“Libera policía bloqueo de Yaquis en Vícam”, es el encabezado de la noticia publicada el
9 de septiembre de 2011 por el periódico El Imparcial de la ciudad de
Hermosillo Sonora. Luego afirma que “sin el uso de la fuerza
pública,….cientos de elementos de las diferentes organizaciones policiales
levantaron el bloqueo que mantenía la tribu Yaqui en Vícam”. En esa acción
habrían sido detenidas algunas personas, habiendo participado –dice la nota-
elementos de la policía federal, estatal y municipal “y abrieron paso a la
circulación a los cientos de tráilers y camiones que habían sido desviados por
el cierre” de la carretera número 15, conocida como Internacional,
la única vía de comunicación medianamente eficaz que comunica al noroeste de la
República Mexicana con el resto del país, y también con el suroeste de Estados
Unidos.
En estricto sentido legal, las autoridades de los tres
niveles de gobierno se habrían fundamentado en la violación del derecho de las
personas a transitar libremente por el país, contemplado en el Artículo 11 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las garantías
individuales más cacareadas por el gobierno mexicano.
Un año y diez meses después se cumple un mes de que ese
Paso de la Termopilas sonorense se encuentra bloqueado por unos cuantos
miembros de la burguesía agraria de ciudad Obregón y otros pocos sujetos de la
tribu yaqui. Extraña forma de reclamar un derecho violando el derecho de
transitar libremente de muchos miles más.
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a la Ley de Vías Generales de Comunicación, el bloqueo es
ilegal y en este último ordenamiento se fijan penas para quienes incurran en
delitos contra las vías de comunicación. La carretera 15 es una vía federal y
compete al Poder Ejecutivo Federal despejar esa vía e imponer sanciones a
quienes se han arrogado el derecho de secuestrar ese vital medio de
comunicación.
Independientemente de los dichos y hechos del Gobernador
del Estado de Sonora y de los secuestradores de la carretera, así como de lo
que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un delito que
debiera ser sancionado. Pero el gobierno federal nada hace al respecto. ¿Qué ha
cambiado en tan solo un año y nueve o diez meses?
Primero, en 2011 el Presidente de la República era del
mismo patido -el PAN- que el actual Gobernador de Sonora.
Segundo, el 7 de julio de este año –en diez días – se
elige un diputado al Congreso del Estado de Sonora, que va a suplir al diputado
priista asesinado presuntamente por su suplente. Para el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) es fundamental obtener esa diputación, pues le daría
mayoría en el parlamento local, sumando votos con sus partidos satélites: el
Partido Verde y el Panal.
Tercero, el actual Presidente de la República es del PRI y está
enfrascado en la lucha de su partido para dominar todo el país, incluyendo la
gubernatura del Estado de Sonora en el año 2015, actualmente en manos del PAN.
En ese contexto, el PRI se vale de la
burguesía agraria de ciudad Obregón –en realidad se utilizan mutuamente- y de
un sector de la tribu yaqui para ganar el Distrito Electoral XVII con cabecera
en esa ciudad en el cortísimo plazo, desprestigiar aún más al inepto Gobernador
de Sonora y a su partido –el PAN-, y quitarles la gubernatura del Estado de
Sonora en el mediano plazo. Para el desprestigiado y fraudulento Partido
Revolucionario Institucional todo marcha bien, aunque a decenas o cientos de
miles de sonorenses y ciudadanos de la república y del extranjero no les ocurra
lo mismo.
