Secuestro en Sonora
“Libera policía bloqueo de Yaquis en Vícam”, es el encabezado de la noticia publicada el
9 de septiembre de 2011 por el periódico El Imparcial de la ciudad de
Hermosillo Sonora. Luego afirma que “sin el uso de la fuerza
pública,….cientos de elementos de las diferentes organizaciones policiales
levantaron el bloqueo que mantenía la tribu Yaqui en Vícam”. En esa acción
habrían sido detenidas algunas personas, habiendo participado –dice la nota-
elementos de la policía federal, estatal y municipal “y abrieron paso a la
circulación a los cientos de tráilers y camiones que habían sido desviados por
el cierre” de la carretera número 15, conocida como Internacional,
la única vía de comunicación medianamente eficaz que comunica al noroeste de la
República Mexicana con el resto del país, y también con el suroeste de Estados
Unidos.
En estricto sentido legal, las autoridades de los tres
niveles de gobierno se habrían fundamentado en la violación del derecho de las
personas a transitar libremente por el país, contemplado en el Artículo 11 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las garantías
individuales más cacareadas por el gobierno mexicano.
Un año y diez meses después se cumple un mes de que ese
Paso de la Termopilas sonorense se encuentra bloqueado por unos cuantos
miembros de la burguesía agraria de ciudad Obregón y otros pocos sujetos de la
tribu yaqui. Extraña forma de reclamar un derecho violando el derecho de
transitar libremente de muchos miles más.
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a la Ley de Vías Generales de Comunicación, el bloqueo es
ilegal y en este último ordenamiento se fijan penas para quienes incurran en
delitos contra las vías de comunicación. La carretera 15 es una vía federal y
compete al Poder Ejecutivo Federal despejar esa vía e imponer sanciones a
quienes se han arrogado el derecho de secuestrar ese vital medio de
comunicación.
Independientemente de los dichos y hechos del Gobernador
del Estado de Sonora y de los secuestradores de la carretera, así como de lo
que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un delito que
debiera ser sancionado. Pero el gobierno federal nada hace al respecto. ¿Qué ha
cambiado en tan solo un año y nueve o diez meses?
Primero, en 2011 el Presidente de la República era del
mismo patido -el PAN- que el actual Gobernador de Sonora.
Segundo, el 7 de julio de este año –en diez días – se
elige un diputado al Congreso del Estado de Sonora, que va a suplir al diputado
priista asesinado presuntamente por su suplente. Para el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) es fundamental obtener esa diputación, pues le daría
mayoría en el parlamento local, sumando votos con sus partidos satélites: el
Partido Verde y el Panal.
Tercero, el actual Presidente de la República es del PRI y está
enfrascado en la lucha de su partido para dominar todo el país, incluyendo la
gubernatura del Estado de Sonora en el año 2015, actualmente en manos del PAN.
En ese contexto, el PRI se vale de la
burguesía agraria de ciudad Obregón –en realidad se utilizan mutuamente- y de
un sector de la tribu yaqui para ganar el Distrito Electoral XVII con cabecera
en esa ciudad en el cortísimo plazo, desprestigiar aún más al inepto Gobernador
de Sonora y a su partido –el PAN-, y quitarles la gubernatura del Estado de
Sonora en el mediano plazo. Para el desprestigiado y fraudulento Partido
Revolucionario Institucional todo marcha bien, aunque a decenas o cientos de
miles de sonorenses y ciudadanos de la república y del extranjero no les ocurra
lo mismo.
Arnoldo Martínez Verdugo, democracia y socialismo
Arnoldo Martínez Verdugo ha muerto. Tanto del campo de la
izquierda como de la derecha le prodigan elogios, homenajes, reconocimientos y
pésames, pero en ambos espacios algunos no lo comprenden bien,
descontextualizan su trabajo político, lo confunden con otros personajes
históricos de la izquierda mexicana, le regatean capacidad de iniciativa,
minimizan la fuerza y claridad de sus ideas y del movimiento que, junto con
otros, empujó e, incluso, lo presentan como un interlocutor reactivo a las
iniciativas provenientes del poder.
