Como en la película la Ley de Herodes, el cabildo de Hermosillo y su
presidenta están modificando la Constitución. De nada les ha valido los
llamados del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que
las autoridades de todos los órdenes respeten la ley y los derechos humanos.
Hace unos días el
Presidente recomendó: dejar las “prohibiciones, ir dejando la
responsabilidad a la gente, que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un
gran compromiso para salir, cuidándonos.” Volvió a repetir lo que ha dicho
muchas veces: “no hemos utilizado medidas de prohibición, hemos buscado siempre
convencer, que sea voluntario;” y abundó: “que cada uno de nosotros podamos
actuar con libertad, por encima de todo está la libertad, y que actuemos en
forma responsable.”
Habló de la necesidad
de “vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros
miedos,” de superar el temor a salir, “con cuidado, a ejercer nuestra libertad”
siendo respetuosos. Pararse, no estar tanto tiempo sentados, caminar,
correr, estirarse y meditar; aplicar “todo lo que consideres que le hace bien a
tu cuerpo, a tu organismo”. Pero,
los señores y señoras del cabildo, en cambio, desdeñan las palabras del
Presidente, están arrancando páginas a la Constitución y escribiendo la suya
propia.
El Artículo 29 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente mandata que:
“solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere
reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en el lugar
determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo
para hacer frente, rápido y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la
restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.”
El Artículo 11 de la
propia Constitución fundamental de la república, claramente prohíbe la
exigencia de salvoconductos para circular por el país, y el Consejo de
Salubridad General, dependiente directo del Presidente de la República, tampoco
ha autorizado restricciones del tipo que los autoritarios municipales han
acordado.
Ante su incapacidad
para explicar y convencer, los mandones del ayuntamiento han puesto en marcha
su aparato represivo: ¡todo por la fuerza, nada por la razón!, pareciera ser la
consigna, a contrapelo del Presidente de la República. Una medida que presagia
siniestros resultados. La estrategia del miedo siempre es muy útil para los
gobiernos violadores de los derechos humanos. Nada les dice los asesinatos de
ciudadanos en varias ciudades de Estados Unidos, de Guadalajara, Tijuana y un
largo etcétera. Incluso el represivo gobernador Alfaro, de Jalisco, se ha visto
obligado a dar marcha atrás en su estrategia represiva. El uso de la fuerza
pública en asuntos de salud es una medicina contraindicada, es letal para la
capacidad de gobierno y sobrevivencia de cualquier autoridad.
La Presidenta del
Municipio de Hermosillo, Célida López Cárdenas, cree ingenuamente que el
Presidente de la República puede ceder sus facultades Constitucionales y
modificar la Constitución. Como Varguitas el Presidente Municipal de San Pedro
de los Sahuaros, nos dice: "El gobierno federal le entregó a los estados
la responsabilidad de mitigar los contagios, y también el gobierno del Estado
decretó y nos dio facultades a las autoridades municipales para afrontar estas
responsabilidades."
Ante esa situación,
los ciudadanos debemos ampararnos, por lo pronto, y exigir la destitución de
las autoridades municipales, enseguida, por violaciones graves a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos
consagrados en ella.
