear y minería; así como sobre: industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos; también sobre: Servicios de banca y crédito, para establecer el Banco de Emisión Único (que se debe estudiar conforme a lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional); "y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123".

d) La fracción VIII es especialmente importante, Ya que el Congreso tiene facultad:

"PARA DAR BASES SOBRE LAS CUALES EL EJECUTIVO PUEDA CELEBRAR EMPRESTITOS SOBRE EL CREDITO DE LA NACION, PARA APROBAR ESOS MISMOS EMPRESTITOS Y PARA RECONOCER Y MANDAR PAGAR LA DEUDA NACIONAL. NINGUN EMPRESTITO PODRA CELEBRARSE SINO PARA LA EJECUCION DE OBRAS QUE DIRECTAMENTE PRODUZCAN UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS PUBLICOS, SALVO LOS QUE SE REALICEN CON PROPOSITOS DE REGULACION MONETARIA, LAS OPERACIONES DE CONVERSION Y LOS QUE SE CONTRATEN DURANTE ALGUNA EMERGENCIA DECLARADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 29. ASIMISMO, APROBAR ANUALMENTE LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LA LEY DE INGRESOS, QUE EN SU CASO REQUIERA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ENTIDADES DE SU SECTOR PUBLICO, CONFORME A LAS BASES DE LA LEY CORRESPONDIENTE. EL EJECUTIVO FEDERAL INFORMARA ANUALMENTE AL CONGRESO DE LA UNION SOBRE EL EJERCICIO DE DICHA DEUDA A CUYO EFECTO EL JEFE DEL DISTRITO FEDERAL LE HARA LLEGAR EL INFORME QUE SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES HUBIERE REALIZADO. EL JEFE DEL DISTRITO FEDERAL INFORMARA IGUALMENTE A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL, AL RENDIR LA CUENTA PUBLICA;" (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993).

e) Fracción XVIII: para establecer casas de moneda, fijar las condiciones de ésta, dictar reglas sobre el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema de pesas y medidas.

f) Fracción XXIX-F: Para expedir leyes sobre promoción de la inversión mexicana y la regulación de la inversión extranjera, transferencia de tecnología y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos para el desarrollo nacional.

g) Fracción XXIX-G: Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación del equilibrio ecológico.

El artículo 74 establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

a) Revisar la Cuenta Pública, para lo cual: "se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación". Si encuentra discrepancias entre los ingresos y egresos en relación a las partidas respectivas, o no se justifica adecuadamente los ingresos y los gastos, "se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley". La revisión de la Cuenta Pública no tiene por qué ser secreta.

b) Es facultad exclusiva suya examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 90 habla de la organización pública del Poder Ejecutivo Federal, dice: "La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación".

El artículo 131 habla de la política de comercio exterior, la cual queda a cargo del Poder Ejecutivo Federal y de su revisión por el Congreso de la unión.

"ES FACULTAD PRIVATIVA DE LA FEDERACION [en este caso se refiere al Poder Ejecutivo, pues el concepto Federación comprende a los diferentes poderes federales] GRAVAR LAS MERCANCIAS QUE SE IMPORTEN O EXPORTEN, O QUE PASEN DE TRANSITO POR EL TERRITORIO NACIONAL, ASI COMO REGLAMENTAR EN TODO TIEMPO Y AUN PROHIBIR, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD O DE POLICIA, LA CIRCULACION EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE TODA CLASE DE EFECTOS, CUALQUIERA QUE SEA SU PROCEDENCIA; PERO SIN QUE LA MISMA FEDERACION PUEDA ESTABLECER, NI DICTAR, EN EL DISTRITO FEDERAL, LOS IMPUESTOS Y LEYES QUE EXPRESAN LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTICULO 117." (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974).

"EL EJECUTIVO [la reforma posterior deja claro el concepto] PODRA SER FACULTADO POR EL CONGRESO DE LA UNION PARA AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR LAS CUOTAS DE LAS TARIFAS DE EXPORTACION E IMPORTACION EXPEDIDAS POR EL PROPIO CONGRESO, Y PARA CREAR OTRAS, ASI COMO PARA RESTRINGIR Y PARA PROHIBIR LAS IMPORTACIONES, LAS EXPORTACIONES Y EL TRANSITO DE PRODUCTOS, ARTICULOS Y EFECTOS, CUANDO LO ESTIME URGENTE, A FIN DE REGULAR EL COMERCIO EXTERIOR, LA ECONOMIA DEL PAIS, LA ESTABILIDAD DE LA PRODUCCION NACIONAL, O DE REALIZAR CUALQUIERA OTRO PROPOSITO EN BENEFICIO DEL PAIS. EL PROPIO EJECUTIVO, AL ENVIAR AL CONGRESO EL PRESUPUESTO FISCAL DE CADA AÑO, SOMETERA A SU APROBACION EL USO QUE HUBIESE HECHO DE LA FACULTAD CONCEDIDA." (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1951. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986).

