El
enunciado pareciera el título de una película de El Santo, pero designa una
añeja conducta de los gobernantes mexicanos. Los espíritus del pasado, que
creíamos sepultados por la elección de julio de 2018, han resucitado, bastó la
presencia del virus importado para que las viejas e ilegales conductas del
pasado cobren vida. “Izquierda” y derecha por igual recurren a la violencia
para amarrar a los ciudadanos y coartar su libertad de moverse, expresamente
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los
gobernantes recurren a medidas de fuerza porque no saben ni están impuestos a
explicar; el origen de esa conducta hay que buscarlo en la educación que
recibieron de sus padres y que, sin duda, practican con sus hijos, consistente
en anteponer el castigo a la razón. El miedo al
castigo es el argumento principal, en que se apoyan los padres y gobiernos
autoritarios y, como en el caso actual, también represivos.
De
nada han valido las recomendaciones del Presidente de la República y de la
Secretaria de Gobernación, expresamente dirigida a gobernadores y presidentes
municipales, para que respeten la Constitución en el trato con los ciudadanos.
Como no saben convencer: amenazan y sueltan a sus pitbulls. ¿Qué otra cosa
pueden hacer sujetos preparados para la violencia? ¿Cómo van a interactuar con
los ciudadanos estos canes impuestos a ladrar y morder? Es una
irresponsabilidad mayúscula de los gobernantes, soltarles la correa. A ver como
los amarran cuando pase el pretexto que ahora tenemos.
Recurrir
a la estrategia del miedo es la eterna justificación, antes se utilizaba con
otros pretextos y ahora es contra el mal, cuentan con el camino abonado porque
los ciudadanos han sido entrenados durante décadas y siglos para aceptar
restricciones en sus derechos, algunos hasta aprueban las medidas represivas:
“porque no sabemos comportarnos”.
Los
ciudadanos deben saber que estos gobernantes están actuando ilegalmente. De
acuerdo con el Artículo 29 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, solamente el Presidente de la República, con la
aprobación del Congreso de la Unión, puede restringir o suspender el ejercicio
de los derechos y las garantías de los ciudadanos, por tiempo limitado y con la
revisión de los actos del Ejecutivo Federal por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, cuando termine la emergencia. Para abundar, también
violan el Artículo 11 de la Constitución.
Las
amenazas y acciones de Gélida –por frívola—y del Gobernador de Jalisco Enrique
Alfaro, son ilegales y debieran ser destituidos. No estaría mal una consulta
ciudadana para decidir si la presidenta municipal se queda o se va ahora que
estamos a la mitad de su trienio. Si esto no ocurre, debemos guardar memoria de
todos estos personajes que en corto tiempo vendrán a pedirnos el voto para
saltar al trapecio vecino, cualquiera sea las siglas con que se disfracen.
