LA COMPLEJIDAD SOCIAL EN MÉXICO
La década de los ochenta mostró tanto la
complejidad de la estructura social como la ineficacia del régimen político
imperante, incapaz de enfrentar la crisis económica que asoló al país, y a un
presidente de la república que consideró como su principal mérito: haber
evitado que el país se nos deshiciera entre las manos. Lo mostró a él y su
gobierno incapaces de responder a la sociedad en momentos en que también la
naturaleza parecía decidida a ponerlos a prueba. El cismo del 19 de septiembre
de 1985, que afectó a la ciudad de México y a otros estados del centro y
occidente del país, obró el efecto casi mágico de poner en pié a la sociedad de
manera espontánea, se hizo presente ese ente que los teóricos denominan
sociedad civil, la cual rebasó al Estado semiparalizado.
Podríamos considerar que hay tres momentos que impulsan a la
sociedad civil a ponerse en movimiento:
1. El terremoto de 1985.
2. Las elecciones presidenciales de 1988, y…
3. La insurrección indígena del 1° de enero de 1994.
El papel de la sociedad civil
Hoy está perfectamente claro que la democracia no se agota en la
lucha electoral entre los partidos políticos, y tampoco en las formas
representativas de las democracias occidentales. Si bien los partidos políticos
son necesarios porque de alguna manera expresan la manera en que se divide la
sociedad y, también de alguna manera, promueven la participación de los
ciudadanos; también es cierto que estos agrupamientos fácilmente se separan de
la sociedad, y definen objetivos que sólo tienen sentido para los miembros de
esos institutos políticos, para la clase política o para la sociedad política.
También es verdad que los partidos políticos con frecuencia inhiben la
participación social, no promueven la evaluación de los programas de gobierno
por la sociedad, coartan el acceso a la información y no son corresponsables
con los programas que aplican.
Por eso la organización independiente de la sociedad civil es
necesaria. La realidad reveló su complejidad en forma de frentes, movimientos,
redes, uniones, comités, etcétera. En México, por ejemplo, la presión pacífica
de un movimiento cívico-político ha impedido hasta hoy que se entregue el
petróleo a los grandes consorcios extranjeros, y está por definirse si se deja
la ventana abierta a la privatización de ese recurso natural, fundamental para
nuestra vida independiente y simplemente para nuestra vida.
El fortalecimiento de la sociedad civil es un proyecto diferente
al que se implanta en México y que ha venido fortaleciendo a la sociedad
anónima, en detrimento de aquella. Mientras que la sociedad anónima agrupa a
personas que tienen una finalidad económica y participan con un capital que
dividen en acciones, y sus socios limitan su responsabilidad al importe de las
acciones suscritas, la sociedad civil es otra cosa: es la que siempre responde
por los quebrantos que ocasionan aquéllos.
Siguiendo a Antonio Gramsci denominaremos sociedad civil a los
grupos arrojados o desprendidos de las actividades económicas que adquieren
organicidad. Por eso las OSC se encuadran en el proceso de formación de
sociedad civil. Podríamos atribuirles dos características:
1) La relación entre sus miembros no es jerarquizada; por esta
razón no hay entre ellos obligaciones de mando y obediencia, es decir, son de
carácter social más que político. Sabemos que las obligaciones se vuelven
políticas cuando están reforzadas por un mando jerarquizado, los miembros
ocupan diversos papeles, y reconocen la necesidad de apoyar a la institución a
la que se le ha conferido el derecho de mando.
2) Las OSC no son esencialmente organismos económicos, aunque
pueden promover el desarrollo económico, no son por tanto sujetos de la
legislación fiscal ni de crédito. Es más hasta hace poco no se había podido
concretar una legislación sobre ellas. El gobierno federal tuvo que recurrir al
anzuelo de los apoyos económicos federales para fabricar una ley que le permita
incidir en las OSC que recurran a usar recursos públicos. En ese tenor, el
Congreso General decretó la ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 15 de diciembre de 2003, y fue
expedida por Vicente Fox el 30 de enero de 2004. Se trata del viejo recurso
político priista de estatizar las relaciones sociales, pero ahora desde el
ámbito del panismo.
En las democracias occidentales ha cobrado relieve la conformación
de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), o como son mejor conocidas por
nosotros: Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para acentuar su
independencia del poder constituido.