NUEVA CONCEPTUACIÓN Y FRASEOLOGÍA LABORAL

2008-08-11T22:26:00.000-07:00

1. Internacionalización de los procesos productivos.

· Empresa flexible.- Tendencia a transitar de la producción masiva de bienes indiferenciados a la producción en pequeña escala para satisfacer nichos de mercado.

· Flexibilidad laboral.- Como resultado de la empresa flexible y la internacionalización de los procesos productivos que se ven limitados por la regulación del mercado laboral, de los países que acogen dichos procesos productivos, surge la política neoliberal de flexibilización laboral.

· Nueva cultura laboral.- Cambio de hábitos y prácticas de trabajo y, desde luego, adopción de nuevas técnicas y habilidades de trabajo, renuncia a derechos laborales históricos, modificación de formas de remuneración y descanso, etc.

2. Contenidos de la flexibilidad laboral:

· Modificación de los contratos colectivos de trabajo

· Flexibilización en las tareas que realiza el trabajador

· Cambios en la estructura salarial

3. Flexibilidad Numérica Interna.- Se trata de:

· Una manera de llamar a la eliminación de las normas que impiden variar el tamaño de la planta laboral, acorde a las necesidades y exigencias de la empresa.

· Reducir o eliminar empleos por nómina para reducir costos de las empresas.

· Disminuir al mínimo los costos por despido, liquidación y gratificación de los trabajadores que necesite dejar cesantes.

· Impedir que los sindicatos participen en la contratación o despido de los trabajadores.

· Introducir nuevos esquemas de horarios de trabajo: por horas y a destajo.

4. Flexibilidad Numérica Externa.- Se trata de:

· Utilizar sin restricciones la subcontratación de otras empresas o de personal externo al que labora en la empresa.

5. Flexibilidad Funcional.- Se refiere a:

· La polivalencia en las funciones de los trabajadores.

· Eliminar en los contratos las normas que regulan la actividad de la mano de obra.

· Lo anterior supone que pueda realizar distintos trabajos y en distintos lugares.

"Ley Federal del Trabajo: Propuestas para Reformas

2008-08-11T22:22:00.001-07:00

(Congreso del Trabajo. Sector Empresarial)

Resumen ejecutivo de la Coparmex"

Las relaciones laborales pueden ser temporales y de capacitación inicial.
Las relaciones temporales son prorrogables indefinidamente.
Se crea un período de prueba de 30 días, y de 180 para puestos de dirección, gerenciales, administrativos, técnicos o profesionales especializados.
El contrato para capacitación inicial puede ser de 3 o de 6 meses, cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales, administrativos, técnicos y profesiones especializadas. En otros casos también son posibles.

La Capacitación inicial no supone obligación alguna para el empleador si alega incompetencia. [MCM: la capacitación inicial es una práctica precapitalista, propia de los talleres artesanales medievales que recibían aprendices en condiciones similares a la que ahora se propone como novedosa].

Se establece el período intertemporadas como causal de suspensión de la

relación de trabajo.

En el caso de empleados domésticos no hace falta aviso de despido para

hacerlo.

El empleador y el empleado pueden convenir la realización de "tareas conexas o

complementarias a su labor principal".

El empleador y el empleado podrán convenir la duración de la jornada de trabajo sin pago de horas extras, tan solo compensadas por días de descanso.
Los días de descanso obligatorio son intercambiables por otros días de trabajo normal [MCM: que muy seguramente será cuando no haya mucho qué hacer].
Se podrá pagar el salario con "tarjetas de débito o crédito", contrario a lo que establece la Constitución.
Se termina con el "escalafón ciego".
La "capacitación podrá incluir el iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior." [MCM: se legaliza la práctica colonial del repartimiento o la encomienda, para instruir a los trabajadores tutelados].
Las vacantes y los puestos de nueva creación serán cubiertos por los trabajadores capacitados por el empleador, de una lista de personal capacitado por éste. [MCM: los sindicatos renuncian a participar en la administración del trabajo, aunque podrán estar en las "comisiones mixtas de productividad"].
Desaparecen los sindicatos de "oficios varios" y se crean dentro de los sindicatos de empleadores [sic] el de industriales. Estos son los formados por empleadores de la misma rama industrial que pueden estar en varios estados. "En artículo transitorio se respetará la vigencia de los sindicatos ya constituidos a la fecha de la entrada en vigor de las reformas. (art. 360)". [MCM: el sindicalismo charro se protege de competidores, a la vez que desestima la fuga de agremiados que no se sientan apoyados en los actuales sindicatos del antiguo oficialismo].
En caso de emplazamiento a huelga por firma, el empleador sólo está obligado a firmar un CCT con el sindicato de los trabajadores que le prestan servicio; siempre y cuando:

a) Lo solicite por escrito.

