Más de 2 mil
años de atraso legislativo permite a la gobernación de Morena impulsar una ley
que refleja los tradicionales mecanismos de control gubernamental, partidario y
grupuscular de la Universidad de Sonora.
En la
república romana esclavista no se aprobaba una ley si no era publicada en la
plaza pública, no se le podían hacer cambios, pero podía ser votada en contra y
quedar sin efecto.
En el Sonora
de la 4 T eso es impensable, apenas el jueves pasado le pedimos al secretario
de gobierno del Estado de Sonora, una copia, la negó y al día siguiente el
gobernador la envió al Congreso estatal. En contrasentido, nos enteramos por un
periódico local del contenido, el tal proyecto no es un avance para la
institución, refleja las intenciones del gobierno de no permitir la autonomía
de la Universidad de Sonora y algo más: la llamada Junta Universitaria cambia
de nombre y pasa a denominarse Consejo de Gobierno; sus funciones, al parecer,
seguirán teniendo injerencia en el nombramiento de Rector. El mismo periódico
da cuenta de la inconformidad de la Junta Universitaria acerca del nombramiento
de los integrantes del Consejo, los cuales serán nombrados por el gobierno.
Los
universitarios no fuimos consultados, el secretario de gobierno acordó, negoció
o atendió –bueno, él sabe cómo se entendió con ellos-- a cuatro profesores enquistados
en la dirección del STAUS, quienes se arrogaron una representación que no
tienen. A nosotros nos atendieron de compromiso, pero no nos escucharon.
De esa
manera, el partido Morena está en posibilidad de nombrar a alguno de sus
miembros o a algún graduado en alguna universidad extranjera, cosa que
deslumbra al gobierno de la 4 T, aunque hagan gala de ideología nacionalista.
Si el próximo Rector sale de Morena ya imaginamos los candidatos.
A todo esto,
qué pasará con la actual titular de la rectoría; se puede pensar que parodiando
a Vicente Fox le pueden decir: ¡terminas y te vas!
Por nuestra
parte le hicimos saber a dos o tres funcionarios que se dignaron darnos unos
minutos, la siguiente propuesta que reiteramos:
Desaparición:
1.
De la Junta de Gobierno.
2.
De las Divisiones.
3.
Del cobro de cuotas a los
estudiantes.
Restitución:
1.
Del Consejo Universitario paritario
como máxima autoridad académica, administrativa y financiera.
2.
Los Consejos Directivos
Departamentales.
3.
Elección de Rector por voto
universal, directo y secreto.
En síntesis:
eliminar esos aspectos nocivos que la Ley Beltrones contiene y restituir los
espacios participativos que eliminó. Sin ellos la ley Beltrones sigue; ya
veremos cómo designan los universitarios a su segunda versión.
Martes, 7 de febrero de 2023.