Un connotado politólogo, incluso, plantea las cosas como
si la luz de la reforma electoral hubiera descendido del cielo presidencial y
Arnoldo y los comunistas mexicanos la hubieran pescado al vuelo. Parece olvidar
que a ningún partido de verdadera oposición, grande o pequeño, le regalan cosa
alguna, mucho menos si se define y actúa como un partido de clase, cuyas
contradicciones son planteadas como antagónicas a la clase y grupos
hegemónicos. Los comunistas mexicanos accedieron al registro electoral sin
renunciar a su proyecto revolucionario socialista y a su vinculación con los
movimientos sindicales, campesinos y populares, que actuaban al margen, o
contra los lineamientos, del corporativismo priista. Esa es la razón por la que
se les marginó de la lucha electoral. No es, pues, a partir de la iniciativa
del presidente José López Portillo (JLP), y de su secretario Jesús Reyes
Heroles, que Arnoldo Martínez Verdugo y el Partido Comunista Mexicano
decidieron participar en la política electoral mexicana. La participación
electoral era una iniciativa histórica de ese agrupamiento político,
obstaculizada también históricamente por la derecha política en el poder y por
su partido político siempre denominado como Revolucionario.
Antes del movimiento estudiantil de 1968 y, desde luego,
antes de la guerra sucia del gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976),
Martínez verdugo ya había expuesto claramente la vocación democrática de su
movimiento, el cual no debía quedarse encallado en el tema de la vía
revolucionaria. Para no ir más atrás, en el discurso de clausura del XV
Congreso del Partido Comunista Mexicano (PCM), el 22 de junio de 1967 expresó:
“Es el problema de la democracia el que está haciendo crisis en nuestro país y
el eslabón a través del cual podemos impulsar un movimiento importante en pos
de transformaciones inmediatas que incluyan y movilicen a grandes sectores. Es
en torno a estos problemas que debemos concentrar nuestra propaganda, no sólo
en las cuestiones de la nueva revolución”.
Fue esta iniciativa surgida del partido que encabezaba
Martínez verdugo la que más adelante fue retomada por el gobierno de López
Portillo, no como una concesión, sino como una necesidad que respondía a
circunstancias políticas en las cuales el PCM era un actor destacado, a pesar
del escaso número de sus militantes, siempre acosados y encarcelados con
cualquier pretexto, pues el PCM padecía la guerra sucia de los gobiernos
“revolucionarios” desde hacía varias décadas.
Por diversos medios, tales como: libros, periódicos,
Informes, discursos y diálogos, Arnoldo Martínez Verdugo, expuso su pensamiento
político. Los otorgantes de títulos y profesiones no lo catalogarían como un
filósofo, pero sus reflexiones políticas y sociales no se detenían en los
límites del liberalismo, buscaba en la historia y en la práctica política
asociada y comunitaria el camino para arribar a una sociedad sin desigualdades
sociales, o que, por lo menos, las minimizara; no concebía al autoritarismo
como medio para alcanzar esos fines elevados y, por lo tanto, no aceptaba el
estalinismo; era, sin duda, un hombre de acción que dirigió al PCM durante poco
más de veinte años, desde la clandestinidad impuesta por el gobierno priista
hasta la participación política abierta. Su análisis se refiere a las
circunstancias políticas que había que enfrentar organizadamente o a la
situación concreta del país, como seguramente preferiría conceptuarla, y en esa
lógica abordó la historia de los comunistas en México, en la cual su partido
jugó un papel de primer orden. Nunca dejó de buscar salidas democráticas a la
crisis política perene del país y de aportar iniciativas para “modificar de
raíz las normas y las prácticas que restringen la actividad política de los
ciudadanos, especialmente de los obreros y los campesinos.” Así como para “una
redefinición de las relaciones políticas y de las perspectivas inmediatas del
desarrollo nacional.”