b) Contenga la firma de los representantes del sindicato y de los trabajadores.

c) Se anexe constancia vigente de ser sindicato registrado, expedida por la "autoridad registradora".

d) Contenga la inscripción de la directiva sindical.

e) Contenga los estatutos del sindicato [MCM: intromisión de la autoridad en la vida interna del sindicato], en lo relativo a "su objeto y radio de acción";

f) "y el padrón de los agremiados que laboren en la empresa o establecimiento."

Por si fuera poco: "no podrá registrarse un contrato colectivo si se omite anexar las constancias" anteriores.

Es de competencia federal la industria, los servicios (de acuerdo a la reforma del Art. 123 de la Constitución, fracción XXXI que lo dispone), los servicios de banca y crédito, y las empresas que operen con permiso, autorización o concesión federal, y las industrias conexas.
"Se deroga toda la reglamentación y referencia de las Juntas Locales y Federales de Conciliación debido ya que (sic) en la práctica no operan. (varios artículos)". "Se reorganiza y reasignan atribuciones y responsabilidades a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sus Secretarios Generales y demás personal jurídico (varios artículos)".
Los representantes de los trabajadores deberán tener título de Licenciado en Derecho legalmente expedido y, obtener patente de ejercicio de la autoridad competente. Si el representante no tiene título deberá obtener constancia de capacitación en materia laboral, y se le exigirá mayores obligaciones y responsabilidades.
Se conceptúa el "servicio de conciliación" como de orden público e interés social.
En otra parte se dice que para ejercer en materia laboral se requiere título de abogado y cédula profesional; los pasantes pueden ejercer si cuentan con carta de pasante expedida por "autoridad competente". OTRAS PERSONAS sólo pueden ser autorizadas para OIR notificaciones Y RECIBIR DOCUMENTOS, PERO NO PODRÁN COMPARECER EN LAS AUDIENCIAS NI EFECTUAR PROMOCIÓN ALGUNA.
Los sindicatos podrán comparecer por conducto de algún miembro del Comité Ejecutivo o de las personas señaladas en los estatutos del sindicato. [MCM: pero ceden un gran poder al representante].
Un juicio caduca si no se promociona en 45 días, cuando antes eran 180. [MCM: ya vimos que se requiere la presencia del abogado que actúe como representante].
Se admiten películas, grabaciones de audio y de video, sistemas de informática, aparte de las tradicionalmente reconocidas, como pruebas.
Las pruebas se deberán ofrecer en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalada con día y hora, "y en ningún caso podrán ofrecerse pruebas una vez cerrada la instrucción." Si las pruebas no están debidamente "acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo" serán desechadas por la Junta.
Hay una redacción confusa que literalmente dice lo siguiente:

a) "La jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales, deberá haberlo solicitado por escrito".

b) [MCM: Esto permite pensar que si excede de 9 horas semanales no hace falta solicitarla por escrito].

c) El patrón debe pagar aguinaldo al trabajador,

d) e incorporarlo al Fondo Nacional de la Vivienda y a el Sistema de Ahorro para el Retiro, y aportar para ambos.

Para demandar la titularidad, o administración, de un Contrato Colectivo de Trabajo se requiere:

a) Presentar constancia certificada del registro del sindicato y de su representación legal;

b) copia certificada de los estatutos en donde diga su objeto o radio de acción;

c) relación firmada por los trabajadores afiliados al sindicato antes de la presentación de la demanda;

d) certificado de la autoridad registradora diciendo que los trabajadores demandantes están en el padrón (debe contener la fecha en que se anotó).

e) En base a todo lo anterior, la Junta dará trámite a la demanda.

f) Siempre será necesario acreditar la voluntad de los trabajadores mediante recuento. [MCM: vuelve obligatorio el recuento, el cual debe ser acreditado por el sindicato].

En la prueba de recuento de la huelga tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que aparezcan en el padrón elaborado por la Junta. [MCM: todos los que laboran en la empresa, no únicamente los afiliados al sindicato].

[Revista "Bitácora NORMATIVA". Diciembre de 2002. Número 200].