A pesar de la propaganda adversa que se efectúa contra las OSC en
algunos países, como es el caso de México, han cobrado relieve a nivel
internacional: existe un Comité de Enlace del Banco Mundial con ellas, ya que a
éstas les preocupa el impacto de los proyectos que son apoyados por ese
organismo financiero internacional. Algunas OSC disfrutan de la condición de
observador en el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal para la Protección
de la Capa de Ozono. En mayo de 1993 el Fondo Monetario Internacional (FMI)
organizó un seminario sobre macroeconomía y medio ambiente abierto a la
participación de las OSC; sin embargo, el diálogo entre ambos es esporádico.
La fuerza de las OSC se encuentra en el interior de cada país, y
consiste en la presión que ejecuta para obligar a los gobiernos a ceñirse a los
Principios de Buen Gobierno, reconocidos por la comunidad mundial.
Las OSC pudieran definirse como: “entidades independientes,
promovidas por técnicos y profesionistas comprometidos con un asunto social que
los vincula a los sectores populares, y en torno al cual se definen programas y
líneas de acción”.
Mientras que en América del Sur las OSC tienen un papel
significativo desde hace mucho tiempo, en México son relativamente recientes,
debido a la acción omnipresente del Estado mexicano que invadió la esfera de la
sociedad civil, y a que ese espacio también era atendido por algunas
universidades públicas que no constreñían su compromiso a las funciones de
docencia y de investigación, sino que también contemplaban la extensión
universitaria entendida de manera muy amplia. Universidades públicas como las
de Puebla, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, y otras en menor escala y proyección,
hacían una activa política de extensión universitaria que las vinculaba con
campesinos y colonos sin necesidad de formar OSC; se ocupaban de distintas
tareas que iban desde la promoción del conocimiento y la cultura hasta la
protección del medio ambiente, elementos culturales, y grupos marginados,
etcétera.
Las OSC se mueven en torno a los siguientes ámbitos:
1. La asistencia social, basada en el paradigma de la caridad
cristiana
2. La filantropía.
3. La solidaridad de clase.
4. La promoción del desarrollo que las vincula con la cooperación.
De esos ámbitos se desprenden las siguientes líneas de acción:
1. La democracia.
2. El medio ambiente.
3. La movilización contra el Tratado de Libre Comercio, que las
vinculó con otras OSC del mundo.
4. El conflicto indígena que estalló el 1° de enero de 1994 en
Chiapas estimuló la participación de los más diversos grupos sociales, quienes
reconocieron la justeza de las demandas de los pueblos originarios. Catorce OSC
de Chiapas formaron la Coordinación de Organismos No Gubernamentales de San
Cristobal por la Paz (CONPAZ). Durante los primeros tres meses del conflicto
participaron cerca de 450 OSC mexicanas y unas 150 internacionales. La
importancia de la participación de las OSC fue tal que el gobierno mexicano se
vio obligado a suspender la guerra tan solo diez días después de iniciada; el
subcomandante Marcos reconoció: la sociedad civil nos impuso la paz.
5. La promoción de los derechos humanos es otra línea de acción
con la que las OSC, principalmente externas, lograron socavar la tradicional
impunidad de los organismos que administran la “justicia” en México. Allí hay
que incluir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos (OEA) yal grupo estadounidense American Watch. En México
tiene relevancia la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, el Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro, y la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos
Humanos.
6. La defensa del patrimonio familiar definió otra línea de
acción, en la que cabe destacar al agrupamiento conocido como El Barzón.
7. Cabría incluir otra línea de acción: la de los ahorradores
defraudados por las cajas de ahorro en muchas partes del país.
8. La promoción del desarrollo rural. En octubre de 1996 se
efectuó un Foro sobre el Papel de las Organizaciones Civiles en la Promoción
del Desarrollo Rural en México, en Tepic Nayarit, con la participación de 28
OSC. Se dijo que crearían una gran red de organizaciones civiles para apoyar al
campo, basados en la experiencia de estados como Chiapas y Oaxaca en donde a la
fecha existían más de 2 mil OSC. Representantes de diversas organizaciones,
entre las que se incluían a Estudios Rurales y Asesoría (ERA) de Oaxaca, la
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), sección
Chiapas, el Colegio de la Frontera Sur, el Grupo Sierra Gorda de Querétaro,
Cencos y otros, dijeron que las OSC han proliferado en el país ‘“porque el
pueblo ya no quiere callar y obedecer”’. Dijeron que el punto prioritario era
apoyar a los indígenas nayaritas afectados por el uso de agroquímicos; en esa
entidad, como en muchas otras, se utilizan herbicidas, pesticidas y otros
químicos sin cuidado, y el resultado es que cientos de huicholes y coras se
enferman, agravan y mueren sin que haya proyecto alguno para atenderlos.
Señalaron que buscarían asesoría en Cuba para sustituir esos químicos. (La
Jornada. 24 de octubre de 1996).
