El gobierno de Jalisco avanza en su política de alejarse del llamado “pacto federal”; su actuación así lo confirma.
Desde hace unos años exige una cédula profesional
aprobada por el gobierno de la entidad, para que varias profesiones puedan ser
ejercidas en Jalisco, desconociendo la validez de la otorgada por la Federación.
Hace poco el gobierno de Enrique Alfaro amenazó con desconocer
la Ley de Coordinación Fiscal que, según el Artículo 1° “tiene por objeto
coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios
y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas
públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas
participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación
fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.” Casi un suicidio, porque
este mecanismo le permite al Estado de Jalisco obtener poco más del 90 % de sus
ingresos, los cuales provienen de los recursos aportados por el gobierno
federal. Pero de lo que se trata es de hacer ruido y presentarse como muy “entrón”,
al estilo de las películas de charros valentones.
Este lunes, 19 de julio, el corresponsal del periódico La Jornada, en Jalisco, Juan Carlos G. Partida, publicó el artículo que nos regresa a tiempos feudales en donde los gobiernos imponían alcabalas y otras exacciones contra los súbditos y viajeros. La nota titulada: “Impone Jalisco pase para circular en Guadalajara y verificación vehicular”, dice lo siguiente:
“El gobierno de Jalisco comenzará a multar
y quitar los vehículos a conductores que, con placas de otros estados, circulen
a partir del primero de agosto por el área metropolitana de Guadalajara y no
tengan un pase temporal. Además, cobrará 500 pesos por verificación a los
automotores con matrículas locales y foráneas que circulen de forma permanente
en la entidad.”
Aunque el pase, no
tendrá costo y será válido por 20 días, “los choferes procedentes de otros
estados que no lo presenten se harán acreedores a sanciones por hasta 6 mil 273
pesos” y sus vehículos serán retenidos.
Los ciudadanos creen que
estas medidas son recaudatorias y tienen la finalidad de financiar la presunta candidatura
presidencial del gobernador Enrique Alfaro, en la elección presidencial de
2024.
“Poco más de 3 millones
710 mil vehículos conforman el parque vehicular del estado, que debe someterse
al programa de verificación por el cual se obtendrán alrededor de mil 855
millones de pesos, sin contar las multas para quienes omitan este requisito,
que ascienden a 12 mil 673 pesos por automotor.” Según la Asociación de
Talleres de Jalisco, se trata de una simulación del gobernador para cumplir con
los compromisos contraídos con los empresarios que invirtieron en
verificentros.
Este patético personaje
quiere ser Presidente de la República, ha circulado por el PRI, el PRD y ahora
está anidado en el movimiento “ciudadano”.