Identificó con claridad al llamado Grupo Monterrey como
el más retrogrado de
la oligarquía, el cual, junto con otros oligarcas y corrientes identificadas
como reaccionarias,
utilizaban la “vieja táctica de difundir rumores alarmistas entre la
población,” para volver inocuas las iniciativas legales favorables al pueblo,
frenar las reformas legales progresistas, o limitarlas, y presionar para
influir en el ambiente político y “lastrar al próximo gobierno –el de JLP- con
nuevos compromisos.” Ese grupo buscaría hegemonizar para “crear las condiciones
que le permitan convertirse en un centro hegemónico de la gran burguesía y de
las fuerzas más retrogradas del país, con la aspiración de representar una
alternativa más autoritaria al régimen actual.” Y desgraciadamente --como lo
previó Arnoldo- pocos años después lo consiguieron.
Sin prejuicios ni dogmatismo identificó, además, la
existencia de “personas que actúan en el campo democrático y son miembros del
partido gobernante.” Pero dejó fuera de ese campo a Luis Echeverría Álvarez y a
Porfirio Muñoz ledo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Con sus
acciones políticas ambos se habían ganado ese juicio. Durante el gobierno
posterior a JLP, el grupo identificado por Arnoldo como actuante en el campo
democrático surgió a la luz pública y se alió con la izquierda mexicana,
desdibujándola.
Fueron varias las iniciativas emprendidas por Arnoldo,
algunas de ellas con un hondo contenido predictivo:
a) “Una política de amplias alianzas”, capaz de vincular “no
sólo a los comunistas y los partidos y organizaciones de izquierda, sino
también sectores democráticos del PRI e incluso representantes destacados de la
empresa.” La finalidad –decía- era aislar a “los sectores más autoritarios,
fascistas o profascistas, que actúan dentro y fuera del aparato gubernamental.”
b) Propuso impulsar una reforma política respaldada en
aquellos sectores. La reforma electoral de 1977 sería, en gran parte, obra de
los comunistas y de los sectores con quienes realizó una política de amplia
alianza.
c) Como dirigente del PCM propuso y llevó adelante la
política de unidad de la izquierda. Desde 1976 el PCM se alió con el Movimiento
de Organización Socialista y la Liga Socialista, con plataforma común, lista de
candidatos a diputados y senadores, y en apoyo a Valentín Campa como candidato
presidencial sin registro, pero que repercutió favorablemente en la
reforma política instrumentada durante el gobierno de JLP.
d) Otra preocupación suya fue: “hacer avanzar la causa de la
democracia y del socialismo en nuestro patria.”
e) En una situación entendida como de “crisis política”,
propuso desplegar “en todos los aspectos la iniciativa de los comunistas, su
decisión de influir en la redefinición de las relaciones políticas en su
sentido democrático.”
f) Su intervención fue decisiva para que el XVII Congreso
del PCM, realizado en abril de 1976, decidiera la participación de ese partido
en las elecciones generales del mes de julio de ese año, con candidatos
propios, a pesar de carecer de registro.
g) Impulsó la participación de aquellos sectores sociales
conceptuados genéricamente como “las masas” en la vida política nacional, con
la finalidad de contribuir a efectuar cambios políticos reales, e insistió en
la reforma de la Ley Electoral y en la aplicación de la Ley de Amnistía a todos
los presos y procesados por razones políticas.
h) Empujó la reforma de la Ley Federal del Trabajo para
terminar con la obligación de registrar a los sindicatos y a sus directivos
ante el gobierno, reforma que por cierto aún sigue esperando.
i) Muchas fueron las medidas impulsadas por Arnoldo al
frente del PCM, entre ellas la eliminación del Título II del Código Penal y la
profundización del proyecto de Ley sobre Asentamientos Humanos, para garantizar
los intereses de los colonos, precaristas e inquilinos.