La organización de la sociedad civil obligó al régimen político a
formar distintos organismos públicos, entre los que tenemos los siguientes:
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creada en
junio de 1990 para dar alguna respuesta al asesinato de la abogada Norma
Corona, ocurrido en 1989, en el cual se implicaba a un funcionario público de
alto rango. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso dar una imagen
favorable a sus críticos en Estados Unidos, quienes veían con desconfianza que
su gobierno firmara un Tratado de Libre Comercio con México.
2. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(Semarnap) fue creada para dar respuesta a las demandas de distintas
organizaciones sociales: una de ellas es la exigencia de las OSC del mundo que
desde los años setenta vienen exigiendo la protección del medio ambiente y del
entorno ecológico; también fue una respuesta a la toma de conciencia de
ciudadanos de importantes núcleos urbanos, tales como: la Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara; a la lucha de los ecologistas contra la instalación de
la planta nuclear de Laguna Verde en el norte de Veracruz; a las reiteradas
quejas por la polución en el valle de México; a las demandas externas que lanzaron
un embargo atunero contra México; y sobre todo, por el papel que el desarrollo
sustentable ha cobrado en el mundo a partir de la Cumbre de Río de Janeiro. La
Semarnap absorbió muchas de las funciones de su antecesor: la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) e incorporó nuevas. Se creó el Instituto
Nacional de Ecología. La Semrnap buscó la interlocución con las OSC.
3. El Instituto Federal Electoral (IFE) se integró por la demanda
de la sociedad civil y política para ciudadanizar la organización de los
procesos electorales. La reforma electoral de 1994 permitió la incorporación de
seis consejeros ciudadanos al IFE. La nueva reforma ha permitido ciudadanizar a
ese organismo y, según algunos, habría creado el cuarto poder: el poder electoral
independiente. Por errores propios el IFE ha perdido el crédito público y ya
sólo una minoría cree que pueda cumplir el mandato Constitucional de que: “En
el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.”
4. Programa Nacional de la Mujer. En el Plan Nacional de
Desarrollo del gobierno que regenteó Ernesto Zedillo se creó un apartado
específico para establecer un Consejo Consultivo del programa Nacional de la
Mujer, integrado por varios representantes de institutos políticos y OSC. El 21
de abril de 1996 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación,
que creó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, cuyo radio de acción
abarcó prácticamente a todas las dependencias federales. Dulce María Sauri fue
nombrada Coordinadora General.
Contradicciones
En el porfiriato se hablaba de la beneficencia privada, allí
encontraron acomodo organizaciones privadas, de inspiración religiosa, basadas
en la caridad cristiana: a) de carácter filantrópico (servir a otros); b) de
compromiso individual (ayudar a un discapacitado, un enfermo, alguien que
necesite asistencia médica o alguna atención especial). Así, existe una
asistencia social privada, y una asistencia pública de menor alcance para lo
cual se concibió el concepto: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, en 1977.
Hoy se habla menos de la asistencia social, se arguye que
integrando la familia se evita la violencia intrafamiliar, el abandono y el
desamparo de los miembros más vulnerables de ella. Por eso se propusieron
instrumentos y acciones para prevenir la desintegración familiar y evitar que
los individuos lleguen a necesitar los servicios de asistencia social.
Al mismo tiempo el gobierno empezó a hablar de que la seguridad
social expresada en el IMSS, en el ISSSTE y en los sistemas de cobertura
estatal y universitarios, habían llegado a su límite. Por un lado se dice que
50 millones de mexicanos tienen acceso o derecho a la seguridad social y, por
otro, la asistencia social atiende problemas que en los años setenta u ochenta
no parecían frecuentes: violencia en la familia y maltrato y/o abandono de
personas vulnerables.
Estos fenómenos multiplicados por la falta de empleos, bajos
salarios, deterioro de los servicios públicos, y otros de factura semejante,
agrupados bajo distintas categorizaciones de pobreza, se atribuyen a la crisis
económica, figura fantasmal que no admite responsabilidades individualizables.
Lo cierto es que para enfrentar esa situación las familias recurren a crear
nuevos esquemas de sobrevivencia: la madre y otros miembros de la familia se
incorporan a realizar algún trabajo; alguno, o algunos, de los miembros de la
familia emigran a Estados Unidos y, en menor medida, a Canadá, para enviar
dinero a la familia; los hijos retrasan el tiempo para dejar el nido familiar; y,
en fin, se da un fenómeno contradictorio: a la vez que se refuerza la
solidaridad familiar y social, aumenta la violencia intrafamiliar y social. Dos
caras del “desarrollo con pobreza”.
TEMPORALIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL
I. La caridad cristiana (siglo XVI a siglo
XIX).- Fue promovida por las órdenes religiosas (especialmente dominicos y
franciscanos).
Construyen
infraestructura para cuidar y proteger a niños abandonados, ancianos solos,
mujeres viudas, discapacitados, y menesterosos.
Construyen
hospitales para amparar (dar hospitalidad) a gente sola, que no tenía a donde
ir o en donde pasar la noche; algunos se convierten en verdaderos centro de
adiestramiento, como es el caso del que construyó Vasco de Quiroga en
Michoacán; también organizan loterías, y construye dispensarios médicos.
II. La
responsabilidad pública (a partir del siglo XIX). No es casual que la
responsabilidad pública, en materia social, sea asumida por el Estado sólo a
raíz de la separación de las funciones que tenía entrelazadas con la iglesia
católica, especialmente a raíz de que el partido Liberal arribó al poder a
mediados de la década de los cincuenta de ese siglo.
A partir de
entonces se conforma según algunos o se consolida según otros el Estado
Nacional. Éste reivindica el espacio que le compete y reordena el espacio de
las órdenes religiosas y de las iglesias. Se construye el Estado laico y la
paternidad del Estado sobre la nación. El Estado precisa sus funciones: asume
la tutela y el esfuerzo de proteger a otros y la tarea de prestar servicios.
Esa política se
define con claridad desde la Ley de Descentralización de los bienes
eclesiásticos de 1856 y la Constitución de 1857 y se profundiza en los años
inmediatamente posteriores, en la medida en que el partido Conservador y la
iglesia católica se oponen y propician la intervención francesa y el imperio de
Maximiliano. El 12 de julio de 1859 el gobierno de Benito Juárez da una Ley de
Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Le siguen una Ley de matrimonio
Civil del 23 de julio de 1859; una Ley Orgánica del Registro Civil, del 28 de
julio del mismo año; un decreto que prohíbe al clero intervenir en los
cementerios, del 31 de julio del año mencionado; otro decreto que define los
días festivos y prohíbe la asistencia oficial a los actos de la iglesia, del 11
de agosto del mismo año; una Ley Sobre Libertad de Cultos, del 4 de diciembre
de 1860; un decreto que seculariza los hospitales y establecimientos de
beneficencia, del 2 de febrero de 1861; y un decreto por el que se declara
extinguidas las comunidades religiosas, del 26 de febrero de 1863.
En virtud de esa
política el gobierno de Benito Juárez da una estructura jurídica que expropia
toda la infraestructura religiosa, los espacios construidos por las órdenes
religiosas, los dispensarios médicos, las loterías organizadas por la iglesia
católica y forma la Lotería nacional, para convertirla en el instrumento con
que el Estado busca financiar la política de servicios. A la vez, va
conformando la beneficencia pública, cabe decir, la facultad del gobierno de
“cuidar, dirigir y mantener los hospitales y establecimientos de beneficencia
que se encontraban en manos de la Iglesia, encomendó su administración a la
Dirección General de Fondos de Beneficencia Pública, la que se constituyó por
Decreto el 2 de marzo de 1861.”
“El Decreto de
creación otorgó a esa Dirección General amplias facultades para administrar las
fincas, capitales y rentas pertenecientes a los establecimientos, así como los
recursos fiscales y los provenientes de particulares destinados a propósitos de
Beneficencia.
En 1867 un nuevo
decreto transformó aquel órgano en junta, a la que denominó Dirección de
Beneficencia Pública, cuyas facultades y personalidad jurídica le permitieron
administrar con amplitud el Patrimonio de la Beneficencia Pública.”
Durante el
porfiriato se dan leyes y se crean departamentos administrativos; se proponen
escuelas para ciegos y sordos; y se maneja la beneficencia como un asunto
público y privado.
III. La
revolución de 1910-1920 y la etapa postrrevolucionaria.- La llamada Revolución
mexicana articuló un Proyecto de Nación que propuso a la justicia social como
el eje sobre el cual debía rotar la política de reivindicación social; lo cual
vino a reconocer la existencia de la injusticia social y, la existencia
también, de responsables claramente identificables: esos pocos que tenían
mucho. A partir del concepto de justicia social el grupo triunfador articuló
una política social; asumió que el estado nacional es el principal responsable
de procurarla y el único capaz de construir la infraestructura necesaria para
llevar la justicia social a todos los habitantes del país; los bienes que debía
crear y ofrecer eran principalmente: educación, salud, alimentación y vivienda.
