Existe la costumbre en los órganos de poder del Estado, de tomar decisiones escuchando solamente a los grupos con los que tienen afinidad de intereses.
Así
ocurrió cuando se cocinó y aprobó la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora Número
103 (Ley 103) en el año de 1973. La manera en que se confeccionó esa ley,
derogada en 1991, la expuse en un folleto denominado: Así se forjó la Ley 103.
Ese
proceder se repitió en el año de 1991, cuando el gobernador Beltrones, con la
complicidad del PRI y del PAN, impuso la Ley Orgánica de la Universidad de
Sonora Número 4 (Ley 4 o Ley Beltrones).
Es
tan obvia la manera de actuar de los políticos temporalmente asilados en los
órganos de poder del Estado, que en 1991 nos permitió anticipar, sin siquiera
conocer el proyecto que se cocinaba en lo oscurito, el contenido de la ley que
ahora se simula aplicar en la Universidad de Sonora. Eso fue expuesto en un
artículo en el semanario De Acá, titulado: Propuestas para modernizar la
Universidad de Sonora con ideas obsoletas, publicado el 22 de noviembre de
1991.
Hoy,
en pleno tiempo de pandemia y de la Cuarta Transformación, el diputado
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, Jacobo Mendoza
Ruiz, del partido Morena, adopta la misma actitud burocrática y excluyente de
los priistas y panistas del pasado. Sería cuestionable que por razones
personales o de futurismo laboral, acordara maquillar la Ley 4, como lo
proponen los grupos que quieren cambiar puntos y comas de la Ley Beltrones para
que todo siga igual.
Repetir
la estrategia de hace 48 años con la Ley 103, y de treinta años atrás con la
Ley 4, es politiquería y simulación que nada más los conduce a repetir el
Síndrome Célida, que culminó en el resultado adverso de las recientes
elecciones municipales.