j) Valoró positivamente las nuevas condiciones propicias
para la participación política de los comunistas, y se propuso la tarea de
organizar a los militantes en células, comités seccionales y regionales, con
oficinas públicas y participación abierta. Se planteó como consigna la
“reforma política democrática”. Supuso que ésta permitiría ampliar la lucha de
clases, la organización y la educación del sujeto genérico identificado como:
el proletariado. Dicha consigna impulsada por el PCM bajo la forma de ‘“lucha
por la libertad política’”, era combatida por el resto de la izquierda con
argumentos como los siguientes: 1) no expresa la tarea principal del momento, o
bien, 2) subestiman la lucha por la libertad política y, por otra más: 3) esa
reivindicación es irrealizable.
k) La metodología política de la izquierda aconsejaba
caracterizar al régimen político existente, para Arnoldo el régimen político
vigente era de “naturaleza despóticopaternalista”. Ante las críticas de la
imposibilidad de reformarlo, respondió que la reforma democrática no dependía
de la voluntad de los contendientes, sino de la correlación de fuerzas, pues:
“Bajo el capitalismo, ninguna reivindicación democrática puede ser considerada
irrealizable; todo depende de la formación de un bloque de fuerzas capaz de
imponerlas en el momento oportuno.” Consideró que lo único “inevitable es la
revolución democrática y socialista, a la que tratamos de abrirle paso.” Sin
embargo, ninguna de las dos ha arribado a buen puerto.
l) La lucha por la libertad política tendría raíces
profundas en la historia de México; el objetivo común de los movimientos de
1958-1959 y de 1968 habría sido romper el muro del despotismo y lograr la
libertad política. “Por eso afirmamos en la Declaración del 26 de mayo que ‘la
conquista de sus derechos políticos en la práctica, la consagración de éstos en
leyes y en conductas gubernamentales que los respeten, es el sentido en que
marcha actualmente el movimiento político real de las masas, es la dirección en
que se desenvuelven sus luchas.’”
m) Mientras no existiera una situación revolucionaria la
lucha era por la libertad política. “Nos mantenemos en la tesis de que una
clase que no aprende a luchar por la democracia tampoco puede hacerlo eficazmente
por el socialismo.”. La preparación en la lucha por la democracia sería
indispensable para llevar adelante la revolución socialista. Luchar por la
ampliación de los derechos democráticos de los ciudadanos y extenderlos “a
todas las esferas de la vida política, económica y social forma parte de los
requisitos indispensables para que la clase obrera adquiriera la capacidad de
luchar por el socialismo.” En este punto se apoyó en Lenin, quien sostenía que
el socialismo no era posible sin la democracia, pues ésta era tanto su
condición como su consolidación.
Por eso, cuando la Comisión Federal Electoral lanzó su
iniciativa reformista, a iniciativa del presidente JLP, Arnoldo participó en
una audiencia pública para exponer el punto de vista de los comunistas, el 2 de
junio de 1977. Señaló la convicción popular de eliminar un sistema electoral
legal y reglamentariamente viciado, que marginaba de la vida política a la
mayoría de los ciudadanos; el desprestigio de la forma de gobernar, y “la
crisis de los partidos del sistema y de las instituciones representativas.”
Advirtió la importancia de que no fracasara la iniciativa, ni se mediatizaran
las aspiraciones populares, para que no desembocara “en una nueva frustración”.
La crisis política era resultado de “la contradicción
entre las instituciones políticas y la realidad social”; se trataba, dijo, de
“una crisis de los aparatos ideológico políticos del régimen; sus partidos, su
sistema electoral, sus instituciones de control del movimiento obrero y
campesino.”
No se equivocaba Arnoldo, la crisis política, económica y
social que hoy vive el país tiene el mismo fundamento. Los mismos actores que
señalara 36 años atrás han conducido al país a una frustración más, advertida y
desaconsejada por él.