El estado asumió
que era legítimo porque había surgido de una revolución social, la primera del
siglo XX, por lo que se proclamó representante y defensor de la sociedad
agraviada (principalmente la que había ofrecido generosa su sangre: la del
medio rural, mayoritaria durante la primera mitad del siglo XX), y construyó
una idea de mejoramiento (progreso), movilidad y movilización social. Para
conseguir su objetivo la revolución debía ofrecer empleo para todos impulsando
la formación de bienes y servicios, de infraestructura (carreteras, obras de
riego y electrificación, productos energéticos, etc), formar una planta
productiva propia sin olvidar nunca su idea de fortalecer un sector privado
próspero y cada vez más poderoso; si este sector no era capaz de ofrecer empleo
para todos el Estado debía hacerlo creando empresas paraestatales o rescatando
las que el sector privado llevaba a la quiebra. En ese esfuerzo apoyó al sector
privado con leyes y disposiciones que lo eximían de impuestos, la subsidió con
precios especiales en los bienes y servicios públicos que el estado generaba y
transfirió recursos públicos a su socio de múltiples formas; protegió la
ineficiencia productiva de la burguesía con leyes proteccionistas que la
resguardaban de la competencia externa y asumió su incapacidad competitiva
promoviendo una política de estabilización de precios. En ese esfuerzo el
estado contrajo una pesada deuda pública externa que lo obligó a dejar a un
lado su papel de promotor del desarrollo, y todavía tuvo que escuchar los
improperios que la iniciativa privada, su eterna protegida, le lanzó a la cara
cuando el sueño mexicano se vino abajo.
Como el Estado
revolucionario ofrecería empleo a todos, o casi todos, también habría seguridad
social para todos o casi todos; el Instituto Mexicano del Seguro Social era la
expresión más clara y diáfana de la seguridad social. Si ésta no alcanzaba
siempre estaría la asistencia social, de lo cual se había ocupado el gobierno
de Lázaro Cárdenas desde 1936, creando la Secretaría de la asistencia Social.
La asistencia social y la seguridad social eran piedras angulares para alcanzar
la justicia social. Para hacerlas posible el Estado construyó la
infraestructura que las circunstancias le demandaban y nunca era suficiente,
generalizó la oferta de educación primaria y formó un ejército de profesores, y
otro ejército de médicos y enfermeras. El Estado tenía su partido único, su
historia de bronce, un concepto de nación y una sola nación, una cultura y una
hora nacional, una universidad nacional, un libro de texto para todos los niños
y, además, no reconocía otra raza asentada en el país que no fuera la mexicana,
para los indígenas había una política que consistía en orientarlos para que
dejaran de ser indios y se convirtieran en verdaderos mexicanos.
Pero la política
de industrialización generó el crecimiento desordenado de las ciudades, la
población se volcó del campo a la ciudad y acrecentó las obligaciones del
Estado en materia de infraestructura urbana y de servicios. En la década de los
setenta disminuyó el crecimiento económico, el Estado asumió un protagonismo
mayor y se endeudó todavía más para mantener los índices históricos de
crecimiento económico. En la segunda mitad de esa década se incrementó la
inflación y el presidente López Portillo recomendó aprender a vivir con ella
porque era consustancial de nuestro sistema. El déficit y el gasto público se
elevó, la deuda pública se disparó y el presidente reconoció que un gobierno
que devalúa ---el peso--- se devalúa. El gobierno perdió su papel protagónico y
la derecha lo acusó de todos los males. Entonces cobró más fuerza la idea de
reformar al Estado, que por otra parte ya se había venido reformando.
IV. La derecha
se adueñó del poder, a la sombra de un régimen que insistía en llamarse
revolucionario porque había surgido de un partido que así se llamaba, y
prosiguió la reforma del Estado, a su modo; inició con una política de ajuste
económico brutal, la economía nacional vivió una década en que prácticamente no
creció, y, con ella, la seguridad y la asistencia social. La derecha se
desentendió de la promesa de empleo y seguridad social para todos. Se hizo
familiar las nociones de crisis y combate a la pobreza. Se manejó el discurso
de municipalizar, descentralizar, acercar los servicios a los espacios locales,
racionalizar el gasto; se dijo que era necesario desconcentrar y descentralizar
y una reforma administrativa que permitiera hacer más con menos, y evadir la
ilegitimidad y la insustentabiliadad del régimen. El gobierno de derecha
buscaba la forma de desprenderse de las obligaciones que habían contraído los
gobiernos que se apellidaban revolucionarios, arrojándolas a los Estados, los
municipios y otros entes sociales, porque quería ajustar su déficit y el gasto
público que sus teorías le cuentan son los responsables de la inflación.